La C\u00e1mara de Diputados vot\u00f3 un emplazamiento de comisiones para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que el Gobierno se negara a aplicar la ley de emergencia en Discapacidad, aprobada por m\u00e1s del 70% del Congreso. La decisi\u00f3n marca un punto de quiebre institucional y deja al descubierto el desprecio del Ejecutivo por el mandato constitucional y por los derechos de uno de los sectores m\u00e1s vulnerables del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En una sesi\u00f3n cargada de tensi\u00f3n pol\u00edtica y con un trasfondo humanitario de enorme relevancia, la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar la moci\u00f3n de censura e interpelaci\u00f3n del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por negarse a aplicar la ley de emergencia en Discapacidad. La cita est\u00e1 programada para el martes 14 de octubre a las 13 horas, y promete convertirse en uno de los debates m\u00e1s duros que haya enfrentado el Gobierno de Javier Milei desde su asunci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa fue impulsada y le\u00edda por el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carre\u00f1o, quien record\u00f3 que, tras el veto presidencial, tanto la C\u00e1mara de Diputados como el Senado insistieron con la promulgaci\u00f3n de la ley con un apoyo superior al 70%. Un n\u00famero contundente que, en cualquier rep\u00fablica seria, marcar\u00eda el fin de la discusi\u00f3n. Sin embargo, la administraci\u00f3n libertaria decidi\u00f3 desconocer esa voluntad democr\u00e1tica y continuar por el camino del autoritarismo institucional, el mismo que Milei viene justificando bajo la bandera del \u201creordenamiento\u201d del Estado.<\/p>\n\n\n\n
El n\u00facleo del conflicto no es menor. Se trata de una ley que busca garantizar condiciones m\u00ednimas de dignidad y asistencia a personas con discapacidad en un contexto de emergencia social. No es un tema ideol\u00f3gico ni partidario: es una obligaci\u00f3n moral y constitucional. Pero el Gobierno no s\u00f3lo desobedeci\u00f3 la ley, sino que fue m\u00e1s all\u00e1. Seg\u00fan denunci\u00f3 Agost Carre\u00f1o, el propio Guillermo Francos firm\u00f3 un decreto en el que expresa expl\u00edcitamente que no la aplicar\u00e1. Es decir, no se trata de una omisi\u00f3n burocr\u00e1tica ni de un conflicto interpretativo: se trata de una decisi\u00f3n pol\u00edtica consciente de incumplir la ley.<\/p>\n\n\n\n
El legislador opositor lo explic\u00f3 sin eufemismos: \u201cEl Gobierno no cumple, no entra al juego constitucional como corresponde y adem\u00e1s saca un decreto estableciendo el no cumplimiento\u201d. La frase sintetiza una preocupaci\u00f3n creciente dentro del Congreso: la ruptura del principio republicano de divisi\u00f3n de poderes. Cuando el Ejecutivo se arroga la potestad de ignorar leyes aprobadas por amplia mayor\u00eda, el Estado de Derecho deja de ser una garant\u00eda y se convierte en una ficci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La moci\u00f3n de censura que Diputados pretende activar contra Francos tiene un valor simb\u00f3lico y pol\u00edtico enorme. No se trata de un procedimiento habitual. De hecho, Agost Carre\u00f1o admiti\u00f3 que \u201cnunca se utiliz\u00f3\u201d esta herramienta en la historia reciente del pa\u00eds. Pero tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u201ctampoco pas\u00f3 nunca que un jefe de Gabinete diga que no va a aplicar la ley con su propia firma\u201d. Es una afirmaci\u00f3n que estremece porque refleja un deterioro institucional profundo. En un gobierno que se jacta de ser \u201canticasta\u201d y defensor de la libertad, la legalidad parece haberse convertido en un estorbo.<\/p>\n\n\n\n
Francos, conocido por su perfil dialoguista y por ser uno de los pocos funcionarios del gabinete con trayectoria pol\u00edtica real, qued\u00f3 en el centro de una tormenta. Su rol como articulador entre el Congreso y el Ejecutivo, una funci\u00f3n clave en cualquier sistema parlamentario, se vio reducido a la obediencia vertical de las \u00f3rdenes de Milei. El diputado Carre\u00f1o reconoci\u00f3 ese aspecto al decir: \u201cSabemos que el se\u00f1or Francos es un hombre dialoguista y da la cara. Eso es un valor. Ahora el principal valor que tiene que esperar el Congreso nacional del jefe de Gabinete es que cumpla la ley\u201d. En otras palabras, la paciencia pol\u00edtica tiene un l\u00edmite, y ese l\u00edmite es la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Detr\u00e1s del enfrentamiento institucional hay una realidad que duele y que explica la gravedad del asunto: el abandono del Estado hacia las personas con discapacidad. Mientras el Gobierno ensaya discursos sobre eficiencia fiscal y \u201cajuste moral\u201d, miles de familias enfrentan la reducci\u00f3n o suspensi\u00f3n de pensiones, la falta de cobertura m\u00e9dica, la inexistencia de programas de inclusi\u00f3n laboral y la indiferencia de un Estado que las invisibiliza. No hay \u00e9pica libertaria que justifique esa crueldad. Lo que hay es una pol\u00edtica de recorte que golpea sin miramientos a quienes menos pueden defenderse.<\/p>\n\n\n\n
La ley de emergencia en Discapacidad, vetada y luego ratificada por el Congreso, buscaba precisamente revertir ese escenario. Establec\u00eda mecanismos para garantizar prestaciones b\u00e1sicas, agilizar pagos, asegurar transporte adaptado y fortalecer la red de atenci\u00f3n integral. Pero para el Gobierno, todo lo que implique gasto social es anatema. As\u00ed, mientras se eliminan subsidios y se reducen presupuestos, se consolidan privilegios fiscales y se prioriza el pago de deuda externa, confirmando que el ajuste siempre se descarga sobre los mismos cuerpos.<\/p>\n\n\n\n
El gesto de Francos \u2014negarse a ejecutar una ley\u2014 no es un acto aislado. Se inscribe en una secuencia de desobediencias institucionales que caracterizan al gobierno de Javier Milei. Desde el veto sistem\u00e1tico a leyes aprobadas por mayor\u00eda hasta la emisi\u00f3n de decretos que anulan decisiones legislativas, el Ejecutivo viene construyendo un r\u00e9gimen de hecho donde el Congreso es un decorado y la voluntad popular un obst\u00e1culo. Lo parad\u00f3jico es que quienes m\u00e1s invocan la \u201clibertad\u201d son los primeros en despojar de poder al \u00f3rgano que representa al pueblo.<\/p>\n\n\n\n
El emplazamiento de comisiones para interpelar al jefe de Gabinete no s\u00f3lo pone a prueba la institucionalidad argentina, sino tambi\u00e9n la capacidad del Congreso para hacer valer sus propias normas. Si la moci\u00f3n de censura prospera, se abrir\u00eda un escenario in\u00e9dito, que podr\u00eda derivar en un fuerte desgaste pol\u00edtico para el Gobierno y un precedente hist\u00f3rico para la defensa del equilibrio republicano. Si fracasa, el mensaje ser\u00eda devastador: el Ejecutivo podr\u00e1 desconocer leyes sin consecuencias.<\/p>\n\n\n\n
El contexto, adem\u00e1s, no es favorable para Milei. Su gobierno acumula conflictos abiertos con sectores sindicales, universidades, gobernadores, jubilados y trabajadores estatales. La erosi\u00f3n social se combina con un creciente aislamiento pol\u00edtico, incluso entre antiguos aliados. En ese marco, el caso Francos puede convertirse en la gota que colme el vaso del descontento institucional. Porque si algo qued\u00f3 claro es que el Congreso no est\u00e1 dispuesto a tolerar el autoritarismo disfrazado de austeridad.<\/p>\n\n\n\n
El oficialismo, como ya es costumbre, intentar\u00e1 victimizarse. Hablar\u00e1 de \u201cobstruccionismo pol\u00edtico\u201d, de \u201ctrabas al cambio\u201d y de una \u201ccasta legislativa que no deja gobernar\u201d. Pero la verdad es m\u00e1s simple y menos \u00e9pica: un gobierno que desprecia la ley desprecia la democracia. No hay relato que lo maquille. No se trata de una cuesti\u00f3n t\u00e9cnica, sino \u00e9tica y constitucional.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, lo que est\u00e1 en juego no es s\u00f3lo el cumplimiento de una norma, sino el principio mismo de la legalidad republicana. El Gobierno de Javier Milei parece decidido a probar hasta d\u00f3nde puede tensar los l\u00edmites del sistema sin romperlo por completo. Y en ese camino, los derechos de las personas con discapacidad se convierten en la v\u00edctima m\u00e1s visible de un experimento que confunde la autoridad con la impunidad.<\/p>\n\n\n\n
El martes 14 de octubre ser\u00e1 una fecha clave. El Congreso deber\u00e1 decidir si deja pasar el atropello o si planta bandera en defensa del Estado de Derecho. Porque cuando un funcionario firma que no va a cumplir la ley, ya no estamos ante un problema administrativo: estamos ante un desaf\u00edo directo a la democracia. Y si la democracia no se defiende en ese punto, se pierde para todos.<\/p>\n\n\n\n
Fuente<\/p>\n\n\n\n