El gobierno justifica la falta de recursos para reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo anuncia una rebaja de retenciones con un costo fiscal equivalente a la mitad de esa misma ley. La contradicci\u00f3n expone cu\u00e1les son las verdaderas prioridades oficiales.
La ma\u00f1ana del lunes dej\u00f3 en claro una de las mayores contradicciones del gobierno de Javier Milei: mientras se frena la reglamentaci\u00f3n de la Ley de Emergencia en Discapacidad por \u201cfalta de fondos\u201d, se oficializa una rebaja de retenciones a las exportaciones agr\u00edcolas que implica resignar el 0,25% del PBI. La misma cifra que, parad\u00f3jicamente, permitir\u00eda cubrir la mitad del financiamiento que el Ejecutivo se niega a otorgar a las personas con discapacidad.
No se trata de un error de c\u00e1lculo, sino de una decisi\u00f3n pol\u00edtica deliberada. El Decreto de Necesidad y Urgencia 682\/25 elimin\u00f3 temporalmente las retenciones a granos y subproductos, fijando un cupo de hasta 7.000 millones de d\u00f3lares. Seg\u00fan estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre septiembre y diciembre podr\u00edan liquidarse casi 10.000 millones en exportaciones. Para el gobierno, ese ox\u00edgeno financiero es m\u00e1s urgente que dar respuestas a colectivos vulnerables.
El contraste es brutal. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcul\u00f3 que la emergencia en discapacidad requiere entre 0,25% y 0,48% del PBI. La rebaja a las retenciones, por s\u00ed sola, cubrir\u00eda la mitad de ese gasto. Incluso podr\u00eda solventar por completo la Ley de Financiamiento Universitario o multiplicar por quince los recursos destinados a la Ley de Emergencia Pedi\u00e1trica, reclamada por el Hospital Garrahan. Pero Milei repite el mismo libreto: \u201cno hay plata\u201d.
La decisi\u00f3n no solo desnuda prioridades, tambi\u00e9n revela un cinismo que raya la crueldad. Se veta una ley destinada a atender necesidades urgentes de quienes viven con discapacidad, mientras se subsidia de facto al complejo agroexportador. La excusa es siempre la misma: garantizar d\u00f3lares frescos para sostener un programa econ\u00f3mico que hace agua. El Banco Central tuvo que vender 1.100 millones en apenas tres ruedas para sostener la banda cambiaria, un s\u00edntoma de fragilidad que ahora se pretende compensar con un beneficio directo a los grandes productores de soja y ma\u00edz.
El mensaje pol\u00edtico es claro: cuando se trata de los sectores populares, el ajuste es innegociable; cuando se trata del campo, siempre hay margen para ceder. Milei se aferra al dogma del equilibrio fiscal solo cuando se discuten pol\u00edticas sociales, pero lo tira por la ventana cuando su supervivencia pol\u00edtica y electoral est\u00e1 en juego. La medida estar\u00e1 vigente hasta despu\u00e9s de las elecciones legislativas, lo que desnuda tambi\u00e9n el trasfondo electoralista de la decisi\u00f3n.
Lo que el gobierno presenta como una estrategia de estabilizaci\u00f3n es, en realidad, un pacto desigual: se garantiza la ganancia extraordinaria de los exportadores a costa de quienes esperan, en vano, una respuesta del Estado. Las personas con discapacidad, las universidades p\u00fablicas y hasta los ni\u00f1os del Garrahan quedan relegados, mientras los d\u00f3lares del campo son celebrados como la \u00fanica \u201cverdadera emergencia\u201d.
Esta es la grieta que Milei nunca reconoce: la que separa a los poderosos que siempre reciben y a los sectores vulnerables que siempre esperan. Y en esa grieta se juega el futuro de un pa\u00eds cada vez m\u00e1s desigual.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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