Despu\u00e9s de vetar la ley de asistencia votada por todos los bloques en el Congreso, el Gobierno decidi\u00f3 reducir en $100.000 millones el fondo especial destinado a los afectados por las inundaciones de marzo en Bah\u00eda Blanca y Coronel Rosales.
El Gobierno de Javier Milei volvi\u00f3 a mostrar su l\u00f3gica implacable de ajuste, esta vez sobre una de las poblaciones m\u00e1s golpeadas por un desastre natural. La decisi\u00f3n administrativa 23\/25 publicada en el Bolet\u00edn Oficial confirm\u00f3 la reducci\u00f3n en $100.000 millones del Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, creado tras el temporal que arras\u00f3 Bah\u00eda Blanca en marzo pasado. Lo que en su origen eran $200.000 millones, hoy qued\u00f3 reducido a la mitad, dejando a cientos de familias en el aire, con sus hogares destruidos y sin la certeza de un Estado dispuesto a acompa\u00f1arlas.
El recorte llega despu\u00e9s de que Milei vetara en junio la ley aprobada por unanimidad en el Congreso, que ordenaba una asistencia integral de $200.000 millones para atender los da\u00f1os en la provincia de Buenos Aires. Esa norma contemplaba subsidios, cr\u00e9ditos, condonaci\u00f3n de impuestos y un plan de infraestructura mucho m\u00e1s amplio que el esquema improvisado por el Poder Ejecutivo. El argumento oficial fue que ya exist\u00eda el Decreto 238\/25, que hab\u00eda fijado un fondo de $200 millones \u2014una cifra irrisoria frente a la magnitud de la cat\u00e1strofe\u2014 financiado parcialmente con un pr\u00e9stamo del BID.
El Gobierno justific\u00f3 el veto con tecnicismos y excusas, como que Coronel Rosales no estaba incluido en los informes del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional, y que la ley no especificaba la fuente de financiamiento. Pero la realidad es evidente: mientras el Congreso buscaba una soluci\u00f3n consensuada y de escala adecuada, Milei eligi\u00f3 el tijeretazo. La reconstrucci\u00f3n, seg\u00fan su relato, ya estaba en marcha y no era necesario m\u00e1s dinero. Una afirmaci\u00f3n que contrasta brutalmente con las im\u00e1genes de barrios enteros bajo el agua y familias que lo perdieron todo.
El trasfondo pol\u00edtico es ineludible. Este ajuste no es un hecho aislado: forma parte de un paquete m\u00e1s amplio de recortes por casi $494.000 millones, que afecta principalmente a \u00e1reas sociales y educativas. El Estado se retira de su obligaci\u00f3n de proteger a los m\u00e1s vulnerables, con la excusa de una \u201cestrechez presupuestaria\u201d que no impide, sin embargo, beneficiar a sectores financieros o sostener aumentos para las fuerzas de seguridad.
En Bah\u00eda Blanca, la bronca es palpable. No se trata de n\u00fameros en un Excel, sino de casas anegadas, autos destruidos y peque\u00f1as empresas paralizadas. Cada peso recortado significa un techo que no se arregla, un comercio que no se recupera, una familia que queda a la intemperie. El gobierno nacional habla de \u201creconstrucci\u00f3n\u201d mientras achica el \u00fanico fondo que daba un respiro a los damnificados.
La pol\u00edtica de Milei exhibe aqu\u00ed su costado m\u00e1s descarnado: el abandono del Estado frente a la emergencia social. Si ya era grave el veto a una ley de ayuda consensuada por todas las fuerzas pol\u00edticas, la reducci\u00f3n del fondo es un mensaje a\u00fan m\u00e1s brutal. El ajuste no distingue entre gasto improductivo y vidas arruinadas; todo es materia recortable. Y en esa l\u00f3gica, los inundados de Bah\u00eda Blanca pasaron a ser una variable de ajuste m\u00e1s en el laboratorio libertario.
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