Luciano Lezano, l\u00edder del sindicato del Ingenio Ledesma, denuncia maniobras irregulares que favorecen al legislador libertario y ponen en riesgo la atenci\u00f3n de miles de afiliados. El conflicto desatado por el control de Ospail revela un entramado de irregularidades, deudas infladas y posibles estafas que involucran a ex directivos y a Quintar, mientras los trabajadores luchan por preservar la cobertura de salud de m\u00e1s de 5.000 personas.<\/p>\n\n\n\n
El esc\u00e1ndalo estall\u00f3 cuando Luciano Lezano asumi\u00f3 la secretar\u00eda general del Sindicato de Obreros y Empleados del Az\u00facar del Ingenio Ledesma (Soeail) y se encontr\u00f3 con una obra social, Ospail, al borde del colapso financiero. La denuncia que dirige contra el diputado libertario Manuel Quintar, uno de los alfiles de La Libertad Avanza en Jujuy, y sus c\u00f3mplices, el ex presidente de Ospail Miguel Guerra y la ex tesorera Julieta Chocala, describe un mecanismo sistem\u00e1tico para beneficiarse econ\u00f3micamente a expensas de m\u00e1s de cinco mil afiliados. Seg\u00fan Lezano, la deuda de la obra social, originalmente de 183 millones de pesos en 2022, fue inflada a casi 500 millones mediante documentos firmados por Guerra y Chocala cuando ya no ocupaban cargos en la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Pero la disputa no se limita a cifras: tambi\u00e9n est\u00e1 en juego un inmueble de gran valor que, seg\u00fan los trabajadores, forma parte del apetitoso bot\u00edn de Quintar y sus allegados. La maniobra, seg\u00fan relatan, consisti\u00f3 en alquilar un edificio de la obra social al propio diputado, quien gerencia la cl\u00ednica Sagrado Coraz\u00f3n a trav\u00e9s de una SRL vinculada a su familia, y cobrar sumas millonarias que superaban con creces el valor real de las prestaciones m\u00e9dicas. Se estima que la cl\u00ednica percib\u00eda 60 millones de pesos mensuales cuando el servicio real apenas alcanzaba los 18 millones. Un margen de ganancia que, para Lezano, constituye una clara estafa.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto no se detuvo ah\u00ed. Para garantizar que la irregularidad persistiera, Quintar habr\u00eda presionado a Lezano mediante amenazas directas y bloqueos financieros, incluso involucrando a terceros que pretendieron tomar la cl\u00ednica. La resistencia de Lezano y el respaldo de la mayor\u00eda de los afiliados lograron revertir una asamblea \u00abautoconvocada\u00bb el 29 de agosto que buscaba destituirlo. Desde su trinchera, el sindicalista denunci\u00f3 la maniobra como un intento deliberado de quebrar el orden institucional y democr\u00e1tico del sindicato, se\u00f1alando a Quintar como el cerebro de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Mientras la obra social corre riesgo, con tratamientos oncol\u00f3gicos, atenci\u00f3n a personas con discapacidad y pacientes cr\u00f3nicos pendientes de cobertura, el diputado Quintar ha negado cualquier irregularidad, alegando que solo brind\u00f3 asesoramiento legal a la cl\u00ednica. Sin embargo, los antecedentes familiares en el sector salud y la larga trayectoria de la cl\u00ednica Los Lapachos, anteriormente llamada Cl\u00ednica Quintar, apuntan a una continuidad de intereses econ\u00f3micos bajo la misma fachada profesional.<\/p>\n\n\n\n
El contexto de este conflicto es a\u00fan m\u00e1s inquietante si se observa el nexo pol\u00edtico que Quintar mantiene con Lule Menem, funcionario cercano a la presidencia y a punto de ser procesado por el desfalco en Osprera, la obra social de los peones rurales. Los paralelismos entre ambos casos sugieren un patr\u00f3n de operaciones donde los intereses privados se imponen sobre el bienestar de los afiliados. En este marco, la intervenci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, y de la Fiscal\u00eda de Delitos Patrimoniales, resulta fundamental para esclarecer los hechos y proteger a quienes dependen de Ospail para acceder a servicios de salud esenciales.<\/p>\n\n\n\n
El diputado juje\u00f1o Alejandro Vilca, de la bancada de izquierda, alert\u00f3 sobre el valor estrat\u00e9gico y econ\u00f3mico de la obra social, describi\u00e9ndola como un \u00abpastel jugoso\u00bb que despierta codicia en quienes buscan lucrar con la salud p\u00fablica. La denuncia de Vilca refuerza la hip\u00f3tesis de que estamos ante un caso que no solo involucra irregularidades financieras, sino tambi\u00e9n maniobras pol\u00edticas y judiciales que ponen en evidencia un entramado de corrupci\u00f3n que trasciende la esfera local y toca directamente los intereses de los trabajadores.<\/p>\n\n\n\n
La gravedad del asunto radica en que, mientras los responsables pol\u00edticos y econ\u00f3micos del conflicto negocian, los afiliados quedan vulnerables. Familias enteras, incluidos ni\u00f1os con discapacidades y pacientes con tratamientos m\u00e9dicos cr\u00edticos, est\u00e1n expuestos a la interrupci\u00f3n de servicios que deber\u00edan ser garantizados por la obra social. Esta situaci\u00f3n pone de relieve no solo la posible estafa sino tambi\u00e9n la ineficiencia y la falta de control que permiten que legisladores y ex directivos utilicen a Ospail como una herramienta para su enriquecimiento personal.<\/p>\n\n\n\n
El caso Quintar revela tambi\u00e9n un patr\u00f3n preocupante en la pol\u00edtica de Jujuy y, m\u00e1s ampliamente, en la gesti\u00f3n de La Libertad Avanza: la falta de transparencia, la connivencia con actores del pasado cuestionado y la priorizaci\u00f3n de intereses privados por encima del bienestar colectivo. La coincidencia de maniobras con Osprera no es casualidad: demuestra c\u00f3mo el control de instituciones de salud puede convertirse en un negocio lucrativo cuando los mecanismos de supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n son d\u00e9biles o est\u00e1n alineados con quienes buscan aprovecharlos.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, la acusaci\u00f3n contra Quintar no solo es un esc\u00e1ndalo local: es un caso testigo que refleja la vulnerabilidad de las instituciones de salud sindicales frente a la codicia de quienes deber\u00edan protegerlas. La sociedad, los afiliados y las autoridades deben permanecer alertas, porque la transparencia y el control no son solo formalidades burocr\u00e1ticas, sino la diferencia entre garantizar derechos fundamentales y permitir que el dinero de los trabajadores sea desviado hacia bolsillos privados. Mientras tanto, la atenci\u00f3n a m\u00e1s de cinco mil afiliados depende de que las denuncias se tomen en serio y de que la justicia act\u00fae con celeridad, frente a un legislador que, lejos de velar por la salud p\u00fablica, parece m\u00e1s interesado en su propio beneficio y en el de su c\u00edrculo cercano.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: <\/p>\n\n\n\n
.https:\/\/www.lapoliticaonline.com\/congreso\/acusan-al-diputado-quintar-por-una-estafa-con-la-obra-social-de-los-obreros-azucareros-de-jujuy\/<\/a><\/p>\n\n\n\n .https:\/\/www.agencianova.com\/nota.asp?n=2025_9_11&id=157715&id_tiponota=4<\/a><\/p>\n\n\n\n