La historia de Harbour Energy es una mancha que se expande sobre cada pa\u00eds que la recibe. All\u00ed donde aterriza, quedan cicatrices de contaminaci\u00f3n, violaciones a los Derechos Humanos y complicidades pol\u00edticas. Hoy, esa petrolera brit\u00e1nica opera en Argentina con la venia del gobierno de Javier Milei y de varias provincias, a pesar de tener prohibido hacerlo por sus antecedentes en Malvinas. La paradoja es brutal: mientras el discurso oficial se llena la boca hablando de soberan\u00eda, en los hechos se entrega el subsuelo a una multinacional que arrastra un prontuario de delitos y esc\u00e1ndalos a nivel global.<\/p>\n\n\n\n
Harbour Energy no naci\u00f3 de la nada. Es la continuidad jur\u00eddica, societaria y operativa de Premier Oil, la misma empresa que explot\u00f3 ilegalmente los yacimientos en Malvinas entre 2012 y 2022 bajo contrato del gobierno colonial isle\u00f1o y sin permiso del Estado argentino. Premier fue advertida, sancionada en 2013 y condenada por la Justicia Federal en 2015. Sin embargo, bast\u00f3 el cambio de nombre en 2021 \u2014tras fusionarse con Chrysaor Holdings\u2014 para que el gobierno libertario la recibiera con los brazos abiertos en 2024, otorg\u00e1ndole beneficios impositivos y aduaneros por 30 a\u00f1os, como si se tratara de una empresa intachable.<\/p>\n\n\n\n
El cinismo se extiende a los gobernadores de Neuqu\u00e9n, R\u00edo Negro y Tierra del Fuego, que celebraron su llegada a Vaca Muerta, al offshore de la Cuenca Marina Austral y al proyecto de licuefacci\u00f3n de gas junto a YPF, Pampa Energ\u00eda, PAE y Golan LNG. La legalidad fue barrida bajo la alfombra. Lo que deber\u00eda ser un esc\u00e1ndalo de Estado se convirti\u00f3 en un negocio m\u00e1s dentro del tablero de la pol\u00edtica energ\u00e9tica argentina.<\/p>\n\n\n\n
Pero Harbour Energy no carga \u00fanicamente con su paso colonial en Malvinas. Su historial global exhibe un patr\u00f3n de violencia corporativa. Premier Oil, su antecesora, fue socia de la dictadura birmana desde 1992 en la construcci\u00f3n de gasoductos que atravesaban la provincia de Tanintharyi. All\u00ed, el ej\u00e9rcito local \u2014contratado por las petroleras\u2014 arras\u00f3 aldeas enteras para \u201cliberar el terreno\u201d, provocando asesinatos, secuestros, torturas, violaciones y trabajo esclavo. Las pruebas fueron contundentes: documentos, filmaciones, testimonios. La causa conocida como Doe vs. Unocal, en Nueva York, revel\u00f3 la magnitud de los cr\u00edmenes. Aunque no hubo condena, la presi\u00f3n oblig\u00f3 a Unocal a indemnizar y financiar la reconstrucci\u00f3n de cinco pueblos devastados.<\/p>\n\n\n\n
En Londres, la indignaci\u00f3n escal\u00f3 hasta el Parlamento. La subsecretaria del Foreign Office, Patricia Scotland, reconoci\u00f3 p\u00fablicamente en 2002 que el gobierno brit\u00e1nico inst\u00f3 a Premier Oil a abandonar Birmania. Incluso la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi denunci\u00f3 que la empresa no solo financiaba a la dictadura, sino que adem\u00e1s legitimaba su permanencia. Bajo la presi\u00f3n de organizaciones como The Burma Campaign UK y Earth Rights International, Premier Oil se retir\u00f3 finalmente de Birmania, aunque nunca reconoci\u00f3 su complicidad y apenas admiti\u00f3 la existencia de \u201calgunos casos aislados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El prontuario no termina all\u00ed. La otra parte de la fusi\u00f3n, Chrysaor Holdings, acumula un historial de incidentes ambientales en el Mar del Norte que resulta alarmante. Entre 2016 y 2022 se registraron al menos 38 episodios de derrames de petr\u00f3leo, fugas de gas, escapes de fluidos de perforaci\u00f3n y fallas estructurales en sus plataformas. Las multas ascendieron a 4.525 millones de libras. La plataforma Lomond, por ejemplo, tuvo que ser evacuada dos veces por riesgo de explosi\u00f3n debido a fugas masivas de gas. El nivel de negligencia habla por s\u00ed solo: se trata de una empresa con serias deficiencias de seguridad y con una conducta reincidente que pone en riesgo no solo al medio ambiente, sino tambi\u00e9n a la vida de trabajadores y comunidades costeras.<\/p>\n\n\n\n
Ya bajo el nombre de Harbour Energy, la empresa protagoniz\u00f3 un incidente militar en octubre de 2024 en el Mar de la China Meridional. Su buque HE-7 desobedeci\u00f3 la orden de un guardacostas chino de retirarse de una zona disputada con Indonesia. La tensi\u00f3n escal\u00f3 hasta el punto de involucrar a patrulleros indonesios y, en un gesto de escalada global, al portaaviones estadounidense USS Nimitz junto a una flota de guerra. La petrolera se convirti\u00f3, en cuesti\u00f3n de d\u00edas, en detonante de un conflicto geopol\u00edtico que enfrent\u00f3 a tres potencias. Es decir, Harbour Energy no solo amenaza ecosistemas: tambi\u00e9n act\u00faa como un actor desestabilizador en escenarios internacionales sensibles.<\/p>\n\n\n\n
El perfil corporativo se completa con la figura de Roy Franklin, hoy presidente no ejecutivo de Harbour Energy. Franklin es un viejo conocido en el mundo petrolero: presidi\u00f3 Premier Oil y Rockhopper Explorations, la empresa que descubri\u00f3 el yacimiento Sea Lion en Malvinas y que luego vendi\u00f3 a Premier. Tambi\u00e9n estuvo al frente de Cuadrilla Resources, pionera del fracking en el Reino Unido, cuya actividad fue tan da\u00f1ina que el propio gobierno brit\u00e1nico la prohibi\u00f3 tras m\u00faltiples derrames, microsismos y protestas sociales con represi\u00f3n incluida. La trayectoria de Franklin es un compendio de desprecio por el medio ambiente, violaciones a los derechos de las comunidades y negocios con reg\u00edmenes autoritarios.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, el desembarco de Harbour Energy en la Argentina bajo la administraci\u00f3n Milei no es un simple cap\u00edtulo econ\u00f3mico, sino una herida profunda a la soberan\u00eda nacional. La pregunta es inevitable: \u00bfc\u00f3mo puede un gobierno que se autoproclama defensor de la libertad y la patria entregar territorio, recursos y futuro a una empresa con semejante historial de abusos? La respuesta est\u00e1 en la l\u00f3gica mercantil que gu\u00eda a la actual gesti\u00f3n: todo se vende, incluso la dignidad nacional.<\/p>\n\n\n\n
El peligro es doble. Por un lado, la violaci\u00f3n a la soberan\u00eda argentina al permitir que una compa\u00f1\u00eda que oper\u00f3 en Malvinas lo haga ahora en el continente. Por otro, el riesgo de que los antecedentes de contaminaci\u00f3n, violaciones a los Derechos Humanos e incidentes internacionales se repitan en suelo argentino. Las provincias que hoy celebran la llegada de Harbour Energy podr\u00edan ma\u00f1ana lamentar desastres ambientales, conflictos sociales o la entrega de sus recursos estrat\u00e9gicos en condiciones lesivas para el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La complicidad del Estado es escandalosa. No se trata de ignorancia, sino de una decisi\u00f3n pol\u00edtica deliberada de ocultar la ilegalidad de Harbour Energy y priorizar la renta de corto plazo sobre la defensa del inter\u00e9s nacional. El caso es un espejo inc\u00f3modo de c\u00f3mo el gobierno de Milei entiende la soberan\u00eda: una bandera que se agita en los discursos, pero que se entrega sin pudor en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, la presencia de Harbour Energy en Argentina no solo desnuda el desprecio de las autoridades por la soberan\u00eda y el medio ambiente. Tambi\u00e9n exhibe un patr\u00f3n de subordinaci\u00f3n al poder econ\u00f3mico global, un modelo que convierte a los recursos estrat\u00e9gicos del pa\u00eds en bot\u00edn de corporaciones extranjeras con historiales criminales. Y lo m\u00e1s grave: lo hace con una impunidad que solo puede explicarse en un contexto pol\u00edtico donde el gobierno, en lugar de proteger a su pueblo, act\u00faa como garante de los intereses de las multinacionales.<\/p>\n\n\n\n