La Corte Suprema ratific\u00f3 la sanci\u00f3n contra un trabajador judicial que promocionaba cursos de criptomonedas y se vincul\u00f3 con Generaci\u00f3n Zoe. El caso expone un costado inc\u00f3modo del Poder Judicial y deja en evidencia el contraste con la impunidad pol\u00edtica que ampara el gobierno de Javier Milei.<\/p>
El nombre de Generaci\u00f3n Zoe sigue siendo sin\u00f3nimo de fraude, estafa y ruina. Su creador, Leonardo Cositorto, condenado dos veces y con m\u00faltiples causas pendientes, convirti\u00f3 la promesa de prosperidad en una m\u00e1quina de despojar ilusos. Pero lo verdaderamente inquietante es que sus tent\u00e1culos alcanzaron incluso las oficinas del Poder Judicial. Un escribiente del Juzgado Nacional en lo Comercial N\u00b0 16 termin\u00f3 bajo la lupa por haberse sumergido en ese universo turbio. Lo sancionaron con treinta d\u00edas de suspensi\u00f3n por promover cursos de criptomonedas y asesoramiento financiero sin autorizaci\u00f3n, y por firmar un contrato que lo vinculaba directamente con Zoe. El episodio, lejos de ser una mera an\u00e9cdota administrativa, desnuda las contradicciones de un sistema que castiga con dureza a un trabajador mientras el gobierno de Milei mantiene abierta la puerta a negocios oscuros y pactos inconfesables.
La historia arranca con un pu\u00f1ado de posteos en redes sociales. El empleado judicial, confiado en el espejismo de las criptomonedas, promocionaba capacitaciones y ofrec\u00eda consejos financieros. El Reglamento de la Justicia Nacional, en su art\u00edculo 8 inciso j, es claro: no se pueden obtener beneficios econ\u00f3micos por fuera del salario sin autorizaci\u00f3n. El juez a cargo del Juzgado 16, en una primera instancia, intent\u00f3 restarle dramatismo al caso y archiv\u00f3 el sumario. No hab\u00eda pruebas contundentes de que el curso se hubiera dictado ni de que hubiera mediado lucro. Parec\u00eda que la cuesti\u00f3n se dilu\u00eda. Sin embargo, la Comisi\u00f3n de Disciplina de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Comercial no pens\u00f3 lo mismo. Resolvi\u00f3 que exist\u00edan evidencias suficientes: publicaciones en redes, testimonios de colegas que confirmaban haber recibido ofrecimientos de asesoramiento financiero, y sobre todo, un contrato con la estructura de Zoe. Ese contrato, un papel firmado en medio del espejismo de Cositorto, implicaba un beneficio potencial a cambio de captar inversores. El eco de la estafa m\u00e1s resonante de los \u00faltimos a\u00f1os golpeaba las puertas de Tribunales.
Cuando la C\u00e1mara aplic\u00f3 la suspensi\u00f3n, el empleado apel\u00f3. Aleg\u00f3 arbitrariedad, asegur\u00f3 que nunca obtuvo ganancias, que no capt\u00f3 inversores y que, en realidad, \u00e9l mismo hab\u00eda sido estafado. Su defensa busc\u00f3 instalar la idea de que el sumario hab\u00eda mutado de una acusaci\u00f3n inicial a otra distinta sin darle chance real de defenderse. Pero la Corte Suprema no compr\u00f3 ese argumento. El m\u00e1ximo tribunal ratific\u00f3 la sanci\u00f3n y subray\u00f3 que existi\u00f3 una l\u00ednea directa entre las imputaciones originales y las comprobaciones finales. Para los supremos, el problema no era probar el enriquecimiento, sino la falta de autorizaci\u00f3n para ejercer una actividad claramente incompatible con su funci\u00f3n. En palabras crudas: el escribiente nunca pidi\u00f3 permiso, y ese detalle fue su sentencia.
Lo llamativo, y tambi\u00e9n lo irritante, es el doble est\u00e1ndar que destapa este caso. Mientras un trabajador judicial es sancionado por no haber solicitado autorizaci\u00f3n para dar un curso de criptomonedas, en el escenario pol\u00edtico nacional los funcionarios de Javier Milei avanzan sin reparos en pactos opacos con sectores financieros, juegan al l\u00edmite con decretos plagados de beneficios para empresarios amigos y sostienen un relato de pureza \u00e9tica que se derrumba a la primera verificaci\u00f3n. No es la defensa de un escribiente que coquete\u00f3 con Zoe, sino la constataci\u00f3n de un sistema que descarga la vara disciplinaria sobre los m\u00e1s d\u00e9biles y que, al mismo tiempo, permite que los poderosos se muevan con absoluta impunidad.
El episodio tiene adem\u00e1s un costado humano. El acusado insisti\u00f3 en que \u00e9l mismo fue v\u00edctima de la estafa, que perdi\u00f3 dinero en el engranaje de Zoe. No es menor: cientos de personas cayeron en la red de Cositorto, muchos entregaron sus ahorros, otros hipotecaron su futuro. Que un empleado judicial, que deber\u00eda representar sobriedad y respeto por las normas, se sumara a esa cadena fraudulenta, es un golpe demoledor a la confianza en las instituciones. Y sin embargo, m\u00e1s que un hecho aislado, es un reflejo de un clima social: el caldo de cultivo perfecto que favorecen gobiernos como el de Milei, que demonizan al Estado, glorifican el s\u00e1lvese quien pueda y convierten al mercado en la \u00fanica br\u00fajula moral. Bajo esa l\u00f3gica, no sorprende que hasta en los pasillos de Tribunales alguien se haya dejado seducir por las promesas vac\u00edas de Zoe.
La Corte, en su fallo, fue categ\u00f3rica: el derecho de defensa no fue vulnerado. El escribiente hab\u00eda reconocido haber promocionado el curso, las declaraciones lo confirmaban, y el v\u00ednculo contractual con Zoe era innegable. No hab\u00eda escapatoria. Lo que parece quedar sepultado entre tanto tecnicismo jur\u00eddico es la pregunta de fondo: \u00bfpor qu\u00e9 un trabajador judicial busca refugio en el espejismo de una estafa piramidal? La respuesta remite a un clima de desesperanza, precarizaci\u00f3n y desconfianza que se extiende en la Argentina actual. El ajuste brutal, el vaciamiento de pol\u00edticas p\u00fablicas y el culto a la especulaci\u00f3n financiera que fomenta Milei alimentan justamente esos escenarios donde las estafas florecen. Zoe fue un s\u00edntoma, no una excepci\u00f3n.
As\u00ed, el caso del \u201ccripto-escribiente\u201d no puede leerse como un simple sumario disciplinario. Es un espejo inc\u00f3modo que refleja la fragilidad de un Poder Judicial incapaz de blindarse contra la penetraci\u00f3n de negocios turbios y que, al mismo tiempo, elige el camino m\u00e1s f\u00e1cil: sancionar al eslab\u00f3n d\u00e9bil. Mientras tanto, el poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico, protegido por el gobierno libertario, sigue movi\u00e9ndose con absoluta discrecionalidad. Es la Argentina de los contrastes brutales: un empleado castigado por un curso de criptomonedas frente a un Estado que convierte la especulaci\u00f3n y la falta de control en pol\u00edtica oficial.
El expediente ya tiene cierre judicial, pero el debate de fondo sigue abierto. Generaci\u00f3n Zoe mostr\u00f3 hasta d\u00f3nde puede llegar la codicia disfrazada de oportunidad. El caso del escribiente exhibi\u00f3 que ni siquiera las instituciones m\u00e1s formales est\u00e1n a salvo de la tentaci\u00f3n. Y el gobierno de Javier Milei demuestra, d\u00eda a d\u00eda, que mientras se entretiene castigando a los d\u00e9biles, la verdadera estafa ocurre a plena luz del d\u00eda, amparada por el poder.
Fuente:\u00a0 <\/p>\n\n\n\n
https:\/\/www.infobae.com\/judiciales\/2025\/08\/17\/trader-cripto-o-estafado-sancionaron-a-un-empleado-del-poder-judicial-vinculado-a-generacion-zoe\/<\/p>\n\n\n\n
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