El gobierno libertario entrega a manos privadas la gesti\u00f3n y el patrimonio de la empresa que abastece a 15 millones de personas, priorizando el lucro sobre un derecho esencial. Tarifazos, riesgo de corte por mora y un modelo que ya fracas\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En una decisi\u00f3n que despierta alarma y una inevitable sensaci\u00f3n de d\u00e9j\u00e0 vu, el gobierno de Javier Milei pone en venta el 90% de las acciones de AySA, empresa que garantiza el acceso al agua potable y al saneamiento para millones de personas. Lo hace con una promesa vieja y desgastada: que el mercado resolver\u00e1 lo que el Estado no puede. Pero la historia argentina demuestra lo contrario. El antecedente de los a\u00f1os noventa fue desastroso: tarifas dolarizadas, nula inversi\u00f3n, servicios precarios y contaminaci\u00f3n. \u00bfQu\u00e9 cambi\u00f3 desde entonces? Poco o nada, salvo la desesperaci\u00f3n del Gobierno por conseguir d\u00f3lares, aunque sea a costa de convertir el agua en un negocio y al pueblo en reh\u00e9n de la rentabilidad empresarial.<\/p>\n\n\n\n
Una vez m\u00e1s, el gobierno nacional pone a subasta un derecho b\u00e1sico como si se tratara de un bien prescindible. La privatizaci\u00f3n de AySA, anunciada con tono monocorde por el vocero presidencial Manuel Adorni, no es solo una operaci\u00f3n de transferencia accionaria; es una decisi\u00f3n ideol\u00f3gica que prioriza el inter\u00e9s privado por encima del bienestar colectivo. En nombre de la libertad de mercado, Javier Milei habilita la entrega del control total de una empresa esencial, encargada del suministro de agua potable y saneamiento, a operadores cuyo objetivo principal es obtener rentabilidad, no garantizar derechos.<\/p>\n\n\n\n
La historia se repite como tragedia: durante los a\u00f1os noventa, en pleno auge del neoliberalismo menemista, Aguas Argentinas \u2013la antecesora de AySA\u2013 fue cedida al grupo franc\u00e9s Suez. Lo que sigui\u00f3 fue una pesadilla para los usuarios. En lugar de las prometidas inversiones, llegaron aumentos descomunales en las tarifas, revisi\u00f3n de precios anual e incluso su dolarizaci\u00f3n. Las obras estipuladas en los contratos nunca se concretaron. El servicio no solo no mejor\u00f3, sino que empeor\u00f3: cortes frecuentes, presi\u00f3n deficiente y una grave contaminaci\u00f3n del acu\u00edfero del Riachuelo por el uso indiscriminado del agua del R\u00edo de la Plata. La rentabilidad fue alt\u00edsima para el concesionario, pero el agua sigui\u00f3 siendo inaccesible para miles.<\/p>\n\n\n\n
Fue reci\u00e9n con la reestatizaci\u00f3n impulsada por el gobierno de N\u00e9stor Kirchner en 2006 que se produjo un verdadero cambio de rumbo. AySA, ya bajo gesti\u00f3n estatal, llev\u00f3 adelante un ambicioso plan de obras: se construy\u00f3 la planta potabilizadora de Berazategui, se ampli\u00f3 la cobertura al 83% en agua potable y al 63% en cloacas, y m\u00e1s de 2,3 millones de personas que antes viv\u00edan sin acceso a servicios b\u00e1sicos fueron incorporadas al sistema. En siete a\u00f1os se invirtieron 25 mil millones de pesos. Ese esfuerzo ahora se quiere tirar por la borda, entregando el esfuerzo colectivo a manos privadas en nombre de un ajuste que no cesa.<\/p>\n\n\n\n
El formato anunciado por Adorni \u2013una licitaci\u00f3n nacional e internacional m\u00e1s la oferta p\u00fablica en la Bolsa\u2013 es apenas una pantalla para esconder el apuro por cerrar un negocio. Un negocio que, como advirti\u00f3 el abogado Pablo Serd\u00e1n, convierte al agua en mercanc\u00eda: se priorizar\u00e1n las zonas rentables, se eliminar\u00e1n los subsidios, se achicar\u00e1 el personal y se multiplicar\u00e1n las tarifas. Pero el aspecto m\u00e1s brutal del plan es que se habilitar\u00eda el corte del servicio por mora en usuarios residenciales. No pagar, aunque sea por necesidad y no por capricho, podr\u00eda implicar quedarse sin agua.<\/p>\n\n\n\n
El mensaje es claro: quien no puede pagar, que no consuma. Y eso, en t\u00e9rminos de derechos humanos, es una aberraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Hasta ahora, AySA ven\u00eda aplicando aumentos mes a mes, basados en una f\u00f3rmula que contempla inflaci\u00f3n mayorista, minorista y salarios. Sin embargo, esos incrementos eran al menos acompa\u00f1ados por tarifas sociales y subsidios zonales. Todo eso est\u00e1 ahora en riesgo. El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) advirti\u00f3 que en 2024 las boletas aumentaron un 331%. Y no hay se\u00f1ales de que la curva se detenga. Muy por el contrario: el modelo libertario incluye ajustes trimestrales autom\u00e1ticos y, lo que es peor, las obras futuras ser\u00e1n financiadas directamente por los usuarios a trav\u00e9s de sus boletas.<\/p>\n\n\n\n
El Estado, en definitiva, se desentiende. Claudio Boada, presidente de la Uni\u00f3n de Usuarios y Consumidores, lo dijo con crudeza: el gobierno quiere desligarse de los costos del servicio esencial y cargarle el peso al ciudadano. Las oficinas f\u00edsicas de atenci\u00f3n fueron reemplazadas por sistemas virtuales, la contenci\u00f3n social se diluy\u00f3 y, en el horizonte inmediato, se asoma un modelo de \u201cs\u00e1lvese quien pueda\u201d. AySA es, hoy, la \u00fanica empresa estatal que actualiza mensualmente las tarifas. Aun as\u00ed, el recorte lleg\u00f3 tambi\u00e9n a sus delegaciones. Se cerraron varias en el conurbano bonaerense, agravando el acceso a reclamos para usuarios vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
Quien se detenga a observar la evoluci\u00f3n del servicio comprender\u00e1 que lo que se hizo desde 2006 fue mucho m\u00e1s que administrar una empresa: se trat\u00f3 de recuperar el control sobre un recurso vital. Pero con esta nueva avanzada privatizadora, el gobierno de Milei borra de un plumazo m\u00e1s de una d\u00e9cada de avances, y reinstala las l\u00f3gicas m\u00e1s crueles del pasado: la del agua como privilegio, no como derecho.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, hay un dato que demuestra la desesperaci\u00f3n oficial: la entrega no se limita a la operaci\u00f3n, como en el modelo concesionado. En este caso, tambi\u00e9n se transfiere el patrimonio. Es decir, la infraestructura, los activos, las plantas y redes que fueron construidas con recursos p\u00fablicos ahora pasar\u00e1n a ser propiedad privada. Una verdadera liquidaci\u00f3n de bienes del Estado, al mejor estilo menemista.<\/p>\n\n\n\n
Y no es casualidad. En este revival de los 90, la l\u00f3gica de mercado vuelve a disfrazarse de eficiencia para esconder el mismo resultado de siempre: una sociedad fragmentada entre quienes pueden pagar y quienes no, entre los que acceden a derechos b\u00e1sicos y los que quedan excluidos.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno no ha detallado c\u00f3mo se gestionar\u00e1n las deudas de los usuarios, ni cu\u00e1l ser\u00e1 el esquema tarifario cuando la empresa est\u00e9 en manos privadas. Pero la falta de respuestas no es ingenua. Es parte del modelo: cuanto menos se sepa, menos resistencia habr\u00e1. Y as\u00ed, con cinismo y opacidad, se abre la puerta a que los sectores m\u00e1s vulnerables terminen pagando con salud, con dignidad y hasta con la vida las consecuencias de una pol\u00edtica que vende el agua como si fuera soja.<\/p>\n\n\n\n
La historia ya nos ense\u00f1\u00f3 lo que ocurre cuando se privatiza sin control un servicio esencial. Aguas Argentinas fue una advertencia. AySA fue la respuesta. Hoy, otra vez, nos enfrentamos al dilema de siempre: \u00bfel agua como derecho o como negocio?<\/p>\n\n\n\n
En medio de una crisis de reservas, un gobierno que se autodefine como \u201clibertario\u201d vuelve a elegir el camino m\u00e1s f\u00e1cil, el m\u00e1s regresivo, el que prioriza a los mercados y castiga a los usuarios. Pero lo f\u00e1cil es, muchas veces, lo m\u00e1s da\u00f1ino. Y lo urgente, como ya sabemos, no siempre es lo m\u00e1s justo.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/p>\n\n\n\n