El Consejo de la Magistratura eval\u00faa la remoci\u00f3n de la jueza de San Isidro por su pol\u00e9mica actuaci\u00f3n en el caso Abaigar, en un contexto de espectacularizaci\u00f3n judicial con tinte pol\u00edtico. La Comisi\u00f3n de Acusaci\u00f3n del Consejo de la Magistratura investiga a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por su rol en la causa que deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar. Se la acusa de violar la Constituci\u00f3n, sobrepasar sus funciones y montar un show judicial que favorece al oficialismo de Javier Milei.<\/p>\n\n\n\n
En tiempos donde la Justicia argentina se encuentra cada vez m\u00e1s entrelazada con las decisiones pol\u00edticas del Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura acaba de dar un paso decisivo en una denuncia que sacude los cimientos del Poder Judicial. Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, qued\u00f3 en el centro de la tormenta por su actuaci\u00f3n en el controvertido caso que llev\u00f3 a la detenci\u00f3n de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar, su madre, la concejal peronista Eva Mieri y otras personas. Lo que en apariencia era un expediente m\u00e1s sobre un escrache al diputado libertario Jos\u00e9 Luis Espert, termin\u00f3 destapando una cadena de decisiones judiciales cuestionadas por su exceso, su espectacularidad y su notoria conveniencia para los intereses del oficialismo.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia fue presentada por los consejeros y legisladores de Uni\u00f3n por la Patria, Mariano Recalde y Vanesa Siley, quienes no se anduvieron con eufemismos: acusan a Arroyo Salgado de \u201cmanifiesta arbitrariedad\u201d, de violar la Constituci\u00f3n Nacional y de desconocer normas jur\u00eddicas y reglamentarias de manera inexcusable. Para ellos, la jueza no solo se excedi\u00f3 en sus atribuciones, sino que transform\u00f3 el expediente en una herramienta de disciplinamiento pol\u00edtico, montando una operaci\u00f3n judicial que fue amplificada por funcionarios del gobierno de Javier Milei.<\/p>\n\n\n\n
La gravedad del asunto no se detiene ah\u00ed. Seg\u00fan informaron desde el organismo, la denuncia fue girada a la Comisi\u00f3n de Acusaci\u00f3n, luego de un acuerdo llamativamente transversal entre el senador macrista Luis Juez y el consejero abogado C\u00e9sar Grau. Esta Comisi\u00f3n tiene la potestad de recomendar al Plenario la remoci\u00f3n de jueces por mal desempe\u00f1o, lo que configura un escenario in\u00e9dito y potencialmente explosivo para el sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n
Los denunciantes fueron categ\u00f3ricos: Arroyo Salgado orden\u00f3 medidas que exceden de forma evidente el hecho investigado \u2014la colocaci\u00f3n de un pasacalle y el lanzamiento de excremento frente al domicilio del diputado Espert\u2014 y ejecut\u00f3 detenciones que, por su nivel de desproporci\u00f3n, solo pueden explicarse desde la l\u00f3gica del castigo ejemplificador. El tribunal de alzada, la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn, no tard\u00f3 en advertir los desbordes: liber\u00f3 a Abaigar, y redujo su cauci\u00f3n de 30 a 2 millones de pesos, un recorte que, m\u00e1s all\u00e1 del aspecto t\u00e9cnico, funciona como una se\u00f1al de alarma sobre c\u00f3mo se manej\u00f3 el expediente.<\/p>\n\n\n\n
La sobreactuaci\u00f3n judicial que se le imputa a la magistrada no es nueva. Su trayectoria ya ven\u00eda siendo observada con suspicacia, y este episodio se suma como prueba del deterioro institucional que se vive bajo el mandato de Javier Milei. Porque no es un hecho aislado, sino parte de un patr\u00f3n m\u00e1s amplio: el avance de un oficialismo que, carente de consensos democr\u00e1ticos, necesita recurrir a la Justicia como brazo ejecutor de su proyecto autoritario. Arroyo Salgado, en este contexto, aparece como una ficha \u00fatil en el tablero del poder.<\/p>\n\n\n\n
No puede ignorarse el tel\u00f3n de fondo de este proceso. Mientras los grandes medios se enfocan en demonizar la protesta social, en criminalizar a militantes y dirigentes opositores, y en encubrir el ajuste brutal que destroza el tejido social argentino, en los tribunales se libran otras batallas igual de decisivas. Esta denuncia \u2014que muchos intentar\u00e1n relativizar o minimizar\u2014 expone un entramado donde el show judicial reemplaza al debido proceso, donde el revanchismo pol\u00edtico se disfraza de legalidad, y donde los sectores reaccionarios encuentran cobijo en decisiones judiciales a medida.<\/p>\n\n\n\n
La Comisi\u00f3n de Acusaci\u00f3n, hoy integrada por nombres que representan sensibilidades diversas \u2014Juez, Tailhade, Gonz\u00e1lez, Reyes, Siley, Grau y Maques\u2014 tiene la responsabilidad hist\u00f3rica de establecer un precedente. Porque si los jueces que se exceden, que sobreact\u00faan, que violan normas elementales del derecho y que se prestan a operaciones pol\u00edticas no reciben ninguna consecuencia, entonces todo el sistema termina siendo c\u00f3mplice.<\/p>\n\n\n\n
De todas formas, en el laberinto burocr\u00e1tico del Consejo de la Magistratura, nada est\u00e1 asegurado. Algunas fuentes no descartan que el expediente termine derivando a la Comisi\u00f3n de Disciplina, una instancia que no contempla la remoci\u00f3n como sanci\u00f3n, lo cual podr\u00eda traducirse en una salida decorosa para la magistrada, bajo el viejo truco de que todo se soluciona puertas adentro. Ser\u00eda, en otras palabras, una garant\u00eda de impunidad m\u00e1s, en un pa\u00eds que las acumula con vergonzosa eficacia.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s all\u00e1 de los vericuetos legales, lo que est\u00e1 en juego es el tipo de Justicia que se est\u00e1 consolidando en la Argentina. Una Justicia funcional al poder de turno, que criminaliza selectivamente, que se muestra implacable con los opositores y curiosamente indulgente con los amigos del gobierno. Una Justicia que act\u00faa m\u00e1s como aparato de propaganda que como garante de derechos.<\/p>\n\n\n\n
La causa que origin\u00f3 el esc\u00e1ndalo \u2014el escrache a Espert con pasacalle y excremento\u2014 fue utilizada como excusa para un despliegue desmedido que recuerda los peores tiempos del lawfare. Que una jueza federal haya ordenado allanamientos y detenciones en ese contexto no solo es desproporcionado: es una muestra de c\u00f3mo la pol\u00edtica represiva de Milei empieza a permear todos los poros del sistema institucional. Y eso, en democracia, no puede pasar inadvertido.<\/p>\n\n\n\n
El oficialismo, mientras tanto, aplaude desde las sombras. La sobreactividad judicial de Arroyo Salgado le resulta funcional a un gobierno que necesita enemigos internos para justificar su brutal ajuste. As\u00ed como demoniza a docentes, cient\u00edficos y estudiantes, ahora tambi\u00e9n pone en la mira a funcionarias y militantes opositoras, utilizando a la Justicia como herramienta de intimidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La pregunta final es si el Consejo de la Magistratura estar\u00e1 a la altura del momento. Si tendr\u00e1 el coraje de desmontar esta maquinaria de persecuci\u00f3n. Si se animar\u00e1 a decir que no todo vale en la guerra pol\u00edtica. Porque si no lo hace, si Arroyo Salgado sigue ocupando su despacho sin rendir cuentas, no solo se habr\u00e1 consolidado una injusticia, sino que se habr\u00e1 enviado un mensaje nefasto: que los jueces pueden violar la ley, si lo hacen en nombre del poder.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/p>\n\n\n\n