Piden a la Corte Suprema reabrir la causa contra Javier Iguacel por abuso de autoridadsostiene y que se ignoraron posibles delitos m\u00e1s graves
Cuestionan el sobreseimiento por prescripci\u00f3n dictado a favor del exdirector de Vialidad Nacional. El Ministerio P\u00fablico Fiscal sostiene que se ignoraron posibles delitos m\u00e1s graves y discute la legitimidad de los fiscales para impulsar la acci\u00f3n penal.
El fiscal Javier De Luca recurri\u00f3 ante la Corte Suprema para que se revise el fallo que dej\u00f3 sin efecto la investigaci\u00f3n contra el exfuncionario macrista Javier Iguacel, acusado de actos administrativos que habr\u00edan perjudicado a la empresa CPC S.A. De Luca calific\u00f3 de arbitraria la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n y denunci\u00f3 que se omiti\u00f3 analizar si los hechos pod\u00edan encuadrarse en delitos m\u00e1s graves como fraude a la administraci\u00f3n p\u00fablica o peculado.
El futuro judicial de Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, qued\u00f3 nuevamente bajo la lupa. El fiscal Javier Augusto De Luca, titular de la Fiscal\u00eda N\u00b04 ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, present\u00f3 un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que se revoque el sobreseimiento dictado a favor del exfuncionario en una causa por presunto abuso de autoridad.
La intervenci\u00f3n de De Luca se produjo tras la decisi\u00f3n de la Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, que el pasado 27 de junio declar\u00f3 mal concedido el recurso interpuesto por el fiscal general Jos\u00e9 Luis Ag\u00fcero Iturbe contra la confirmaci\u00f3n del sobreseimiento de Iguacel, resuelto en primera instancia por el juez federal Daniel Rafecas.
Iguacel fue denunciado en octubre de 2020 por la firma Comercial del Plata Construcciones S.A. (CPC S.A.), que lo acus\u00f3 de dictar, entre 2016 y 2018, actos administrativos que le habr\u00edan causado perjuicios econ\u00f3micos, como la imposici\u00f3n de sanciones arbitrarias, desfinanciamiento de contratos y acusaciones de incumplimientos.
Sin embargo, el juez Rafecas consider\u00f3 en noviembre de 2024 que la acci\u00f3n penal estaba prescripta, bas\u00e1ndose en que hab\u00eda transcurrido el plazo m\u00e1ximo previsto para el delito de abuso de autoridad y en que el paso de Iguacel como intendente de Capit\u00e1n Sarmiento entre 2019 y 2023 no constitu\u00eda un cargo lo suficientemente jer\u00e1rquico como para suspender los plazos de prescripci\u00f3n.
La C\u00e1mara Nacional de Apelaciones confirm\u00f3 esa postura en febrero pasado, rechazando los planteos de la querella, que hab\u00eda sostenido que los hechos denunciados pod\u00edan encuadrarse en delitos m\u00e1s graves, como defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica, peculado o asociaci\u00f3n il\u00edcita.
En su recurso ante la Corte, De Luca cuestion\u00f3 duramente las decisiones judiciales previas por haber limitado el an\u00e1lisis de los hechos a una figura penal menor, lo que permiti\u00f3 cerrar el caso por prescripci\u00f3n. Se\u00f1al\u00f3 que la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal es una cuesti\u00f3n de orden p\u00fablico y que puede ser revisada en cualquier instancia, independientemente de que el fiscal de primera instancia hubiera coincidido con la prescripci\u00f3n.
\u201cCarece de relevancia si alguno de los fiscales en las etapas anteriores no mantuvo los agravios en alg\u00fan tramo, porque la extinci\u00f3n de las acciones penales es una cuesti\u00f3n de orden p\u00fablico, discutible de oficio y de prioritario tratamiento en cualquier instancia donde se plantee\u201d, sostuvo De Luca.
Adem\u00e1s, denunci\u00f3 que tanto el juez Rafecas como la C\u00e1mara de Apelaciones omitieron analizar otras posibles calificaciones penales m\u00e1s graves, que podr\u00edan haber extendido los plazos de prescripci\u00f3n y mantener viva la acci\u00f3n penal. \u201cLo que aparece como antojadizo es la selecci\u00f3n de una calificaci\u00f3n legal m\u00e1s leve sin haber contemplado las m\u00e1s graves, y sin fundamentaci\u00f3n alguna\u201d, advirti\u00f3 el fiscal.
De Luca tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la interpretaci\u00f3n restrictiva sobre el cargo de intendente ocupado por Iguacel tras dejar la gesti\u00f3n nacional, y afirm\u00f3 que lo relevante es si el funcionario, cualquiera sea su cargo, pudo influir en la investigaci\u00f3n o entorpecerla, criterio que a su entender fue ignorado por los tribunales inferiores.
En su escrito, el fiscal invoc\u00f3 la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre arbitrariedad de sentencias, argumentando que se priv\u00f3 al Ministerio P\u00fablico Fiscal de ejercer su rol como titular de la acci\u00f3n penal. \u201cEl tribunal apelado adopt\u00f3 una posici\u00f3n ciega ante los argumentos de las partes, correctamente expuestos en todas las instancias\u201d, asegur\u00f3 De Luca.
Ahora ser\u00e1 la Corte Suprema la que deba decidir si admite el recurso extraordinario y, en consecuencia, si reabre el expediente que investiga la presunta comisi\u00f3n de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica por parte de Iguacel y otros funcionarios de Vialidad Nacional.
Fuente:<\/p>\n\n\n\n
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