La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 las penas a cinco integrantes del grupo Albatros por el asesinato del joven mapuche. El fallo, hist\u00f3rico pero limitado, desarma el relato oficial y expone la responsabilidad pol\u00edtica que sigue impune.
Despu\u00e9s de casi siete a\u00f1os, la Justicia ratific\u00f3 las condenas por el crimen de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por fuerzas federales en Villa Mascardi. La sentencia marca un precedente, aunque no alcanza a los responsables pol\u00edticos de un operativo militarizado que criminaliz\u00f3 a una comunidad originaria.
El asesinato de Rafael Nahuel finalmente obtuvo una sentencia firme. La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 las condenas a cinco integrantes del grupo Albatros, dependiente de la Prefectura Naval, por el crimen del joven mapuche ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, R\u00edo Negro. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo ratificaron las penas de entre 3 y 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n por \u201chomicidio agravado cometido con exceso en la leg\u00edtima defensa\u201d.
Rafael ten\u00eda apenas 22 a\u00f1os y fue asesinado por la espalda durante un operativo represivo ordenado por el entonces gobierno de Mauricio Macri, bajo la \u00f3rbita del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich. La ratificaci\u00f3n de la condena a los efectivos significa una victoria judicial parcial para la comunidad mapuche y los organismos de derechos humanos, que llevan a\u00f1os denunciando el abuso de poder, la criminalizaci\u00f3n de la protesta y el racismo estructural del Estado argentino.
La causa, instruida inicialmente por el juez federal Gustavo Villanueva \u2014quien tard\u00f3 casi tres a\u00f1os en procesar a los prefectos implicados\u2014, nunca logr\u00f3 avanzar sobre los eslabones superiores de la cadena de mando. No hay imputaciones contra quienes dise\u00f1aron, avalaron o encubrieron pol\u00edticamente el operativo que desemboc\u00f3 en el asesinato de un joven desarmado.
En su fallo, Casaci\u00f3n se\u00f1ala con firmeza que \u201cel accionar de los Albatros result\u00f3 claramente desproporcionado y no ajustado a la leg\u00edtima defensa\u201d. As\u00ed, desacredita el relato oficial sostenido desde el primer d\u00eda por el gobierno de Cambiemos, que intent\u00f3 justificar la represi\u00f3n alegando un supuesto enfrentamiento con armas por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu, hip\u00f3tesis descartada por la prueba bal\u00edstica y pericial.
Los magistrados tambi\u00e9n destacaron el valor de los testimonios de integrantes de la comunidad mapuche que presenciaron el ataque, cuya palabra fue sistem\u00e1ticamente deslegitimada durante la instrucci\u00f3n de la causa. La sentencia final visibiliza una matriz de violencia institucional contra los pueblos originarios que no es nueva, pero que encontr\u00f3 en la gesti\u00f3n de Bullrich un pico represivo in\u00e9dito desde el retorno de la democracia.
Desde organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se celebr\u00f3 la confirmaci\u00f3n de las condenas, aunque tambi\u00e9n se reclam\u00f3 que la investigaci\u00f3n avance sobre las responsabilidades pol\u00edticas. \u201cEl fallo marca un punto de inflexi\u00f3n, pero no hay justicia completa si no se investigan a los responsables del operativo represivo\u201d, expresaron en un comunicado.
El caso Nahuel no es un hecho aislado. Forma parte de un patr\u00f3n de persecuci\u00f3n estatal hacia las comunidades ind\u00edgenas, como tambi\u00e9n lo evidenci\u00f3 la desaparici\u00f3n forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, apenas tres meses antes, en un contexto de conflictividad territorial y represi\u00f3n sistem\u00e1tica.
En este sentido, el fallo de Casaci\u00f3n representa no s\u00f3lo una reivindicaci\u00f3n judicial para la familia de Rafael y su comunidad, sino tambi\u00e9n una oportunidad para que el Estado argentino revise sus pr\u00e1cticas punitivas y su pol\u00edtica hacia los pueblos originarios. Sin embargo, la ausencia de sanciones para los responsables pol\u00edticos del crimen deja una herida abierta.
Mientras tanto, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, contin\u00faa defendiendo el operativo que termin\u00f3 con la vida de Rafael, sin asumir ninguna responsabilidad institucional ni pol\u00edtica. Su actitud, lejos de una autocr\u00edtica, reafirma una doctrina represiva que contin\u00faa vigente.
La justicia, en este caso, llega tarde y de forma incompleta. Pero al menos deja expuesto que Rafael Nahuel fue asesinado por el Estado, y que su muerte no fue un \u201cenfrentamiento\u201d, sino un crimen de fondo racial, pol\u00edtico y estructural que no puede ni debe repetirse.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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