Cristian Rivaldi, premiado por Bullrich y procesado por abusar de su poder, desfil\u00f3 por Comodoro Py con una retah\u00edla de excusas absurdas para desligarse de la agresi\u00f3n a Fabrizia Pegoraro. En una nueva postal de la Argentina libertaria que reprime con sa\u00f1a a jubilados, madres e hijas, un agente de la Polic\u00eda Federal intenta despegarse de lo que registraron las c\u00e1maras: la imagen brutal de un gas pimienta rociado en el rostro de una ni\u00f1a. Las instituciones dudan, la justicia titubea, pero el rostro de Fabrizia y el olor a gas lacrim\u00f3geno siguen clavados en la memoria colectiva.<\/p>\n\n\n\n
Nueve meses. Ese fue el tiempo que necesit\u00f3 Cristian Rivaldi, agente de la Polic\u00eda Federal Argentina, para articular un desfile de excusas que rozan lo tragic\u00f3mico en su intento por eludir una responsabilidad tan concreta como insoportable: haber rociado con gas pimienta el rostro de una ni\u00f1a de apenas diez a\u00f1os durante una represi\u00f3n frente al Congreso Nacional. El contexto, no menor, fue una movilizaci\u00f3n pac\u00edfica contra el veto de Javier Milei a una ley que otorgaba una mejora m\u00ednima a jubilados. Una postal que resume el presente argentino: ajuste, represi\u00f3n y la violencia estatal descargada sobre los m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
Las im\u00e1genes son tan claras que duelen. Se lo ve a Rivaldi agach\u00e1ndose para disparar su aerosol directamente sobre Fabrizia Pegoraro y su madre, que estaban sentadas sobre la avenida Rivadavia. Pero ahora, frente a la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a, el uniformado pretende que el pa\u00eds olvide lo que vieron sus propios ojos. No fue \u00e9l, dice. Fue un manifestante. O un camar\u00f3grafo. O tal vez fue el viento. O quiz\u00e1 la ni\u00f1a ya estaba irritada por otra causa.<\/p>\n\n\n\n
Rivaldi se present\u00f3 en Comodoro Py para intentar revertir el procesamiento que le dict\u00f3 el juez Sebasti\u00e1n Ramos por abuso de autoridad y lesiones leves. La audiencia fue presidida por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, nombres que, en el ajedrez del poder judicial, tienen un peso espec\u00edfico. All\u00ed, entre argumentaciones deshilachadas, el polic\u00eda quiso presentar su versi\u00f3n: que estaba cumpliendo \u00f3rdenes, que el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich avalaba su accionar, que \u00e9l no vio a la nena, que no pudo evitar el disparo, que ni siquiera estaba seguro de haber usado el gas.<\/p>\n\n\n\n
Pero todo se desmorona ante los hechos. El reglamento interno de las fuerzas estipula con claridad que el uso de armas menos letales solo se justifica ante una amenaza concreta. \u00bfD\u00f3nde estaba el peligro en una nena sentada en el piso? El protocolo de Bullrich, incluso con su orientaci\u00f3n represiva, exige cuidado ante la presencia de menores, mujeres y embarazadas. Pero ni esa letra fr\u00eda del Estado le alcanza a Rivaldi para justificar lo que hizo.<\/p>\n\n\n\n
La defensa recurri\u00f3 al argumento t\u00e9cnico: que el envase utilizado ten\u00eda un gatillo mec\u00e1nico, lo cual implicar\u00eda que, una vez presionado, el gas podr\u00eda seguir saliendo incluso sin intenci\u00f3n del usuario. Es decir, una especie de \u201cfalla involuntaria\u201d que convenientemente colocar\u00eda la culpa en un objeto inanimado. M\u00e1s a\u00fan, sostuvieron que Fabrizia podr\u00eda haber sufrido una conjuntivitis provocada por quienes intentaron asistirla, en lugar del gas en s\u00ed. El argumento raya lo obsceno: la culpa ser\u00eda de quienes intentaron curarla, no de quien le provoc\u00f3 el da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Estas justificaciones, m\u00e1s propias de un sketch de humor negro que de una defensa jur\u00eddica seria, no fueron bien recibidas por el abogado querellante, Gregorio Dalb\u00f3n, quien expuso con crudeza lo que muchos piensan pero pocos dicen en voz alta: que Rivaldi no es un polic\u00eda ingenuo ni un servidor confundido, sino un efectivo premiado por Patricia Bullrich tras su brutal accionar, condecorado y promovido para liderar otros operativos de represi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Lo que est\u00e1 en juego no es solo el destino procesal de un agente, sino el modelo de seguridad instaurado por el gobierno de Javier Milei con Bullrich como ejecutora. Un modelo que convierte la violencia institucional en pol\u00edtica de Estado, que criminaliza la protesta, que arrasa con derechos elementales como la expresi\u00f3n, la reuni\u00f3n y la disidencia.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, Rivaldi es apenas un engranaje de una maquinaria m\u00e1s amplia, m\u00e1s peligrosa. Su caso se inserta en una serie de represiones cada vez m\u00e1s brutales y menos justificables, como las ocurridas durante las marchas contra la Ley Bases o las concentraciones de jubilados los mi\u00e9rcoles frente al Congreso. De hecho, el protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich est\u00e1 siendo impugnado judicialmente. El juez Mart\u00edn Cormick ya est\u00e1 tramitando una causa en la que organismos como el CELS y Amnist\u00eda Internacional denuncian la inconstitucionalidad de esta resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La audiencia en Comodoro Py tambi\u00e9n fue escenario del testimonio de otras v\u00edctimas. Mat\u00edas Aufieri, abogado de derechos humanos, perdi\u00f3 la visi\u00f3n de un ojo tras recibir un disparo durante una represi\u00f3n en febrero de 2024. Juan Spinetto, docente, fue detenido durante las protestas contra la Ley Bases, mientras desde el Ministerio de Seguridad se instalaba la teor\u00eda delirante de un golpe de Estado en curso.<\/p>\n\n\n\n
Es en este marco de retroceso institucional que el intento de sobreseimiento de Rivaldi cobra a\u00fan m\u00e1s gravedad. Porque no se trata de un caso aislado ni de un mal procedimiento. Es la expresi\u00f3n de un paradigma: el de una democracia sitiada desde adentro, donde el enemigo es la sociedad civil que protesta y el aparato represivo act\u00faa con total impunidad.<\/p>\n\n\n\n
Y a\u00fan as\u00ed, pese a todo, pese al repudio social y las im\u00e1genes virales, la justicia duda. Los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia tienen ahora la responsabilidad de definir si se sostiene el procesamiento o si, como pide la defensa, se le concede el perd\u00f3n anticipado a un represor condecorado. La respuesta que den ser\u00e1 una se\u00f1al poderosa. No solo para Rivaldi, sino para toda una fuerza de seguridad que necesita l\u00edmites claros.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, Fabrizia y su madre contin\u00faan su vida con una herida dif\u00edcil de cerrar. No solo por la agresi\u00f3n f\u00edsica, sino por la sensaci\u00f3n de que el aparato estatal est\u00e1 m\u00e1s dispuesto a proteger a quien dispara que a quien recibe el disparo.<\/p>\n\n\n\n
En la Argentina de Javier Milei, el gobierno celebra ajustes mientras reprime jubilados, madres e hijas con gases lacrim\u00f3genos. Y cuando alguien osa cuestionar ese orden, se lo acusa de violento, de subversivo, de golpista. Es una inversi\u00f3n perversa del sentido com\u00fan: la violencia institucional disfrazada de orden p\u00fablico, el castigo convertido en doctrina.<\/p>\n\n\n\n
Que un polic\u00eda gasee a una nena de diez a\u00f1os deber\u00eda ser motivo de esc\u00e1ndalo. Pero en este presente, hay que repetirlo, gritarlo, escribirlo mil veces para que no se diluya en el cinismo generalizado. La democracia no se defiende con gases ni con palos, y mucho menos se construye premiando a quienes atacan ni\u00f1os en nombre del orden.<\/p>\n\n\n\n
Porque si la justicia se anima a mirar para otro lado, si consagra la impunidad, entonces la pregunta no es qu\u00e9 hizo Rivaldi, sino qu\u00e9 estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Y la respuesta, tal vez, sea m\u00e1s inc\u00f3moda de lo que quisi\u00e9ramos admitir.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/p>\n\n\n\n