El presidente rechaz\u00f3 el proyecto sancionado por el Congreso que creaba un fondo especial de $200 mil millones para los municipios bonaerenses afectados por el temporal de marzo. El Gobierno aleg\u00f3 duplicaci\u00f3n de medidas y falta de previsi\u00f3n presupuestaria.
Mediante el Decreto 424\/2025, Javier Milei vet\u00f3 completamente la ley que declaraba la emergencia en Bah\u00eda Blanca y Coronel Rosales, golpeados por las severas inundaciones. El Ejecutivo argument\u00f3 que ya se hab\u00edan tomado medidas similares y responsabiliz\u00f3 al Congreso por no identificar la fuente de financiamiento. Las v\u00edctimas del desastre, sin nuevas ayudas.
En un nuevo gesto que reafirma su pol\u00edtica de ajuste fiscal extremo, el presidente Javier Milei vet\u00f3 en su totalidad la Ley 27.790, que hab\u00eda sido sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio para declarar la emergencia y cat\u00e1strofe en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. La norma, impulsada con fuerte respaldo parlamentario, ten\u00eda como objetivo brindar alivio inmediato a las poblaciones afectadas por las devastadoras inundaciones de marzo, especialmente en Bah\u00eda Blanca y Coronel Rosales.
La decisi\u00f3n presidencial qued\u00f3 plasmada en el Decreto 424\/2025, publicado en el Bolet\u00edn Oficial durante la madrugada del 24 de junio, y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con este veto, se desactiva la creaci\u00f3n de un fondo especial de $200.000 millones destinado a financiar obras de reconstrucci\u00f3n, asistencia directa, cr\u00e9ditos blandos y otras medidas de alivio para familias y sectores productivos damnificados por el desastre clim\u00e1tico.
El proyecto de ley contemplaba una bater\u00eda de medidas: eximici\u00f3n de impuestos y tasas, plazos de gracia en ejecuciones y contratos, prioridad para empresas locales en las contrataciones de obras, y l\u00edneas de cr\u00e9dito preferenciales otorgadas por el Banco Naci\u00f3n. Todo bajo una l\u00f3gica integral de acompa\u00f1amiento estatal frente a una situaci\u00f3n de emergencia.
Sin embargo, el Ejecutivo consider\u00f3 que tales medidas \u201cya fueron implementadas\u201d tras el temporal del 7 de marzo, mediante el Decreto 238\/25, que cre\u00f3 un fondo gestionado por el Ministerio de Seguridad y el Suplemento \u00danico para la Reconstrucci\u00f3n (S.U.R.), orientado a quienes sufrieron da\u00f1os en sus viviendas. En ese marco, aseguran que el 85,43% de los inscriptos ya recibi\u00f3 los pagos, mientras que solo el 4,01% fue rechazado y un **10,55% sigue bajo an\u00e1lisis.
Adem\u00e1s, el decreto remarca que la inclusi\u00f3n del municipio de Coronel Rosales resulta inviable, ya que la zona de asistencia fue delimitada seg\u00fan informes t\u00e9cnicos del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional y la Agencia Federal de Emergencias, que centraron la prioridad en los 66 barrios m\u00e1s golpeados de Bah\u00eda Blanca.
El argumento m\u00e1s fuerte esgrimido por Milei, sin embargo, no es t\u00e9cnico sino presupuestario: el texto sancionado por el Congreso no inclu\u00eda una previsi\u00f3n financiera, lo cual -seg\u00fan el art\u00edculo 38 de la Ley 24.156 de Administraci\u00f3n Financiera\u2013 invalida cualquier norma que implique erogaciones sin indicar su fuente de financiamiento. Esta omisi\u00f3n le dio al Gobierno el respaldo normativo para sepultar la iniciativa legislativa.
Para justificar a\u00fan m\u00e1s su decisi\u00f3n, el Ejecutivo record\u00f3 que parte de los recursos para la emergencia ya est\u00e1n siendo cubiertos con el pr\u00e9stamo BID AR-O0016, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para este tipo de cat\u00e1strofes naturales. Tambi\u00e9n se se\u00f1al\u00f3 que el Banco Naci\u00f3n tiene facultades vigentes para otorgar cr\u00e9ditos de asistencia sin necesidad de una ley espec\u00edfica.
Con este veto, Milei no solo cancela la ayuda proyectada por el Congreso, sino que tambi\u00e9n clausura cualquier posibilidad de declarar una nueva emergencia legislativa durante 2025, al devolver el proyecto y ordenar su archivo. El mensaje pol\u00edtico es claro: no habr\u00e1 ampliaci\u00f3n del gasto p\u00fablico ni siquiera frente a situaciones de cat\u00e1strofe.
En los hechos, esta decisi\u00f3n golpea con dureza a miles de vecinos que a\u00fan no se han recuperado del impacto de las lluvias, y que contaban con la ley para acceder a herramientas de recuperaci\u00f3n, ya sea en forma de subsidios, exenciones fiscales o asistencia crediticia. Ahora, esas expectativas quedan reducidas a los programas ya existentes, cuya cobertura, efectividad y transparencia han sido motivo de cr\u00edticas por parte de gobiernos locales y organizaciones civiles.
Frente a un Gobierno nacional que insiste en \u201cno gastar un peso m\u00e1s\u201d de lo estipulado, la emergencia clim\u00e1tica queda relegada a un plano secundario, en el que la contabilidad del d\u00e9ficit prima sobre la urgencia humanitaria. El veto presidencial a la ley de emergencia por inundaciones marca una nueva etapa en la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y deja expuestos los l\u00edmites de la asistencia estatal bajo el paradigma libertario de Javier Milei.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/p>\n\n\n\n
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