{"id":5297,"date":"2025-06-17T15:02:46","date_gmt":"2025-06-17T18:02:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/?p=5297"},"modified":"2025-06-18T09:17:02","modified_gmt":"2025-06-18T12:17:02","slug":"ciberpatrullaje-sin-control-la-nueva-doctrina-bullrich-pone-en-jaque-las-libertades-democraticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/ciberpatrullaje-sin-control-la-nueva-doctrina-bullrich-pone-en-jaque-las-libertades-democraticas\/","title":{"rendered":"Ciberpatrullaje sin control: la nueva doctrina Bullrich pone en jaque las libertades democr\u00e1ticas"},"content":{"rendered":"\n

Con la firma de Javier Milei, Patricia Bullrich avanz\u00f3 con un decreto que habilita requisas sin orden judicial, vigilancia en redes sociales y detenciones arbitrarias. Un salto autoritario sin debate legislativo que reactiva el fantasma de la persecuci\u00f3n pol\u00edtica bajo ropajes de modernizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El decreto 383\/2025 autoriza a la Polic\u00eda Federal a actuar como si fuera una agencia de inteligencia, sin control judicial ni parlamentario. Organismos de derechos humanos, especialistas en seguridad y hasta exautoridades del \u00e1rea advierten que la reforma no solo es regresiva, sino peligrosa. Bajo la ret\u00f3rica de imitar al FBI, el Gobierno de Milei legaliza pr\u00e1cticas dignas de un Estado policial.<\/p>\n\n\n\n

La ministra Patricia Bullrich est\u00e1 de vuelta, m\u00e1s decidida que nunca a imponer su l\u00f3gica del orden por encima de los derechos. Con el aval del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, la funcionaria estamp\u00f3 su firma en el decreto 383\/2025, que modifica de forma sustancial \u2014y sin pasar por el Congreso\u2014 el rol de la Polic\u00eda Federal Argentina. Lejos de ser un paso hacia la profesionalizaci\u00f3n, la norma se parece m\u00e1s a una legalizaci\u00f3n del espionaje interno, el patrullaje digital sin freno y las requisas arbitrarias. Una vuelta de tuerca autoritaria, disfrazada de reforma \u201cmoderna\u201d con sello del FBI.<\/p>\n\n\n\n

El texto del decreto es, en s\u00ed mismo, una bomba de tiempo jur\u00eddica. Autoriza sin rodeos a los efectivos de la Federal a realizar tareas de prevenci\u00f3n en redes sociales, sitios web p\u00fablicos y cualquier fuente digital abierta sin intervenci\u00f3n de un juez. Es decir: ciberpatrullaje a discreci\u00f3n, sin garant\u00edas, ni control externo. Como si eso no bastara, tambi\u00e9n se habilitan las requisas personales y de veh\u00edculos sin orden judicial, siempre que existan \u00abpresunciones razonables\u00bb de que alguien puede estar ocultando algo vinculado a un delito. La ambig\u00fcedad es la regla. Y en ese vac\u00edo legal se cuela el peligro real de arbitrariedades, armado de causas y persecuci\u00f3n por motivos ideol\u00f3gicos.<\/p>\n\n\n\n

Para muchos, esta decisi\u00f3n tiene antecedentes inmediatos. Basta recordar el caso de Nicol\u00e1s Lucero, aquel joven detenido en 2016 por citar en Twitter una canci\u00f3n de cancha contra Mauricio Macri. En ese entonces, Bullrich ya usaba la figura de \u201cintimidaci\u00f3n p\u00fablica\u201d para criminalizar la expresi\u00f3n pol\u00edtica en redes. El expediente contra Lucero termin\u00f3 archivado por falta de pruebas, pero el da\u00f1o ya estaba hecho. Hoy, la historia amenaza con repetirse, aunque ahora legalizada.<\/p>\n\n\n\n

Desde la Coordinadora contra la Represi\u00f3n Policial e Institucional (CORREPI), la abogada Mar\u00eda del Carmen Verd\u00fa fue tajante: \u201cMurieron las libertades democr\u00e1ticas\u201d. Para ella, el decreto representa un \u201ccambio de r\u00e9gimen\u201d que destruye derechos b\u00e1sicos. Y no es una exageraci\u00f3n. El art\u00edculo habilita a detener personas hasta diez horas sin orden judicial si no pueden acreditar su identidad y hay sospechas vagas de que \u201cpudieran\u201d cometer un delito. Una regresi\u00f3n al modelo del \u201cpor las dudas\u201d, al estilo de las dictaduras, pero con un decreto en mano.<\/p>\n\n\n\n

Como era de esperarse, los organismos de derechos humanos encendieron todas las alarmas. Pero tambi\u00e9n lo hicieron exfuncionarios del \u00e1rea de Seguridad, como Sabina Frederic, quien ocup\u00f3 el cargo durante el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez. Para Frederic, el decreto de Bullrich es \u00abpobre, discrecional y sin aval dentro de la fuerza\u00bb. En di\u00e1logo con P\u00e1gina\/12, la exministra advirti\u00f3 que el texto confunde \u2014deliberadamente\u2014 los conceptos de investigaci\u00f3n criminal e inteligencia criminal, lo que allana el camino para tareas de espionaje interno camufladas de operativos preventivos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo esperar la orden judicial es una arbitrariedad pura\u201d, afirm\u00f3 Frederic. Y no solo eso: tambi\u00e9n critic\u00f3 que se pretenda justificar toda esta avanzada en nombre de la modernizaci\u00f3n institucional, sin definir herramientas concretas, ni garantizar el financiamiento del proceso. De hecho, el programa se pagar\u00e1 con el ahorro que genere reducir el ingreso de suboficiales, una jugada que desfinancia la fuerza bajo la excusa de profesionalizarla. La reforma establece que el personal no incorporado ser\u00e1 reemplazado por universitarios ya graduados, en l\u00ednea \u2014supuestamente\u2014 con el modelo del FBI. Pero en vez de sumar formaci\u00f3n y capacidades, la medida genera malestar en la tropa. \u201cSe lo est\u00e1n tirando por la cabeza\u201d, grafic\u00f3 la exfuncionaria.<\/p>\n\n\n\n

No es para menos. En el seno de la Polic\u00eda Federal hay quejas salariales, falta de pago de adicionales y tensi\u00f3n con la conducci\u00f3n de Bullrich. En una reciente protesta interna, apareci\u00f3 un cartel reclamando recursos para la Superintendencia de Bienestar. A eso se suma el hartazgo de tener que reprimir todas las semanas las movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. \u00abEs un costo alto para los manifestantes, pero tambi\u00e9n para los polic\u00edas\u00bb, reconoci\u00f3 Frederic.<\/p>\n\n\n\n

Otra perlita del decreto es su ambig\u00fcedad respecto de la intervenci\u00f3n \u201cespont\u00e1nea\u201d de la Polic\u00eda en delitos flagrantes. En palabras llanas: el Ministerio de Seguridad podr\u00e1 ordenar a la fuerza que act\u00fae en cualquier contexto, incluso en marchas o locales partidarios, bajo la excusa de que \u201cse est\u00e1 cometiendo un delito\u201d. El pretexto de lo flagrante como cheque en blanco. Para Verd\u00fa, eso jam\u00e1s estuvo estipulado de esa manera. \u00abYa no es un polic\u00eda que interviene al ver un delito, sino que el Ministerio puede decirle que vaya y detenga a todos\u00bb, alert\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Con estas nuevas atribuciones, la Federal no solo har\u00e1 tareas de prevenci\u00f3n sino tambi\u00e9n de an\u00e1lisis e inteligencia criminal, bajo el arbitrio del Ministerio de Seguridad. A simple vista, el decreto funciona como un atajo para esquivar al Congreso y concentrar en manos del Ejecutivo las decisiones sobre el accionar policial. No hay balances, ni rendici\u00f3n de cuentas. Solo una voluntad vertical que decide, ejecuta y controla sin rendir cuentas a nadie.<\/p>\n\n\n\n

Lo m\u00e1s preocupante es que toda esta reforma se promueve en nombre de la \u201cseguridad del Estado Nacional\u201d, una categor\u00eda vaga que hist\u00f3ricamente ha servido para justificar el control social, la censura y la criminalizaci\u00f3n de la protesta. En vez de fortalecer los mecanismos democr\u00e1ticos de control civil sobre las fuerzas de seguridad, el Gobierno los debilita a\u00fan m\u00e1s, legalizando pr\u00e1cticas invasivas y discrecionales.<\/p>\n\n\n\n

A esta altura, no queda claro si el objetivo de Bullrich es reformar la Federal o simplemente utilizarla como brazo armado de un gobierno que no tolera la disidencia. Lo cierto es que, al eliminar el control judicial, instalar la vigilancia sin l\u00edmites y permitir requisas arbitrarias, el decreto allana el camino hacia un modelo policial m\u00e1s cercano al autoritarismo que al republicanismo.<\/p>\n\n\n\n

Desde ya, no hay que subestimar la gravedad de este avance. El ciberpatrullaje sin autorizaci\u00f3n judicial puede sonar inocuo para quienes \u201cno tienen nada que ocultar\u201d, pero en manos de un poder dispuesto a criminalizar la opini\u00f3n cr\u00edtica se convierte en una herramienta de persecuci\u00f3n pol\u00edtica. El antecedente de Lucero, los operativos durante la reforma previsional en 2017 y los procedimientos tras las marchas contra el Presupuesto en 2018 lo demuestran: cuando el Ministerio de Seguridad tiene carta blanca, no hay derecho que quede a salvo.<\/p>\n\n\n\n

Mientras el oficialismo celebra el decreto como una conquista institucional, lo que realmente se impone es una l\u00f3gica de control. Bajo el discurso de profesionalizar la fuerza, lo que se est\u00e1 legalizando es la excepcionalidad permanente: patrullaje sin juez, requisas sin orden, detenciones sin delito. Un modelo policial que responde m\u00e1s a los fantasmas de un Estado persecutorio que a los principios de una democracia madura.<\/p>\n\n\n\n

La pregunta que queda flotando es inquietante: \u00bfcu\u00e1nto m\u00e1s puede tolerar una sociedad la erosi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus derechos antes de reaccionar? Porque si no hay freno legislativo, si el Poder Judicial mira para otro lado y si las fuerzas de seguridad se convierten en herramientas de amedrentamiento, entonces no se trata solo de un decreto: se trata de un cambio de r\u00e9gimen. Y eso, en cualquier pa\u00eds con memoria, deber\u00eda sonar a alarma.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n