{"id":4816,"date":"2025-06-02T12:48:42","date_gmt":"2025-06-02T15:48:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/?p=4816"},"modified":"2025-06-02T15:36:02","modified_gmt":"2025-06-02T18:36:02","slug":"grave-incumplimiento-en-caba-el-gobierno-desoyo-el-cupo-laboral-para-personas-con-discapacidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/sociedad\/grave-incumplimiento-en-caba-el-gobierno-desoyo-el-cupo-laboral-para-personas-con-discapacidad\/","title":{"rendered":"Grave incumplimiento: En CABA el Gobierno desoy\u00f3 el cupo laboral para personas con discapacidad"},"content":{"rendered":"\n

Pese a que existe una legislaci\u00f3n clara, con plazos vencidos hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, el Gobierno de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires contin\u00faa sin cumplir con el cupo m\u00ednimo del 5% de empleo para personas con discapacidad en su planta permanente. Lo m\u00e1s alarmante: no solo no se alcanz\u00f3 la meta legal, sino que en lugar de avanzar, los indicadores retrocedieron.
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As\u00ed lo revel\u00f3 un informe reciente de la Auditor\u00eda General de la Ciudad (AGCBA), que audit\u00f3 los a\u00f1os 2022 y 2023 y dej\u00f3 en evidencia un flagrante incumplimiento del Poder Ejecutivo porte\u00f1o, en directa contradicci\u00f3n con la Ley N\u00b0 1502, sancionada en 2004, y su pr\u00f3rroga, la Ley N\u00b0 3230, que fij\u00f3 como fecha l\u00edmite el a\u00f1o 2010.

Lejos de haber alcanzado el objetivo legal, en 2022 apenas el 1,2% del personal estatal ten\u00eda alg\u00fan tipo de discapacidad, sobre un total de 139.525 empleados. Peor a\u00fan fue el desempe\u00f1o en 2023: con 144.081 trabajadores, solo 1.295 eran personas con discapacidad, lo que representa un magro 0,9%. Una baja que pone de relieve no solo la falta de voluntad pol\u00edtica, sino un retroceso inadmisible en t\u00e9rminos de derechos humanos.

Una deuda con m\u00e1s de una d\u00e9cada de mora
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El mandato de la ley es claro: incorporar progresivamente hasta llegar al 5% de empleados con discapacidad en la administraci\u00f3n p\u00fablica. Incluso establec\u00eda un camino paulatino, con un 2% como meta intermedia durante los primeros dos a\u00f1os. Sin embargo, pasaron m\u00e1s de 15 a\u00f1os desde la fecha l\u00edmite fijada por la norma, y el Gobierno de la Ciudad sigue incumpliendo.

Cabe recordar que este cupo no es un favor ni una d\u00e1diva, sino un derecho consagrado por la Constituci\u00f3n Nacional y la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires. En el art\u00edculo 41 de esta \u00faltima se establece con claridad la necesidad de garantizar la equiparaci\u00f3n de oportunidades, as\u00ed como la integraci\u00f3n laboral y social de personas con discapacidad.

La auditor\u00eda no dej\u00f3 lugar a dudas: se revisaron datos de la Subsecretar\u00eda de Gesti\u00f3n de Recursos Humanos, abarcando escalafones generales, m\u00e9dicos, docentes, polic\u00edas y el Instituto de Vivienda. En todos los casos, el Poder Ejecutivo no cumpli\u00f3 con la ley.

\u00bfD\u00f3nde est\u00e1 la voluntad pol\u00edtica?
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En tiempos donde se multiplica el discurso sobre la eficiencia estatal y la modernizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, este tipo de incumplimientos muestran otra cara del modelo de gesti\u00f3n. Una donde la inclusi\u00f3n no parece tener lugar. Donde las leyes se ignoran. Y donde las personas con discapacidad, lejos de ser protagonistas de pol\u00edticas p\u00fablicas transformadoras, siguen marginadas del acceso a un empleo digno en el propio Estado.

M\u00e1s grave a\u00fan es que, pese a los informes oficiales y las reiteradas advertencias, ninguna gesti\u00f3n porte\u00f1a desde 2010 ha tomado medidas eficaces para revertir esta situaci\u00f3n. Ni siquiera se han planteado nuevos plazos o mecanismos de control m\u00e1s rigurosos. El silencio institucional es tan elocuente como preocupante.

Una lucha que sigue
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El derecho al trabajo es clave para la autonom\u00eda, la integraci\u00f3n social y la dignidad de las personas. Y cuando es el propio Estado el que incumple sus compromisos, el mensaje que se transmite es devastador: la desigualdad se institucionaliza.

No es una cuesti\u00f3n de recursos. Es una cuesti\u00f3n de voluntad, de convicci\u00f3n pol\u00edtica y de respeto por la ley y por la diversidad. La auditor\u00eda dej\u00f3 expuesto un sistema que sigue reproduciendo barreras. Y lo que est\u00e1 en juego no son cifras, sino vidas, trayectorias y derechos sistem\u00e1ticamente vulnerados.

Mientras no se tomen medidas concretas, el cupo seguir\u00e1 siendo letra muerta. Y el Estado, en lugar de ser garante de derechos, continuar\u00e1 siendo c\u00f3mplice de su violaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Fuente:<\/p>\n\n\n\n