El gobierno avanza con un nuevo decreto de necesidad y urgencia que, bajo el pretexto de reorganizar la Marina Mercante, redefine el concepto de \u201cservicios esenciales\u201d e incorpora la categor\u00eda de \u201cactividades trascendentales\u201d, cercenando el derecho constitucional a la huelga.<\/p>\n\n\n\n
Detr\u00e1s de una aparente desregulaci\u00f3n del sector mar\u00edtimo, el presidente Javier Milei firm\u00f3 el DNU 340\/25, que extiende restricciones a la huelga a casi todos los sectores productivos del pa\u00eds. La estrategia es clara: vaciar de contenido los convenios colectivos de trabajo y ponerle un bozal a la protesta. Gremios y abogados laboralistas alertan sobre su car\u00e1cter inconstitucional, pero la Corte Suprema, otra vez, guarda un silencio c\u00f3mplice.<\/p>\n\n\n\n
El arte de gobernar a decretazos ya se volvi\u00f3 rutina para el presidente Javier Milei. Bajo el disfraz de urgencia y necesidad, el Ejecutivo firm\u00f3 el DNU 340\/25, que si bien se presenta como una desregulaci\u00f3n del r\u00e9gimen de la Marina Mercante, en realidad esconde un ataque directo al derecho constitucional de huelga. No es casual ni novedoso: es una reedici\u00f3n del pol\u00e9mico y ya declarado inconstitucional DNU 70\/23, pero con nuevas formas y mayor perversidad. Lo que no se logr\u00f3 por la puerta se intenta ahora por la ventana, arrasando el derecho laboral con una violencia jur\u00eddica pocas veces vista desde el regreso de la democracia.<\/p>\n\n\n\n
El mecanismo es enga\u00f1oso y perverso. En un decreto que deber\u00eda regular cuestiones vinculadas al transporte fluvial, se introduce un art\u00edculo \u2014el n\u00famero 3\u2014 que modifica la Ley 25.877, alterando el cap\u00edtulo referido a los Convenios Colectivos de Trabajo. All\u00ed se redefine el concepto de \u201cservicios esenciales\u201d y, como si fuera poco, se inventa una nueva categor\u00eda: las \u201cactividades de importancia trascendental\u201d. \u00bfEl objetivo? Restringir el derecho de huelga obligando a los trabajadores de esos sectores a garantizar el 75% y el 50% de las prestaciones, respectivamente, incluso en jornadas de paro.<\/p>\n\n\n\n
No se trata de garantizar la vida, la salud o la seguridad p\u00fablica \u2014como indica la OIT al definir los l\u00edmites razonables al derecho de huelga\u2014, sino de una estrategia meticulosa para desactivar toda forma de protesta laboral. Tan burda es la maniobra que, entre los criterios para declarar una actividad como trascendental, se incluye \u201cla interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n de la producci\u00f3n que pudiere afectar metas de recaudaci\u00f3n asociadas a las pol\u00edticas de equilibrio fiscal\u201d. Es decir, se pretende blindar el ajuste, aunque para eso haya que pisotear la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Entre los servicios considerados \u201cesenciales\u201d se encuentran los sanitarios, la distribuci\u00f3n de medicamentos, el suministro de agua, gas y electricidad, las telecomunicaciones, el transporte a\u00e9reo, portuario y fluvial, los servicios aduaneros, migratorios, y la educaci\u00f3n hasta nivel secundario. La lista es extensa, y eso ya ser\u00eda alarmante. Pero el verdadero giro autoritario se da en la segunda categor\u00eda: la de \u201cactividades trascendentales\u201d. All\u00ed se agrupan sectores como la producci\u00f3n de medicamentos, el transporte terrestre y subterr\u00e1neo, los medios de comunicaci\u00f3n, industrias continuas, cementeras, alimenticias, miner\u00eda, comercio electr\u00f3nico, banca, hoteler\u00eda, gastronom\u00eda e incluso toda actividad que implique compromisos de exportaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En otras palabras: casi todo el aparato productivo nacional queda alcanzado por estas restricciones. La huelga \u2014herramienta hist\u00f3rica de los trabajadores para equilibrar la balanza en una relaci\u00f3n laboral estructuralmente desigual\u2014 se vuelve inviable.<\/p>\n\n\n\n
Los sindicatos, que no fueron consultados ni informados, rechazan esta avanzada con indignaci\u00f3n. Abogados laboralistas como Mat\u00edas Cremonte no dudan en calificar el decreto como inconstitucional. Cremonte recuerda que, seg\u00fan la OIT, s\u00f3lo deben ser considerados esenciales los servicios cuya interrupci\u00f3n ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la poblaci\u00f3n. Nada de eso se aplica a la mayor\u00eda de los sectores ahora incluidos. \u201cTan absurdo es\u201d, denuncia, \u201cque se incluye como causal la afectaci\u00f3n de la recaudaci\u00f3n fiscal\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez, tambi\u00e9n abogado laboralista, pone el dedo en la llaga: no es la primera vez que el Ejecutivo intenta vulnerar derechos laborales fundamentales mediante decretos. Y no ser\u00e1 la \u00faltima mientras la Corte Suprema mantenga su c\u00f3mplice indiferencia. \u201cSi en este tiempo el tribunal hubiese dado alguna se\u00f1al de un l\u00edmite constitucional concreto, otro ser\u00eda el panorama. Su silencio, complacencia y sometimiento generan un da\u00f1o irreparable al Estado de derecho\u201d, advierte.<\/p>\n\n\n\n
La maniobra del Gobierno no puede leerse por fuera del marco general de su programa econ\u00f3mico y pol\u00edtico: un modelo de concentraci\u00f3n de poder que favorece a las corporaciones y castiga a quienes se organizan. La represi\u00f3n legal del derecho a huelga no es un error, es parte de un plan. Con los sindicatos debilitados y los trabajadores amordazados, el ajuste se impone con menos resistencia. Bajo la m\u00e1scara del \u201corden\u201d, se instala el miedo como norma.<\/p>\n\n\n\n
El DNU 340\/25, adem\u00e1s, crea una Comisi\u00f3n de Garant\u00edas con capacidad para seguir ampliando la lista de actividades \u201cprotegidas\u201d. Este \u00f3rgano, definido como independiente, tendr\u00e1 el poder de declarar cualquier sector como esencial o trascendental si considera que su interrupci\u00f3n podr\u00eda \u201cponer en peligro la vida, la seguridad, la econom\u00eda o la provisi\u00f3n de productos cr\u00edticos\u201d. \u00bfQui\u00e9n nombra a esta comisi\u00f3n? \u00bfQu\u00e9 criterios objetivos la gu\u00edan? Nada se sabe. Y eso, en t\u00e9rminos democr\u00e1ticos, es escalofriante.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, no es exagerado afirmar que el gobierno de Milei est\u00e1 ensayando un nuevo experimento autoritario. Con un Congreso pintado y una Justicia paralizada, utiliza los DNU como herramienta para reconfigurar la arquitectura institucional a su medida. Cada decreto es un ladrillo m\u00e1s en el muro de una democracia sin pueblo, donde los derechos se negocian y la ley se redacta al servicio del capital.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, los gremios eval\u00faan una respuesta colectiva, aunque el margen de maniobra es estrecho. Ya no se trata solamente de defender condiciones laborales, sino de frenar una ofensiva que pone en jaque la propia legalidad democr\u00e1tica. Lo que est\u00e1 en juego no es solo el derecho a huelga, sino el sentido mismo del Estado de derecho.<\/p>\n\n\n\n
La historia argentina conoce bien estas derivas autoritarias. Sabe de dictaduras que prohibieron sindicatos, de gobiernos neoliberales que tercerizaron la represi\u00f3n y de reformas \u201cmodernizadoras\u201d que precarizaron la vida. Lo nuevo en este caso es la frialdad quir\u00fargica con la que se ejecutan los ataques, la velocidad con la que se blindan los privilegios y la violencia institucional con la que se cancela el disenso.<\/p>\n\n\n\n
A este paso, no habr\u00e1 sector que no pueda ser declarado trascendental. Y en un pa\u00eds donde todo es trascendental menos la dignidad de los trabajadores, la huelga se vuelve un acto de rebeli\u00f3n, casi subversivo. Eso s\u00ed, con el aval del Bolet\u00edn Oficial.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/p>\n\n\n\n