{"id":3754,"date":"2025-04-28T11:32:30","date_gmt":"2025-04-28T14:32:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/ilegal-milei-avanza-hacia-el-estado-militarizado-al-autorizar-a-las-ffaa-a-detener-civiles-en-la-frontera\/"},"modified":"2025-04-28T11:32:30","modified_gmt":"2025-04-28T14:32:30","slug":"ilegal-milei-avanza-hacia-el-estado-militarizado-al-autorizar-a-las-ffaa-a-detener-civiles-en-la-frontera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/ilegal-milei-avanza-hacia-el-estado-militarizado-al-autorizar-a-las-ffaa-a-detener-civiles-en-la-frontera\/","title":{"rendered":"Ilegal: Milei avanza hacia el Estado militarizado al autorizar a las FFAA a detener civiles en la frontera"},"content":{"rendered":"\n

El Gobierno de Javier Milei firm\u00f3, en secreto, una resoluci\u00f3n que habilita a los militares a intervenir sobre civiles, violando abiertamente la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior.<\/em><\/strong>

La reciente autorizaci\u00f3n para que las Fuerzas Armadas detengan civiles en la frontera norte desnuda un peligroso giro autoritario del gobierno de Javier Milei. La medida, desconocida hasta ahora, no solo viola el marco legal vigente sino que instala la amenaza concreta de un Estado de excepci\u00f3n encubierto. El silencio oficial y la complicidad medi\u00e1tica agravan a\u00fan m\u00e1s una decisi\u00f3n que erosiona la democracia.

En un movimiento clandestino, propio de las peores pr\u00e1cticas de gobiernos autoritarios, el gobierno de Javier Milei autoriz\u00f3 a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte del pa\u00eds, seg\u00fan revelaron fuentes de P\u00e1gina\/12 y Tiempo Argentino. La medida, tomada bajo una resoluci\u00f3n reservada del Ministerio de Defensa, no fue anunciada p\u00fablicamente ni publicada en el Bolet\u00edn Oficial, y constituye una violaci\u00f3n flagrante de la Ley de Defensa Nacional (N\u00b0 23.554) y la Ley de Seguridad Interior (N\u00b0 24.059), que expresamente proh\u00edben la participaci\u00f3n militar en tareas de seguridad interna.

El esc\u00e1ndalo, destapado en redes sociales a partir de publicaciones de abogados de derechos humanos y referentes como Myriam Bregman y Horacio Pietragalla, expone la peligrosa deriva militarista de un gobierno que, incapaz de gobernar con legitimidad social, recurre cada vez m\u00e1s a mecanismos represivos para garantizar su programa de ajuste, entrega y saqueo.

La resoluci\u00f3n, que delega en el Ej\u00e9rcito la potestad de intervenir directamente en zonas de frontera para \u201cneutralizar amenazas\u201d, permite la detenci\u00f3n de personas sin orden judicial, sin el debido proceso y en abierta violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales. \u00abSi un militar detiene a un civil, est\u00e1 cometiendo un delito grave. No solo viola los tratados internacionales de derechos humanos sino que incurre en privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad, un delito penal\u00bb, explic\u00f3 en AM750 el constitucionalista Eduardo Barcesat.

La maniobra de Milei recuerda a los peores momentos del pa\u00eds, donde las fuerzas armadas actuaban como un poder aut\u00f3nomo por encima de la ley, persiguiendo enemigos internos definidos arbitrariamente por el poder pol\u00edtico. La justificaci\u00f3n esgrimida desde el Ministerio de Defensa, que habla de \u00abamenazas transnacionales\u00bb, resulta tan vaga como peligrosa: habilita una represi\u00f3n sin l\u00edmites, donde el \u00abenemigo\u00bb puede ser cualquier ciudadano, cualquier organizaci\u00f3n social, cualquier disidencia.

Desde P\u00e1gina\/12, Ra\u00fal Kollmann subray\u00f3 que la frontera norte, hist\u00f3ricamente se\u00f1alada como un corredor de narcotr\u00e1fico, ha sido utilizada como excusa en distintos gobiernos para militarizar zonas pobres y vulnerables, sin atacar nunca las verdaderas estructuras del crimen organizado, que operan en complicidad con sectores del poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico. \u00abSe apunta al eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil: los pobladores fronterizos, los trabajadores precarizados, los pueblos originarios\u00bb, denunci\u00f3 el periodista.

La decisi\u00f3n secreta de Milei no es un hecho aislado. Se inscribe en una l\u00f3gica de creciente criminalizaci\u00f3n de la protesta social, como qued\u00f3 demostrado en el tratamiento de la ley \u00f3mnibus, en los protocolos de \u201cantipiquetes\u201d de Patricia Bullrich y en la persecuci\u00f3n a docentes, sindicalistas y periodistas cr\u00edticos. El objetivo es claro: instalar un Estado policial que garantice, a fuerza de represi\u00f3n, un modelo econ\u00f3mico basado en la exclusi\u00f3n, el hambre y la destrucci\u00f3n de derechos.

Desde la oposici\u00f3n, dirigentes como Germ\u00e1n Mart\u00ednez (UxP) y diputados del Frente de Izquierda solicitaron la inmediata derogaci\u00f3n de la medida y advirtieron que de persistir, impulsar\u00e1n acciones judiciales nacionales e internacionales. \u00abLa democracia argentina no tolerar\u00e1 una nueva Doctrina de Seguridad Nacional disfrazada de ‘control de fronteras’. No vamos a permitirlo\u00bb, asegur\u00f3 Mart\u00ednez en declaraciones a El Destape.

El silencio de los grandes medios hegem\u00f3nicos frente a este esc\u00e1ndalo resulta tan alarmante como la propia decisi\u00f3n gubernamental. Salvo honrosas excepciones como Tiempo Argentino o El Destape, la noticia fue pr\u00e1cticamente ignorada por Clar\u00edn, La Naci\u00f3n y TN, confirmando una vez m\u00e1s su rol como socios activos del proyecto de ajuste y represi\u00f3n.

El escenario que se perfila es de extrema gravedad. Permitir que militares detengan civiles no solo viola las leyes sino que instala la l\u00f3gica de la excepci\u00f3n permanente, donde la democracia formal queda vaciada de contenido. El gobierno de Milei avanza hacia un modelo de control autoritario, donde los derechos son letra muerta y la represi\u00f3n es la \u00fanica respuesta frente al descontento social creciente.

Mientras los argentinos lidian con salarios pulverizados, tarifas impagables y despidos masivos, el presidente se blinda detr\u00e1s de las botas militares, temeroso de un pueblo que empieza a perder el miedo. Pero, como ense\u00f1a la historia reciente, ning\u00fan proyecto basado en la violencia y el desprecio por los derechos humanos puede sostenerse en el tiempo sin provocar una profunda crisis pol\u00edtica e institucional.

La democracia no puede ser compatible con la represi\u00f3n militarizada. Cada minuto que pase sin que esta resoluci\u00f3n sea derogada ser\u00e1 un paso m\u00e1s hacia un abismo del que no ser\u00e1 f\u00e1cil regresar. Argentina ya pag\u00f3 un precio demasiado alto por permitir que los militares asuman roles que no les corresponden. No hay excusas posibles. No hay justificaciones aceptables. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la oposici\u00f3n tienen la obligaci\u00f3n hist\u00f3rica de frenar este nuevo atropello antes de que sea demasiado tarde.<\/p>\n\n\n\n

ita a los militares a intervenir sobre civiles, violando abiertamente la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior.

La reciente autorizaci\u00f3n para que las Fuerzas Armadas detengan civiles en la frontera norte desnuda un peligroso giro autoritario del gobierno de Javier Milei. La medida, desconocida hasta ahora, no solo viola el marco legal vigente sino que instala la amenaza concreta de un Estado de excepci\u00f3n encubierto. El silencio oficial y la complicidad medi\u00e1tica agravan a\u00fan m\u00e1s una decisi\u00f3n que erosiona la democracia.

Cuerpo:
En un movimiento clandestino, propio de las peores pr\u00e1cticas de gobiernos autoritarios, el gobierno de Javier Milei autoriz\u00f3 a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte del pa\u00eds, seg\u00fan revelaron fuentes de P\u00e1gina\/12 y Tiempo Argentino. La medida, tomada bajo una resoluci\u00f3n reservada del Ministerio de Defensa, no fue anunciada p\u00fablicamente ni publicada en el Bolet\u00edn Oficial, y constituye una violaci\u00f3n flagrante de la Ley de Defensa Nacional (N\u00b0 23.554) y la Ley de Seguridad Interior (N\u00b0 24.059), que expresamente proh\u00edben la participaci\u00f3n militar en tareas de seguridad interna.

El esc\u00e1ndalo, destapado en redes sociales a partir de publicaciones de abogados de derechos humanos y referentes como Myriam Bregman y Horacio Pietragalla, expone la peligrosa deriva militarista de un gobierno que, incapaz de gobernar con legitimidad social, recurre cada vez m\u00e1s a mecanismos represivos para garantizar su programa de ajuste, entrega y saqueo.

La resoluci\u00f3n, que delega en el Ej\u00e9rcito la potestad de intervenir directamente en zonas de frontera para \u201cneutralizar amenazas\u201d, permite la detenci\u00f3n de personas sin orden judicial, sin el debido proceso y en abierta violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales. \u00abSi un militar detiene a un civil, est\u00e1 cometiendo un delito grave. No solo viola los tratados internacionales de derechos humanos sino que incurre en privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad, un delito penal\u00bb, explic\u00f3 en AM750 el constitucionalista Eduardo Barcesat.

La maniobra de Milei recuerda a los peores momentos del pa\u00eds, donde las fuerzas armadas actuaban como un poder aut\u00f3nomo por encima de la ley, persiguiendo enemigos internos definidos arbitrariamente por el poder pol\u00edtico. La justificaci\u00f3n esgrimida desde el Ministerio de Defensa, que habla de \u00abamenazas transnacionales\u00bb, resulta tan vaga como peligrosa: habilita una represi\u00f3n sin l\u00edmites, donde el \u00abenemigo\u00bb puede ser cualquier ciudadano, cualquier organizaci\u00f3n social, cualquier disidencia.

Desde P\u00e1gina\/12, Ra\u00fal Kollmann subray\u00f3 que la frontera norte, hist\u00f3ricamente se\u00f1alada como un corredor de narcotr\u00e1fico, ha sido utilizada como excusa en distintos gobiernos para militarizar zonas pobres y vulnerables, sin atacar nunca las verdaderas estructuras del crimen organizado, que operan en complicidad con sectores del poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico. \u00abSe apunta al eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil: los pobladores fronterizos, los trabajadores precarizados, los pueblos originarios\u00bb, denunci\u00f3 el periodista.

La decisi\u00f3n secreta de Milei no es un hecho aislado. Se inscribe en una l\u00f3gica de creciente criminalizaci\u00f3n de la protesta social, como qued\u00f3 demostrado en el tratamiento de la ley \u00f3mnibus, en los protocolos de \u201cantipiquetes\u201d de Patricia Bullrich y en la persecuci\u00f3n a docentes, sindicalistas y periodistas cr\u00edticos. El objetivo es claro: instalar un Estado policial que garantice, a fuerza de represi\u00f3n, un modelo econ\u00f3mico basado en la exclusi\u00f3n, el hambre y la destrucci\u00f3n de derechos.

Desde la oposici\u00f3n, dirigentes como Germ\u00e1n Mart\u00ednez (UxP) y diputados del Frente de Izquierda solicitaron la inmediata derogaci\u00f3n de la medida y advirtieron que de persistir, impulsar\u00e1n acciones judiciales nacionales e internacionales. \u00abLa democracia argentina no tolerar\u00e1 una nueva Doctrina de Seguridad Nacional disfrazada de ‘control de fronteras’. No vamos a permitirlo\u00bb, asegur\u00f3 Mart\u00ednez en declaraciones a El Destape.

El silencio de los grandes medios hegem\u00f3nicos frente a este esc\u00e1ndalo resulta tan alarmante como la propia decisi\u00f3n gubernamental. Salvo honrosas excepciones como Tiempo Argentino o El Destape, la noticia fue pr\u00e1cticamente ignorada por Clar\u00edn, La Naci\u00f3n y TN, confirmando una vez m\u00e1s su rol como socios activos del proyecto de ajuste y represi\u00f3n.

El escenario que se perfila es de extrema gravedad. Permitir que militares detengan civiles no solo viola las leyes sino que instala la l\u00f3gica de la excepci\u00f3n permanente, donde la democracia formal queda vaciada de contenido. El gobierno de Milei avanza hacia un modelo de control autoritario, donde los derechos son letra muerta y la represi\u00f3n es la \u00fanica respuesta frente al descontento social creciente.

Mientras los argentinos lidian con salarios pulverizados, tarifas impagables y despidos masivos, el presidente se blinda detr\u00e1s de las botas militares, temeroso de un pueblo que empieza a perder el miedo. Pero, como ense\u00f1a la historia reciente, ning\u00fan proyecto basado en la violencia y el desprecio por los derechos humanos puede sostenerse en el tiempo sin provocar una profunda crisis pol\u00edtica e institucional.

La democracia no puede ser compatible con la represi\u00f3n militarizada. Cada minuto que pase sin que esta resoluci\u00f3n sea derogada ser\u00e1 un paso m\u00e1s hacia un abismo del que no ser\u00e1 f\u00e1cil regresar. Argentina ya pag\u00f3 un precio demasiado alto por permitir que los militares asuman roles que no les corresponden. No hay excusas posibles. No hay justificaciones aceptables. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la oposici\u00f3n tienen la obligaci\u00f3n hist\u00f3rica de frenar este nuevo atropello antes de que sea demasiado tarde.


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