En un contexto de lawfare, la Justicia ordena peritajes sobre bienes de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, reabriendo causas previamente archivadas y poniendo en duda la imparcialidad del sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n
La reciente decisi\u00f3n de la Justicia federal de ordenar un peritaje contable sobre el patrimonio de la expresidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, correspondiente al per\u00edodo 2009-2015, pone de manifiesto una vez m\u00e1s la utilizaci\u00f3n del aparato judicial como herramienta de persecuci\u00f3n pol\u00edtica. Esta medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita tras la reapertura de una causa por presunto enriquecimiento il\u00edcito, refleja la continuidad de una estrategia sistem\u00e1tica de hostigamiento hacia la l\u00edder pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Es alarmante observar c\u00f3mo, a pesar de que en al menos tres ocasiones anteriores distintos jueces determinaron la inexistencia de pruebas suficientes para imputar a Fern\u00e1ndez de Kirchner por enriquecimiento il\u00edcito, se insiste en reabrir causas y promover nuevas investigaciones. En junio de 2024, el juez Juli\u00e1n Ercolini archiv\u00f3 una causa similar que abarcaba el mismo per\u00edodo, se\u00f1alando la falta de elementos incriminatorios. <\/p>\n\n\n\n
La reciente reactivaci\u00f3n de esta causa se basa en supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de la expresidenta, centrando la atenci\u00f3n en propiedades ubicadas en Santa Cruz y en su relaci\u00f3n con Austral Construcciones, empresa de L\u00e1zaro B\u00e1ez. Sin embargo, es fundamental cuestionar la verdadera motivaci\u00f3n detr\u00e1s de estas acciones judiciales y el timing pol\u00edtico en el que se desarrollan.<\/p>\n\n\n\n
La focalizaci\u00f3n en una vivienda en la calle 25 de Mayo en R\u00edo Gallegos y en la transferencia de terrenos en El Calafate a B\u00e1ez parecen m\u00e1s una maniobra para mantener a Fern\u00e1ndez de Kirchner en el ojo p\u00fablico bajo una luz negativa que una b\u00fasqueda genuina de justicia. Estas propiedades y transacciones han sido objeto de escrutinio en m\u00faltiples ocasiones, y la insistencia en revisarlas sugiere una intenci\u00f3n de desgaste pol\u00edtico m\u00e1s que de esclarecimiento legal.<\/p>\n\n\n\n
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Adem\u00e1s, la atenci\u00f3n puesta en la inscripci\u00f3n de un predio de 87.000 metros cuadrados a nombre de N\u00e9stor Kirchner, a pesar de figurar como copropietario junto a Austral Construcciones desde 2006, plantea interrogantes sobre la selectividad de las investigaciones y la posible omisi\u00f3n de contextos relevantes que podr\u00edan exonerar a la expresidenta.<\/p>\n\n\n\n
La orden de peritaje, emitida el 26 de diciembre al inicio de la feria judicial, tambi\u00e9n abarca un an\u00e1lisis detallado de las cuentas bancarias de Fern\u00e1ndez de Kirchner y su familia, as\u00ed como de los movimientos financieros asociados a sociedades en las que tuvo participaci\u00f3n. Esta medida, lejos de ser una simple diligencia investigativa, se inscribe en una serie de acciones que buscan socavar la imagen p\u00fablica de la exmandataria y debilitar su influencia pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Es esencial destacar que las partes involucradas en la causa han sido notificadas de estas medidas y tienen la posibilidad de proponer peritos de su confianza, as\u00ed como puntos periciales adicionales que consideren pertinentes. Sin embargo, la designaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Asesoramiento Econ\u00f3mico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) como perito de parte en representaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal podr\u00eda comprometer la objetividad del proceso, dada la evidente parcialidad demostrada en anteriores intervenciones.<\/p>\n\n\n\n
La reiterada judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica y la utilizaci\u00f3n del sistema judicial como herramienta de persecuci\u00f3n contra l\u00edderes populares no solo atenta contra las garant\u00edas individuales de los afectados, sino que tambi\u00e9n erosiona la confianza p\u00fablica en las instituciones democr\u00e1ticas. La comunidad internacional ha observado con preocupaci\u00f3n c\u00f3mo en diversos pa\u00edses de la regi\u00f3n se ha recurrido al lawfare para deslegitimar y neutralizar a figuras pol\u00edticas que representan proyectos alternativos al statu quo.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, resulta imperativo que los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, as\u00ed como las fuerzas pol\u00edticas comprometidas con la democracia y el Estado de derecho, denuncien y repudien estas pr\u00e1cticas. La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier sistema democr\u00e1tico, y su manipulaci\u00f3n con fines pol\u00edticos constituye una grave amenaza para la vigencia de los derechos y libertades fundamentales.<\/p>\n\n\n\n
La ciudadan\u00eda debe permanecer alerta ante estas maniobras que buscan desviar la atenci\u00f3n de los verdaderos problemas que aquejan al pa\u00eds y que pretenden instaurar una narrativa que criminaliza a quienes han trabajado en pos de una Argentina m\u00e1s justa e igualitaria. La historia ha demostrado que las persecuciones pol\u00edticas disfrazadas de procesos judiciales no solo da\u00f1an a los individuos directamente afectados, sino que tambi\u00e9n dejan cicatrices profundas en el tejido social y en la institucionalidad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
Es hora de que la Justicia act\u00fae con la imparcialidad y el rigor que la sociedad demanda, alej\u00e1ndose de influencias pol\u00edticas y medi\u00e1ticas que solo buscan satisfacer intereses sectoriales. La democracia argentina merece un Poder Judicial que garantice derechos, no que los vulnere al servicio de agendas ocultas.<\/p>\n\n\n\n
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