{"id":13999,"date":"2026-06-19T08:23:33","date_gmt":"2026-06-19T11:23:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/?p=13999"},"modified":"2026-06-19T14:11:19","modified_gmt":"2026-06-19T17:11:19","slug":"mas-problemas-para-milei-se-freno-la-polemica-privatizacion-de-aysa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/mas-problemas-para-milei-se-freno-la-polemica-privatizacion-de-aysa\/","title":{"rendered":"La Justicia frena la privatizaci\u00f3n de AySA y el plan de ventas de Milei hace agua"},"content":{"rendered":"\n

Un fallo judicial suspendi\u00f3 la operaci\u00f3n hasta que se determine el pasivo ambiental de la empresa. La decisi\u00f3n se suma a las denuncias por presuntas irregularidades en las tasaciones de activos estrat\u00e9gicos del Estado.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La avanzada privatizadora del Gobierno recibi\u00f3 un nuevo golpe cuando la Justicia orden\u00f3 suspender la venta de AySA. El fallo pone el foco en los riesgos ambientales, el acceso al agua y las cuestionadas maniobras administrativas que rodean el proceso impulsado por Javier Milei.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto de privatizaciones que el gobierno de Javier Milei presenta como una de las piezas centrales de su programa econ\u00f3mico acaba de encontrar un nuevo obst\u00e1culo en los tribunales. El juez en lo Contencioso Administrativo N\u00b02 de La Plata, Mariano L\u00f3pez, resolvi\u00f3 suspender cautelarmente la venta del 90 por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) hasta que se determine el pasivo ambiental de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n judicial responde a una presentaci\u00f3n del Defensor del Pueblo bonaerense, quien advirti\u00f3 que el pliego de licitaci\u00f3n omite aspectos esenciales vinculados al acceso al agua potable y desconoce la existencia de pasivos ambientales en territorio de la provincia de Buenos Aires. Para el magistrado, el esquema de privatizaci\u00f3n propuesto podr\u00eda derivar en una reducci\u00f3n de las exigencias regulatorias y en la postergaci\u00f3n de obras fundamentales, afectando derechos consagrados por la Constituci\u00f3n Nacional, como el acceso al agua y la protecci\u00f3n de un ambiente sano.<\/p>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n llega en un contexto de creciente judicializaci\u00f3n de las privatizaciones impulsadas por la administraci\u00f3n libertaria. Mientras AySA queda moment\u00e1neamente fuera del mercado, otros procesos tambi\u00e9n enfrentan cuestionamientos, como la concesi\u00f3n de las represas hidroel\u00e9ctricas del Comahue, actualmente bajo an\u00e1lisis judicial.<\/p>\n\n\n\n

En paralelo, la pol\u00e9mica se extiende al funcionamiento del Tribunal de Tasaciones de la Naci\u00f3n, organismo clave para determinar el valor de los activos p\u00fablicos que el Gobierno busca transferir al sector privado. Su presidente, Julio Roberto Villamonte, reconoci\u00f3 haber comunicado al Ministerio de Econom\u00eda la imposibilidad de avanzar con diversas tasaciones sin consultar previamente al resto de los integrantes del cuerpo.<\/p>\n\n\n\n

La admisi\u00f3n abri\u00f3 interrogantes sobre la legalidad de los procedimientos utilizados para avanzar con la venta de empresas estrat\u00e9gicas como AySA, Transener, Nucleoel\u00e9ctrica, Belgrano Cargas e Intercargo. Aunque Villamonte se ampar\u00f3 en facultades de representaci\u00f3n institucional, las normas internas del organismo establecen que los asuntos de especial importancia requieren acuerdo previo del cuerpo colegiado.<\/p>\n\n\n\n

La controversia resulta a\u00fan m\u00e1s significativa cuando se observa el caso de Nucleoel\u00e9ctrica Argentina. La empresa, que registra resultados positivos y posee activos valuados en miles de millones de d\u00f3lares, habr\u00eda quedado atrapada en un proceso de tasaci\u00f3n que, seg\u00fan distintas observaciones, fue derivado a entidades sin la especializaci\u00f3n t\u00e9cnica necesaria para determinar su valor real.<\/p>\n\n\n\n

Las denuncias apuntan a un mecanismo que permitir\u00eda avanzar con privatizaciones sin cumplir plenamente los procedimientos previstos por la legislaci\u00f3n vigente. En el centro de las cr\u00edticas aparecen tanto el Ministerio de Econom\u00eda, encabezado por Luis Caputo, como el Ministerio de Desregulaci\u00f3n de Federico Sturzenegger, principal impulsor de la reducci\u00f3n del aparato estatal.<\/p>\n\n\n\n

El fallo sobre AySA no s\u00f3lo representa una pausa administrativa. Tambi\u00e9n vuelve a instalar una pregunta de fondo: si el Gobierno est\u00e1 dispuesto a acelerar la venta de empresas p\u00fablicas estrat\u00e9gicas incluso cuando persisten dudas sobre su valuaci\u00f3n, sus impactos ambientales y las garant\u00edas de acceso a servicios esenciales. La suspensi\u00f3n judicial marca, por ahora, un l\u00edmite a una estrategia que busca avanzar a m\u00e1xima velocidad, pero que empieza a acumular cuestionamientos cada vez m\u00e1s dif\u00edciles de ignorar.<\/p>\n\n\n\n

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