{"id":13865,"date":"2026-06-17T06:19:36","date_gmt":"2026-06-17T09:19:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/?p=13865"},"modified":"2026-06-17T06:28:15","modified_gmt":"2026-06-17T09:28:15","slug":"el-decreto-que-apunta-a-la-corte-y-abre-una-nueva-batalla-politica-milei-modifica-el-historico-procedimiento-de-seleccion-de-jueces","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/el-decreto-que-apunta-a-la-corte-y-abre-una-nueva-batalla-politica-milei-modifica-el-historico-procedimiento-de-seleccion-de-jueces\/","title":{"rendered":"El decreto que apunta a la Corte y abre una nueva batalla pol\u00edtica: Milei modifica el hist\u00f3rico procedimiento de selecci\u00f3n de jueces"},"content":{"rendered":"\n

Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designaci\u00f3n de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisi\u00f3n reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democr\u00e1tico que ejerce el Senado.<\/em><\/p>\n

La publicaci\u00f3n de hoy del Decreto 467\/2026<\/a><\/strong> no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la pol\u00edtica. La norma modifica varios art\u00edculos del Decreto 222\/03, el procedimiento impulsado hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas para dotar de mayor publicidad y participaci\u00f3n ciudadana a la designaci\u00f3n de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n

La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo m\u00e1ximo de treinta d\u00edas desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que est\u00e9n siendo consideradas para ocupar el cargo<\/strong>. La difusi\u00f3n deber\u00e1 realizarse durante tres d\u00edas en el Bolet\u00edn Oficial y en la p\u00e1gina del Ministerio de Justicia.<\/p>\n

Un cambio que acelera los tiempos pol\u00edticos<\/h2>\n

Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participaci\u00f3n, pero no establec\u00eda un l\u00edmite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificaci\u00f3n, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podr\u00e1n permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.<\/p>\n

La norma tambi\u00e9n endurece las exigencias de transparencia<\/strong> para los postulantes. Adem\u00e1s de la declaraci\u00f3n patrimonial prevista por la Ley de \u00c9tica P\u00fablica, deber\u00e1n presentar una declaraci\u00f3n detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jur\u00eddicos donde trabajaron y la n\u00f3mina de clientes o contratistas de los \u00faltimos ocho a\u00f1os, en la medida permitida por las normas de \u00e9tica profesional.<\/p>\n

El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designaci\u00f3n de magistrados constituye \u00abun acto institucional complejo\u00bb<\/strong> en el que el Senado cumple la funci\u00f3n de controlar p\u00fablicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representaci\u00f3n federal prevista por la Constituci\u00f3n. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la C\u00e1mara alta.<\/p>\n

El impacto pol\u00edtico detr\u00e1s del cambio<\/h2>\n

M\u00e1s all\u00e1 del contenido t\u00e9cnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integraci\u00f3n de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

La decisi\u00f3n puede interpretarse como una se\u00f1al de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos per\u00edodos<\/strong>, especialmente en un escenario donde la negociaci\u00f3n parlamentaria se volvi\u00f3 uno de los principales obst\u00e1culos para el Gobierno.<\/p>\n

Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional m\u00e1s importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado<\/strong>, por lo que el Ejecutivo no obtiene una v\u00eda alternativa para completar los nombramientos.<\/p>\n

En t\u00e9rminos pol\u00edticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposici\u00f3n probablemente pondr\u00e1 el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.<\/p>\n

Una reforma limitada pero con alto contenido simb\u00f3lico<\/h2>\n

El Decreto 467\/2026 no altera la Constituci\u00f3n ni elimina instancias de participaci\u00f3n ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la informaci\u00f3n que deber\u00e1n presentar los candidatos.<\/p>\n

Sin embargo, en un escenario donde la integraci\u00f3n de la Corte Suprema se convirti\u00f3 en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensi\u00f3n pol\u00edtica mucho mayor que su contenido administrativo<\/strong>.<\/p>\n

La decisi\u00f3n de fijar un plazo de treinta d\u00edas para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero tambi\u00e9n funciona como un mensaje pol\u00edtico: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusi\u00f3n que inevitablemente terminar\u00e1 otra vez en el Senado y en el centro del debate p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

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