La Secretar\u00eda de Transporte avanz\u00f3 con una nueva etapa de desregulaci\u00f3n del sistema de Revisi\u00f3n T\u00e9cnica Obligatoria (RTO) mediante la Resoluci\u00f3n 32\/2026. Amparada en los principios establecidos por el DNU 70\/2023 y las modificaciones introducidas por el Decreto 196\/2025, la medida abre definitivamente el mercado a nuevos actores privados, limita la intervenci\u00f3n estatal en la fijaci\u00f3n de precios y coloca en el centro de la escena la l\u00f3gica de la competencia y la rentabilidad. Aunque el Gobierno sostiene que se mantendr\u00e1n est\u00e1ndares t\u00e9cnicos suficientes para garantizar la seguridad vial, el texto oficial deja al descubierto una concepci\u00f3n ideol\u00f3gica que subordina el rol regulador del Estado a la libre iniciativa privada y a la denominada interacci\u00f3n espont\u00e1nea de la oferta y la demanda.<\/p>\n\n\n\n
La Resoluci\u00f3n 32\/2026 de la Secretar\u00eda de Transporte representa mucho m\u00e1s que una modificaci\u00f3n administrativa vinculada a la Revisi\u00f3n T\u00e9cnica Obligatoria. Se trata de una nueva pieza dentro del proceso de desregulaci\u00f3n impulsado por el gobierno de Javier Milei, cuyo objetivo declarado consiste en reducir la presencia estatal en actividades econ\u00f3micas consideradas susceptibles de ser organizadas por el mercado. El documento oficial no deja margen para interpretaciones ambiguas: la norma se inscribe expl\u00edcitamente en los lineamientos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70\/2023, presentado desde el inicio de la gesti\u00f3n libertaria como una herramienta para remover restricciones, eliminar regulaciones y expandir el campo de acci\u00f3n de los actores privados.<\/p>\n\n\n\n
La medida modifica el esquema vigente para los talleres encargados de realizar la Revisi\u00f3n T\u00e9cnica Obligatoria, un procedimiento que hist\u00f3ricamente estuvo asociado a la preservaci\u00f3n de la seguridad vial mediante controles peri\u00f3dicos sobre el estado mec\u00e1nico de los veh\u00edculos. Lejos de tratarse de una actividad menor, la RTO constituye una de las principales herramientas preventivas para detectar fallas en sistemas de frenos, direcci\u00f3n, suspensi\u00f3n, neum\u00e1ticos y otros componentes cuya deficiencia puede derivar en accidentes de tr\u00e1nsito con consecuencias fatales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el enfoque que atraviesa la resoluci\u00f3n no pone el acento en la ampliaci\u00f3n de capacidades estatales para fortalecer los controles sino en la eliminaci\u00f3n de lo que el Gobierno considera obst\u00e1culos burocr\u00e1ticos para el desarrollo de la actividad privada. El texto sostiene que la normativa vigente generaba restricciones injustificadas y limitaciones para la libre iniciativa empresarial, una formulaci\u00f3n que reproduce casi de manera textual los postulados centrales del DNU 70\/2023. Bajo esa l\u00f3gica, la apertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspecci\u00f3n T\u00e9cnica de Veh\u00edculos aparece presentada como una herramienta destinada a incrementar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos prestadores.<\/p>\n\n\n\n
La administraci\u00f3n libertaria argumenta que la resoluci\u00f3n corrige problemas heredados de regulaciones anteriores que, seg\u00fan la propia documentaci\u00f3n oficial, habr\u00edan afectado la competencia y reducido la disponibilidad del servicio. Para ello habilita que cualquier taller, concesionaria o importador que demuestre capacidad t\u00e9cnica suficiente pueda incorporarse al sistema y realizar revisiones t\u00e9cnicas de veh\u00edculos particulares, comerciales, de carga o de pasajeros. La expansi\u00f3n de actores autorizados es presentada como una modernizaci\u00f3n necesaria, aunque detr\u00e1s de esa narrativa emerge una transformaci\u00f3n m\u00e1s profunda: la redefinici\u00f3n del papel del Estado dentro de una actividad directamente vinculada con la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los aspectos m\u00e1s significativos de la resoluci\u00f3n aparece cuando el Gobierno afirma que resulta conveniente limitar al Estado Nacional de toda intervenci\u00f3n que implique la fijaci\u00f3n de precios. La frase no constituye un detalle menor. Por el contrario, resume con precisi\u00f3n la filosof\u00eda que orienta la medida. El Estado deja de desempe\u00f1ar cualquier funci\u00f3n relacionada con la regulaci\u00f3n econ\u00f3mica del servicio y restringe su participaci\u00f3n a tareas de registraci\u00f3n t\u00e9cnica, control documental y emisi\u00f3n de certificaciones. En otras palabras, el precio de las revisiones quedar\u00e1 sujeto a las condiciones que surjan de la competencia entre prestadores.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n se apoya en la convicci\u00f3n de que la interacci\u00f3n espont\u00e1nea de la oferta y la demanda constituye el mecanismo m\u00e1s eficiente para organizar el funcionamiento de los mercados. Se trata de una concepci\u00f3n profundamente arraigada en la doctrina neoliberal que inspira gran parte de las reformas impulsadas por la gesti\u00f3n Milei. Sin embargo, cuando esa l\u00f3gica se traslada a sectores vinculados con derechos colectivos y bienes p\u00fablicos, surgen interrogantes dif\u00edciles de ignorar. La seguridad vial no es una mercanc\u00eda cualquiera. Sus consecuencias exceden ampliamente la relaci\u00f3n comercial entre un taller y un cliente. Cada veh\u00edculo que circula en condiciones deficientes representa un riesgo potencial para conductores, pasajeros y peatones.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n insiste en que se mantendr\u00e1n est\u00e1ndares t\u00e9cnicos suficientes y verificables para garantizar la calidad de las inspecciones. No obstante, simult\u00e1neamente elimina barreras de ingreso, flexibiliza requisitos administrativos y coloca la competencia econ\u00f3mica como motor principal de organizaci\u00f3n del sistema. All\u00ed aparece una tensi\u00f3n evidente. Cuanto m\u00e1s intensa sea la competencia por captar clientes, mayor ser\u00e1 la presi\u00f3n para reducir costos y ofrecer precios atractivos. En un mercado donde el usuario puede verse tentado a elegir exclusivamente por cuestiones econ\u00f3micas, el incentivo para maximizar ganancias puede entrar en conflicto con la rigurosidad de los controles.<\/p>\n\n\n\n
La propia redacci\u00f3n oficial exhibe esa contradicci\u00f3n. Mientras se invoca la protecci\u00f3n de la seguridad vial, gran parte de los fundamentos de la norma giran alrededor de conceptos como simplificaci\u00f3n administrativa, reducci\u00f3n de cargas normativas, eliminaci\u00f3n de barreras y promoci\u00f3n de la libre iniciativa privada. El vocabulario utilizado revela cu\u00e1les son las prioridades del nuevo esquema regulatorio. La seguridad aparece como un requisito a preservar; la desregulaci\u00f3n, en cambio, se presenta como el objetivo central.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n dispone la creaci\u00f3n de herramientas digitales para administrar el registro de talleres y consolidar informaci\u00f3n sobre las inspecciones realizadas. Desde la perspectiva gubernamental, la digitalizaci\u00f3n constituye una muestra de modernizaci\u00f3n y eficiencia administrativa. Sin embargo, la informatizaci\u00f3n de procedimientos no reemplaza la necesidad de contar con mecanismos robustos de fiscalizaci\u00f3n presencial, auditor\u00edas permanentes y capacidad estatal efectiva para detectar incumplimientos. La tecnolog\u00eda puede facilitar el almacenamiento de datos, pero no sustituye el control p\u00fablico sobre actividades cuya finalidad \u00faltima es proteger vidas humanas.<\/p>\n\n\n\n
Otro elemento llamativo es la insistencia en reducir plazos administrativos y establecer mecanismos que agilicen las inscripciones y modificaciones dentro del registro. Nuevamente, la prioridad aparece asociada a la velocidad de los tr\u00e1mites y a la eliminaci\u00f3n de obst\u00e1culos para la actividad econ\u00f3mica. El discurso de la eficiencia administrativa ocupa un lugar central en toda la argumentaci\u00f3n oficial, mientras las referencias a los riesgos potenciales derivados de una apertura acelerada del mercado permanecen pr\u00e1cticamente ausentes.<\/p>\n\n\n\n
La Resoluci\u00f3n 32\/2026 constituye, en definitiva, una expresi\u00f3n concreta de la visi\u00f3n de Estado promovida por Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada. Una visi\u00f3n que considera que la intervenci\u00f3n p\u00fablica debe reducirse al m\u00ednimo indispensable y que deposita en las fuerzas del mercado la capacidad de organizar actividades que hist\u00f3ricamente estuvieron sujetas a regulaciones espec\u00edficas por su impacto social. Bajo esa premisa, la Revisi\u00f3n T\u00e9cnica Obligatoria deja de ser observada principalmente como una pol\u00edtica de seguridad vial para transformarse en un servicio cuya din\u00e1mica debe regirse por las reglas de la competencia.<\/p>\n\n\n\n
El problema es que las consecuencias de un sistema de control t\u00e9cnico debilitado no se miden \u00fanicamente en balances empresariales o indicadores de eficiencia administrativa. Se reflejan en las rutas, en las calles y en la vida cotidiana de millones de personas. Cuando el Estado se retira de \u00e1reas sensibles y deposita su confianza en la autorregulaci\u00f3n del mercado, los riesgos dejan de ser una hip\u00f3tesis te\u00f3rica para convertirse en una posibilidad concreta. La Resoluci\u00f3n 32\/2026 representa as\u00ed un nuevo cap\u00edtulo de un proyecto pol\u00edtico que concibe la regulaci\u00f3n como un obst\u00e1culo y la rentabilidad como principio ordenador. En materia de seguridad vial, esa apuesta puede terminar teniendo costos mucho m\u00e1s altos que cualquier carga burocr\u00e1tica que se pretenda eliminar.<\/p>\n\n\n\n
Fuentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n Secretar\u00eda de Transporte. (2026). Resoluci\u00f3n 32\/2026<\/em>. Bolet\u00edn Oficial de la Rep\u00fablica Argentina, N.\u00ba 35.922, 3 de junio de 2026. Recuperado de: https:\/\/www.boletinoficial.gob.ar<\/a><\/p>\n\n\n\n