{"id":11732,"date":"2026-01-22T17:07:51","date_gmt":"2026-01-22T20:07:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/?p=11732"},"modified":"2026-01-22T17:08:24","modified_gmt":"2026-01-22T20:08:24","slug":"los-demandantes-de-ypf-pidieron-a-la-justicia-de-estados-unidos-que-argentina-revele-la-ubicacion-de-sus-reservas-de-oro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/economia\/los-demandantes-de-ypf-pidieron-a-la-justicia-de-estados-unidos-que-argentina-revele-la-ubicacion-de-sus-reservas-de-oro\/","title":{"rendered":"Los demandantes de YPF pidieron a la justicia de Estados Unidos que Argentina revele la ubicaci\u00f3n de sus reservas de oro"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La causa por la expropiaci\u00f3n de YPF cruza una l\u00ednea cr\u00edtica: los demandantes pidieron a la jueza Loretta Preska que obligue al gobierno de Javier Milei a revelar la ubicaci\u00f3n y los movimientos de las reservas de oro. El Banco Central reconoce desprolijidades y el fantasma penal ya recorre los pasillos oficiales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En Nueva York, los fondos beneficiarios del fallo por YPF avanzan sobre el \u00faltimo basti\u00f3n patrimonial del Estado argentino. La exigencia de identificar el oro sacude a la autoridad monetaria, desnuda una operatoria \u201cfloja de papeles\u201d y coloca al Ejecutivo libertario frente a una encrucijada que combina riesgo judicial, fragilidad institucional y una narrativa de ocultamiento de activos.<\/p>\n\n\n\n<p>El litigio por la expropiaci\u00f3n de YPF acaba de ingresar en una fase que incomoda de verdad al poder. Ya no se trata solo de discutir cifras astron\u00f3micas o de estirar plazos en tribunales extranjeros: el reclamo ahora apunta al coraz\u00f3n mismo del patrimonio nacional. Los demandantes del fallo dictado en el Distrito Sur de Nueva York solicitaron a la jueza Loretta Preska que obligue a la Rep\u00fablica Argentina a detallar, bajo juramento, la ubicaci\u00f3n, las cuentas y los movimientos de sus reservas de oro. El pedido no es ret\u00f3rico ni simb\u00f3lico. Es un paso concreto para identificar activos embargables y ejecutar una sentencia por 16.100 millones de d\u00f3lares que el pa\u00eds, hasta ahora, intenta esquivar.<\/p>\n\n\n\n<p>La conmoci\u00f3n fue inmediata. En la intimidad del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina se reconoce que la operatoria vinculada al oro \u201cest\u00e1 floja de papeles\u201d. La frase, anticipada por LPO, no es un tecnicismo menor: implica admitir desprolijidades documentales en un terreno donde cada movimiento deber\u00eda estar respaldado con precisi\u00f3n quir\u00fargica. En el contexto de una causa internacional de esta magnitud, esa admisi\u00f3n expone a las autoridades a algo m\u00e1s que un traspi\u00e9 administrativo. El riesgo penal dej\u00f3 de ser una hip\u00f3tesis te\u00f3rica y empez\u00f3 a caminar.<\/p>\n\n\n\n<p>El fundamento de los demandantes es claro y, desde su l\u00f3gica, contundente. Sostienen que el gobierno de Javier Milei habr\u00eda desplegado una estrategia deliberada de ocultamiento de activos para evitar el pago del fallo. La acusaci\u00f3n se apoya en un hecho procesal concreto: la supuesta negativa del Estado a presentar un testigo calificado que pudiera declarar con conocimiento real sobre el patrimonio nacional y, en particular, sobre las reservas de oro. Para los litigantes, la maniobra no solo obstaculiza el proceso de descubrimiento de bienes, sino que agrava el da\u00f1o econ\u00f3mico en un momento en que el precio del metal alcanz\u00f3 m\u00e1ximos hist\u00f3ricos.<\/p>\n\n\n\n<p>En una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP, los beneficiarios del fallo detallaron ante la magistrada que el incumplimiento argentino forma parte de una conducta \u201cgrave y continua\u201d. Seg\u00fan el escrito, la Rep\u00fablica no solo habr\u00eda fallado en cooperar, sino que estar\u00eda escondiendo m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares en reservas de oro. No es un n\u00famero lanzado al azar: en la l\u00f3gica de la ejecuci\u00f3n, cada onza cuenta y cada silencio se interpreta como confirmaci\u00f3n de una sospecha.<\/p>\n\n\n\n<p>Los demandantes, entre ellos los fondos Petersen y Eton Park, fueron todav\u00eda m\u00e1s lejos. Denunciaron que el Estado present\u00f3 a un expositor \u201cdeliberadamente no preparado\u201d, una figura sin acceso ni conocimiento sobre los datos sensibles requeridos. En t\u00e9rminos procesales, esa elecci\u00f3n equivale \u2014seg\u00fan plantearon\u2014 a una falta de comparecencia. Es decir, a una obstrucci\u00f3n lisa y llana. La cr\u00edtica no es menor: en el derecho estadounidense, la cooperaci\u00f3n de buena fe es un est\u00e1ndar exigente, y su violaci\u00f3n suele tener consecuencias.<\/p>\n\n\n\n<p>El texto judicial introduce adem\u00e1s un elemento pol\u00edtico de alto voltaje. Afirma que funcionarios de primer nivel s\u00ed poseen la informaci\u00f3n reclamada y que est\u00e1n en contacto directo y permanente. Se menciona al ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, como alguien con conocimiento directo sobre el traslado de los activos, y se lo se\u00f1ala como superior jer\u00e1rquico del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Incluso se alude a intercambios constantes a trav\u00e9s de grupos de chat. La imagen es potente: mientras ante la justicia se alega desconocimiento, puertas adentro circular\u00eda informaci\u00f3n precisa sobre el destino del oro.<\/p>\n\n\n\n<p>Frente a ese cuadro, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal obligue de inmediato a la Rep\u00fablica a presentar una declaraci\u00f3n jurada que identifique la ubicaci\u00f3n exacta, los movimientos y las cuentas donde se mantiene el metal. Y, si el gobierno ensaya la excusa de que no tiene acceso a los datos del Banco Central, pidieron una audiencia probatoria con testimonio de quienes s\u00ed lo tienen. En esa lista aparecen Caputo y otros funcionarios con conocimiento directo. Es una jugada que eleva el conflicto desde el plano t\u00e9cnico al pol\u00edtico, y que deja al Ejecutivo sin demasiados m\u00e1rgenes para eludir definiciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La ofensiva judicial incluye, adem\u00e1s, un reclamo por los honorarios razonables de los abogados de los demandantes, como sanci\u00f3n por la conducta obstructiva del Estado. No es un detalle menor. En litigios de esta escala, los costos legales pueden sumar millones y convertirse en una presi\u00f3n adicional para forzar acuerdos o acelerar revelaciones. Los abogados tambi\u00e9n recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n tienen autoridad legal para acceder a informaci\u00f3n vinculada al transporte y resguardo de las reservas. El mensaje es n\u00edtido: si el Ejecutivo dice no saber, otros dentro del propio Estado s\u00ed podr\u00edan saber.<\/p>\n\n\n\n<p>Todo este episodio desnuda una contradicci\u00f3n central del gobierno libertario. Mientras en el discurso se exalta la transparencia, la eficiencia y el orden institucional como valores supremos, en la pr\u00e1ctica emerge una operatoria opaca, mal documentada y potencialmente riesgosa. El oro, s\u00edmbolo hist\u00f3rico de respaldo y soberan\u00eda monetaria, aparece ahora envuelto en un manto de incertidumbre que erosiona la credibilidad externa y alimenta sospechas internas. No es solo un problema judicial: es una herida pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n<p>La complejidad del asunto no admite simplificaciones. Las reservas de oro no son un activo cualquiera, y su administraci\u00f3n involucra acuerdos internacionales, custodias en el exterior y pr\u00e1cticas financieras que, en ocasiones, se mueven en zonas grises. Reconocer esa complejidad es parte de la honestidad intelectual. Pero una cosa es la sofisticaci\u00f3n t\u00e9cnica y otra muy distinta es la falta de papeles, la elecci\u00f3n de testigos sin informaci\u00f3n y la resistencia a declarar bajo juramento. Ah\u00ed ya no hay matiz que valga: hay responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p>En el fondo, la causa YPF vuelve a mostrar c\u00f3mo las decisiones del pasado se proyectan sobre el presente con una fuerza implacable. La sentencia por la expropiaci\u00f3n es un hecho consumado, y la estrategia de dilaci\u00f3n parece agotarse. Bajo el gobierno de Milei, que prometi\u00f3 cortar con las \u201cviejas pr\u00e1cticas\u201d, el Estado se encuentra ahora acusado de esconder activos estrat\u00e9gicos para evitar pagar lo que la justicia orden\u00f3. La paradoja es brutal y el costo, potencialmente, alt\u00edsimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Si la jueza Preska avanza y obliga a revelar la informaci\u00f3n, el impacto ser\u00e1 inmediato. Si, en cambio, el gobierno persiste en el silencio o en las respuestas evasivas, el escenario puede empeorar: m\u00e1s sanciones, m\u00e1s costos y una imagen internacional todav\u00eda m\u00e1s deteriorada. En cualquiera de los dos casos, el oro dej\u00f3 de ser un resguardo silencioso para convertirse en el centro de una tormenta pol\u00edtica y judicial. Y esa tormenta amenaza con llevarse puesto algo m\u00e1s que lingotes: puede arrastrar la fr\u00e1gil narrativa de orden y racionalidad que el oficialismo intenta sostener.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente:<\/strong><br><a href=\"https:\/\/www.lapoliticaonline.com\/\">https:\/\/www.lapoliticaonline.com\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La causa por la expropiaci\u00f3n de YPF cruza una l\u00ednea cr\u00edtica: los demandantes pidieron a la jueza Loretta Preska que obligue al gobierno de Javier Milei a revelar la ubicaci\u00f3n y los movimientos de las reservas de oro. El Banco Central reconoce desprolijidades y el fantasma penal ya recorre los pasillos oficiales. 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