El Gobierno de Javier Milei volvi\u00f3 a mostrar su peor cara institucional y pol\u00edtica al intervenir de manera directa para frenar el avance del amparo colectivo que reclamaba la aplicaci\u00f3n plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La escena es tan elocuente como brutal: mientras desfilan por Comodoro Py los involucrados en el esc\u00e1ndalo de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la administraci\u00f3n libertaria no solo retacea los fondos necesarios para sostener los apoyos b\u00e1sicos que necesitan miles de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adultos con discapacidad, sino que adem\u00e1s maniobra en los tribunales para impedir que la justicia obligue al Estado a cumplir con una norma votada por mayor\u00edas ampl\u00edsimas en el Congreso. La contradicci\u00f3n entre el discurso oficial y los hechos reales nunca fue tan evidente. El gobierno que prometi\u00f3 \u201cterminar con los privilegios\u201d parece dispuesto a hacer cualquier cosa menos enfrentar la corrupci\u00f3n interna que brota en uno de los organismos m\u00e1s sensibles del Estado.<\/p>\n\n\n\n
El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, present\u00f3 una recusaci\u00f3n contra el juez federal de Campana, Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, justo cuando el magistrado estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del decreto con el que la Casa Rosada hab\u00eda vetado por segunda vez la ley. La secuencia deja un sabor amargo: cuando la justicia finalmente avanzaba en reconocer los derechos vulnerados de miles de familias, el Poder Ejecutivo se interpuso para evitar un fallo adverso que obligara al Gobierno a financiar aquello que no desea financiar. La jugada fue tan evidente que ni siquiera intent\u00f3 ocultarse debajo de argumentos t\u00e9cnicos s\u00f3lidos. Por el contrario, Castro Videla apel\u00f3 a justificaciones que rozan el absurdo, como sostener que las partidas para aplicar la ley est\u00e1n supuestamente garantizadas en el Presupuesto 2026, no en el proyecto del Gobierno sino en el dictamen de minor\u00eda de la oposici\u00f3n. Es el mundo del rev\u00e9s: el oficialismo usa el trabajo de la oposici\u00f3n para excusarse de cumplir aquello que vet\u00f3 y que pretende seguir vetando.<\/p>\n\n\n\n
La presentaci\u00f3n judicial que dio origen al amparo colectivo fue impulsada por dos familias que reclamaban la aplicaci\u00f3n real de la ley, necesaria para garantizar apoyos indispensables para menores con Trastornos del Espectro Autista. El pedido de estas familias, lejos de quedar aislado, fue acompa\u00f1ado por un amplio espectro de organizaciones: escuelas especiales, centros de d\u00eda, instituciones terap\u00e9uticas, transportistas especializados, adem\u00e1s de organizaciones como REDI y ACIJ. Ninguna de ellas desconoce el impacto devastador que ha tenido el ajuste en discapacidad durante la actual gesti\u00f3n. Instituciones que ven\u00edan luchando por sostenerse hoy est\u00e1n al borde de la quiebra, atrapadas entre aranceles congelados, inflaci\u00f3n y un Estado que, lejos de reparar el da\u00f1o, profundiza la crisis con vetos, recortes y maniobras legales.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, el juez Gonz\u00e1lez Charvay hab\u00eda rechazado de manera sistem\u00e1tica los intentos del Gobierno de frenar la causa. Incluso hab\u00eda ordenado publicar en el Bolet\u00edn Oficial un edicto convocando a m\u00e1s familias a sumarse al amparo, lo que se\u00f1alaba claramente que el expediente hab\u00eda adquirido un peso institucional considerable. Lleg\u00f3 a desbaratar argumentos deleznables, como cuando el Gobierno intent\u00f3 invalidar el amparo argumentando que una de las familias ten\u00eda cobertura de la obra social OSPJN. El juez explic\u00f3 lo que cualquier funcionario m\u00ednimamente informado deber\u00eda saber: esa obra social toma como referencia el Nomenclador Nacional fijado por Andis, por lo que el desfinanciamiento golpea directamente a los menores que dependen de dichas prestaciones.<\/p>\n\n\n\n
Lo que estaba por venir era un fallo de fondo que pon\u00eda en peligro la estrategia del Gobierno de vaciar la ley sin asumir el costo pol\u00edtico de derogarla abiertamente. Seg\u00fan trascendi\u00f3, Gonz\u00e1lez Charvay estaba muy cerca de declarar la inconstitucionalidad del decreto que suspendi\u00f3 la ley con la firma del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. No se trataba de un capricho judicial: la maniobra del Gobierno hab\u00eda sido expl\u00edcita. Francos hab\u00eda promulgado la ley, pero suspendiendo casi todos sus art\u00edculos y dejando sin fondos aquello que el Congreso hab\u00eda decidido financiar. Fue, en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, un veto encubierto disfrazado de formalidad administrativa. La suspicacia institucional lleg\u00f3 a niveles ins\u00f3litos cuando se revel\u00f3 que el DNU afirmaba que la ley quedaba reglamentada pero \u201csuspendida en su ejecuci\u00f3n\u201d hasta que aparecieran fondos que el propio Gobierno se ocupaba de negar.<\/p>\n\n\n\n
En este escenario tenso, aparece la movida del Procurador del Tesoro acusando al juez de haber \u201cprejuzgado\u201d por citar textualmente que el decreto de Francos suspendi\u00f3 la ley. La acusaci\u00f3n resulta tan artificial que solo puede ser interpretada como lo que realmente es: un intento desesperado de desactivar un expediente que hab\u00eda logrado sostenerse a pesar de la presi\u00f3n oficial. Lo que realmente juzg\u00f3 el Gobierno no fue una supuesta parcialidad del magistrado, sino la posibilidad concreta de que la justicia obligara al Ejecutivo a financiar las prestaciones de discapacidad con montos acordes a lo que establece la Ley 27.793.<\/p>\n\n\n\n
Expertos en derecho constitucional, como Diego Armesto \u2014representante de varias de las organizaciones involucradas en el amparo\u2014, se\u00f1alan la gravedad institucional del accionar del Ejecutivo. Armesto describi\u00f3 con claridad la maniobra como \u201cuna suerte de veto del veto del veto\u201d, resaltando el poco apego a la Constituci\u00f3n que viene demostrando el Gobierno desde que firm\u00f3 el decreto 681\/2025. Y ese es un punto central: el Gobierno utiliza la figura del veto y del decreto de necesidad y urgencia como herramientas pol\u00edticas para doblegar decisiones del Congreso, a pesar de que la Constituci\u00f3n establece l\u00edmites precisos para su uso. La herramienta de gobierno por decreto parece haberse convertido en el instrumento predilecto de una administraci\u00f3n que se presenta como adalid del republicanismo, pero que act\u00faa en los hechos como una estructura obsesionada con concentrar poder y controlar los tiempos judiciales.<\/p>\n\n\n\n
En paralelo a estas maniobras, el Gobierno anunci\u00f3 a fines de octubre un aumento del 31 por ciento en los aranceles de las prestaciones, a pagar en tres tramos hasta enero de 2026. Las organizaciones r\u00e1pidamente denunciaron que la medida era insuficiente y que, adem\u00e1s, no cumpl\u00eda con lo establecido por la ley de Emergencia en Discapacidad, que contemplaba aumentos mucho m\u00e1s altos y una compensaci\u00f3n por la p\u00e9rdida acumulada durante el \u00faltimo a\u00f1o. Este incremento parcial, que el Gobierno pretendi\u00f3 presentar como un gesto de buena voluntad, es apenas una estrategia de contenci\u00f3n pol\u00edtica para frenar el avance del amparo. Incluso el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad explic\u00f3 que el aumento representa apenas \u201cla mitad \u2014o incluso menos\u2014 del atraso arancelario acumulado durante esta gesti\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La realidad en el territorio respalda estas afirmaciones. Muchas instituciones cerraron durante el a\u00f1o porque no pudieron sostener sus servicios. Centros de d\u00eda con d\u00e9cadas de trayectoria apagaron sus luces por primera vez ante la imposibilidad de afrontar costos b\u00e1sicos. Empresas de transporte especializado se vieron obligadas a recortar personal y dejar recorridos esenciales por falta de pago. Lo que est\u00e1 en juego no es una discusi\u00f3n abstracta sobre partidas presupuestarias, sino la vida cotidiana de miles de personas que dependen de apoyos permanentes para poder estudiar, trabajar, desplazarse o recibir terapias esenciales.<\/p>\n\n\n\n
Resulta especialmente indignante que, en esta situaci\u00f3n, el Gobierno recurra al dictamen de minor\u00eda del Presupuesto 2026 \u2014el elaborado por la oposici\u00f3n\u2014 para argumentar que el amparo no tiene sentido. La iron\u00eda es tan evidente que deber\u00eda formar parte de un manual b\u00e1sico sobre cinismo pol\u00edtico. El Gobierno no incluy\u00f3 en su propio proyecto presupuestario los fondos necesarios para aplicar la ley, pero luego utiliza un dictamen que no avala para justificar que las partidas est\u00e1n \u201cgarantizadas\u201d. El procurador Castro Videla incluso sostuvo que las asignaciones \u201cya est\u00e1n incorporadas\u201d, cuando en realidad forman parte de un dictamen que el oficialismo no acompa\u00f1a y que no tiene ninguna garant\u00eda de convertirse en ley.<\/p>\n\n\n\n
Mientras el Gobierno despliega este entramado jur\u00eddico para ganar tiempo, las organizaciones del sector denuncian con fuerza la contradicci\u00f3n m\u00e1s dolorosa: mientras la justicia federal investiga c\u00f3mo se desviaron miles de millones de pesos destinados a discapacidad \u2014con empresarios detenidos y pruebas contundentes en Comodoro Py\u2014, la administraci\u00f3n de Javier Milei utiliza su aparato legal para bloquear el reclamo de las familias que exigen simplemente que se cumpla una ley votada por el Congreso.<\/p>\n\n\n\n
La doble vara es evidente. La gesti\u00f3n que se muestra f\u00e9rrea para perseguir a quienes reclaman derechos, act\u00faa con una tibieza pasmosa frente a los casos de corrupci\u00f3n que surgen desde adentro de su propio aparato estatal. Mientras las organizaciones marchan a Plaza de Mayo para denunciar el ajuste en discapacidad, el Gobierno prefiere esconder detr\u00e1s de maniobras judiciales su decisi\u00f3n pol\u00edtica de profundizar el recorte, incluso a costa de ni\u00f1os y ni\u00f1as que dependen de la asistencia estatal para poder vivir dignamente.<\/p>\n\n\n\n
Nada de esto es casual ni aislado. Responde a una l\u00f3gica m\u00e1s amplia: reducir el gasto p\u00fablico sin evaluar el impacto real sobre las poblaciones m\u00e1s vulnerables. Achicar por achicar, aun cuando eso implique cerrar centros terap\u00e9uticos, desfinanciar prestaciones esenciales o empujar a la quiebra a instituciones que sostienen a miles de familias. El ajuste, cuando se ejerce sobre quienes no pueden defenderse solos, deja de ser un debate t\u00e9cnico y se convierte en un gesto pol\u00edtico profundamente revelador. Es all\u00ed donde queda expuesta la verdadera esencia de un gobierno que se proclama libertario, pero que en los hechos reproduce las peores pr\u00e1cticas del neoliberalismo m\u00e1s crudo: recortar derechos, debilitar al Estado y blindarse judicialmente frente a cualquier intento de control institucional.<\/p>\n\n\n\n
El destino del amparo ahora est\u00e1 en manos de la C\u00e1mara de San Mart\u00edn, que deber\u00e1 decidir si contin\u00faa la causa o convalida la maniobra oficial. Mientras tanto, las organizaciones y las familias siguen resistiendo, denunciando y visibilizando que el problema no es la falta de recursos sino la falta de voluntad pol\u00edtica. Cuando el Gobierno decide vetar una ley que ampl\u00eda derechos, recortar fondos esenciales y bloquear la acci\u00f3n judicial que podr\u00eda revertir ese da\u00f1o, queda claro que no se trata de un error administrativo ni de una cuesti\u00f3n t\u00e9cnica. Es una decisi\u00f3n deliberada, sostenida y coherente con una pol\u00edtica de ajuste que, lejos de proteger a quienes m\u00e1s lo necesitan, los utiliza como variable de ajuste y como da\u00f1o colateral de un proyecto econ\u00f3mico que prioriza la austeridad por encima de la dignidad humana.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n de fondo est\u00e1 abierta y es urgente. \u00bfPuede un gobierno vetar dos veces una ley que el Congreso insiste en aprobar? \u00bfPuede suspender su ejecuci\u00f3n mediante un decreto mientras sostiene que no hay fondos para aplicarla, aun cuando la oposici\u00f3n los incorpora en su propio dictamen presupuestario? \u00bfPuede acusar de parcialidad a un juez por citar textualmente un DNU? \u00bfPuede un aparato estatal investigado por corrupci\u00f3n en la Andis bloquear el reclamo judicial de las familias afectadas por ese mismo vaciamiento? La respuesta jur\u00eddica est\u00e1 en debate, pero la respuesta \u00e9tica es evidente. El gobierno de Javier Milei eligi\u00f3 colocar a las personas con discapacidad en el frente m\u00e1s vulnerable del ajuste, y lo est\u00e1 haciendo con total conciencia de las consecuencias.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/p>\n\n\n\n