La decisi\u00f3n de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad (DNV) de cobrar un canon de 560.000 pesos a la Iglesia Cat\u00f3lica de Misiones por el uso de la banquina de la Ruta Nacional 12 durante la tradicional peregrinaci\u00f3n a Nuestra Se\u00f1ora de Loreto expuso, con crudeza, el clima pol\u00edtico, econ\u00f3mico y espiritual que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Por primera vez en 24 a\u00f1os, una expresi\u00f3n de fe popular \u2014arraigada, comunitaria, gratuita y marcada por la devoci\u00f3n\u2014 fue tratada como un tr\u00e1mite burocr\u00e1tico sujeto a recaudaci\u00f3n fiscal. El episodio desat\u00f3 una indignaci\u00f3n transversal en creyentes, autoridades religiosas, referentes pol\u00edticos e incluso en figuras del propio oficialismo. Y abri\u00f3 un debate inc\u00f3modo sobre hasta d\u00f3nde est\u00e1 dispuesto a llegar el Estado nacional en su af\u00e1n de obtener ingresos, incluso a costa de pr\u00e1cticas culturales que, hasta ahora, se consideraban intocables.<\/p>\n\n\n\n
La peregrinaci\u00f3n, que se desarroll\u00f3 entre el 15 y el 16 de noviembre de 2025, reuni\u00f3 a unos 12.000 fieles provenientes de Posadas y localidades vecinas. No se trata de un evento marginal, sino una de las manifestaciones religiosas m\u00e1s importantes de Misiones, comparable \u2014en proporciones\u2014 con la caminata a Luj\u00e1n en Buenos Aires o la peregrinaci\u00f3n a Itat\u00ed en Corrientes. Desde su nacimiento hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, la marcha se realiza por la banquina de la Ruta Nacional 12, un trayecto de entre 36 y 40 kil\u00f3metros que los fieles recorren a pie o en bicicleta como gesto de fe, agradecimiento o pedido espiritual.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, a diferencia de los 23 a\u00f1os anteriores, esta edici\u00f3n estuvo marcada por la exigencia intempestiva de un pago que, seg\u00fan Vialidad, respond\u00eda al \u201ccanon por intervenci\u00f3n del camino\u201d, un permiso contemplado en la Ley Nacional de Tr\u00e1nsito (24.449) para eventos que ocupan parcialmente la traza vial. Lo sorprendente no es la existencia formal de la norma \u2014vigente hace d\u00e9cadas\u2014 sino su aplicaci\u00f3n selectiva y repentina justo en un contexto nacional donde el gobierno impulsa ajustes, privatizaciones y una reconfiguraci\u00f3n del rol estatal centrada en la reducci\u00f3n del gasto y la maximizaci\u00f3n de ingresos, aun a trav\u00e9s de mecanismos antes descartados por razones de sensibilidad social.<\/p>\n\n\n\n
El rector del Santuario de Loreto, el sacerdote Fabio (o Leonardo) Cuenca, relat\u00f3 que el cobro fue notificado apenas 48 horas antes del inicio de la peregrinaci\u00f3n. El pago deb\u00eda realizarse s\u00ed o s\u00ed para garantizar la autorizaci\u00f3n del evento, lo que coloc\u00f3 a la Iglesia frente a un dilema: aceptar el canon para no perjudicar a los miles de fieles ya inscriptos o cancelar la marcha por falta de permisos. Optaron por la primera opci\u00f3n, pero el malestar fue inmediato. Cuenca denunci\u00f3 en redes que este cobro representaba \u201cun nuevo impuesto a la fe\u201d y un \u201carancel por peregrinar\u201d, expresiones que no solo dan cuenta de una injusticia concreta, sino del sentir profundo de una comunidad que percibe que el Estado, lejos de acompa\u00f1ar, se volvi\u00f3 un obst\u00e1culo.<\/p>\n\n\n\n
La cr\u00edtica m\u00e1s dura del sacerdote apunt\u00f3 a la ausencia de contraprestaci\u00f3n estatal. Seg\u00fan explic\u00f3, la Ruta 12 presenta un abandono evidente: la selva avanza sobre la banquina, la vegetaci\u00f3n tapa carteles y la falta de mantenimiento es cotidiana. Para los fieles, esa combinaci\u00f3n entre abandono y cobro resulta, cuando menos, ofensiva. No se trata \u2014como algunos voceros oficiales sugirieron\u2014 de una discusi\u00f3n administrativa sobre permisos, sino de un conflicto pol\u00edtico y moral sobre qu\u00e9 tipo de Estado est\u00e1 construyendo el gobierno de Milei. Uno que recorta, terceriza y se retrae, pero que a la vez cobra por permitir una manifestaci\u00f3n religiosa sin siquiera garantizar condiciones m\u00ednimas de seguridad vial que deber\u00edan estar dadas por default.<\/p>\n\n\n\n
El obispo de Posadas, Juan Rub\u00e9n Mart\u00ednez, fue a\u00fan m\u00e1s expl\u00edcito al calificar la medida como \u201cins\u00f3lita y anticonstitucional\u201d. Su argumento se ancl\u00f3 en la libertad religiosa, un derecho amparado por la Constituci\u00f3n Nacional, los tratados internacionales y la tradici\u00f3n hist\u00f3rica argentina. Obligar a una comunidad religiosa a pagar para expresar su fe en el espacio p\u00fablico \u2014sostuvo el obispo\u2014 implica un condicionamiento inadmisible. Y aunque la DNV insisti\u00f3 en que se trata de un requisito t\u00e9cnico, la reacci\u00f3n social muestra que la lectura ciudadana fue otra: el Estado, en nombre de la eficiencia fiscal o la ortodoxia administrativa, termin\u00f3 coloc\u00e1ndose en el lugar de censor indirecto de una pr\u00e1ctica espiritual masiva.<\/p>\n\n\n\n
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se sum\u00f3 r\u00e1pidamente al repudio. Con un tono conciliador pero firme, afirm\u00f3 en redes que \u201cla fe no tiene precio\u201d y pidi\u00f3 que la medida fuese rectificada. Su intervenci\u00f3n refleja el impacto pol\u00edtico del episodio en una provincia profundamente cat\u00f3lica y acostumbrada a la convivencia org\u00e1nica entre las autoridades civiles, la Iglesia y las organizaciones de la sociedad. En ese entramado social, la peregrinaci\u00f3n a Loreto es mucho m\u00e1s que un evento religioso: es una experiencia identitaria, comunitaria y emocional que congrega a miles de personas, con un significado cultural que excede lo doctrinal.<\/p>\n\n\n\n
La reacci\u00f3n del gobierno nacional fue ambigua. Por un lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel reclam\u00f3 que el funcionario de Vialidad responsable del cobro \u201cresponda por semejante insensatez\u201d, marcando distancia p\u00fablica del episodio y evidenciando tensiones internas dentro del propio espacio libertario. Por otro lado, Vialidad mantuvo su postura argumentando que en ediciones anteriores los organizadores no tramitaron el permiso correspondiente y, por ende, no se hab\u00eda cobrado. Esa explicaci\u00f3n \u2014que t\u00e9cnicamente puede ser cierta\u2014 no logr\u00f3 apagar la percepci\u00f3n de arbitrariedad ni la sospecha de que la medida encaja demasiado bien con la l\u00f3gica recaudatoria del gobierno.<\/p>\n\n\n\n
El esc\u00e1ndalo se amplific\u00f3 r\u00e1pidamente en redes sociales, donde numerosas cuentas replicaron la denuncia del sacerdote Cuenca y el enojo de la comunidad. El posteo original circul\u00f3 miles de veces, alimentado por su tono cr\u00edtico y la idea de que ahora, en la Argentina de Milei, hasta las expresiones de fe est\u00e1n sujetas a tarifas. La viralizaci\u00f3n fue tan veloz que medios nacionales como Clar\u00edn retomaron el tema, consolidando su impacto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Este episodio no ocurri\u00f3 en un vac\u00edo pol\u00edtico. Desde su llegada al poder, el gobierno de Milei impuls\u00f3 una pol\u00edtica fiscal de \u201creordenamiento extremo\u201d que afect\u00f3 presupuestos estatales, salarios, subsidios, programas sociales, universidades, organismos cient\u00edficos y sectores productivos. En esa l\u00f3gica, organismos como Vialidad funcionan bajo una presi\u00f3n expl\u00edcita para \u201cequilibrar cuentas\u201d a cualquier costo. El canon a una peregrinaci\u00f3n puede verse como un exceso administrativo, un error pol\u00edtico o una torpeza comunicacional; pero tambi\u00e9n puede interpretarse como un s\u00edntoma de un Estado nacional que, desfinanciado y urgido, transfiere el peso de su propia ineficiencia a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Si se analiza con detenimiento, el caso expone una contradicci\u00f3n profunda del discurso libertario. Mientras proclama la libertad absoluta como valor supremo, el gobierno termina habilitando una intervenci\u00f3n estatal que condiciona una libertad esencial: la libertad de culto. Cobrar por peregrinar no es un gesto menor ni un tr\u00e1mite burocr\u00e1tico. Es una se\u00f1al de que, en nombre del orden administrativo, un organismo estatal puede limitar o dificultar pr\u00e1cticas religiosas que se desarrollaron pac\u00edficamente durante d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n
Con todo, el conflicto deja abierta una pregunta inquietante: \u00bfser\u00e1 este episodio un caso aislado o un precedente para otras peregrinaciones, marchas y manifestaciones sociales que utilicen rutas nacionales? La respuesta a\u00fan es incierta. Pero el precedente jur\u00eddico que intenta instalar la DNV podr\u00eda tener consecuencias de largo alcance si el Estado contin\u00faa interpretando la normativa vial como una v\u00eda de recaudaci\u00f3n aplicable a cualquier expresi\u00f3n comunitaria.<\/p>\n\n\n\n
Pese a todo, la peregrinaci\u00f3n transcurri\u00f3 con \u201cfervor y normalidad\u201d, seg\u00fan relataron los organizadores. El acompa\u00f1amiento de la Polic\u00eda de Misiones, Gendarmer\u00eda, Prefectura y el Ministerio de Salud fue gratuito, como siempre. Solo Vialidad aplic\u00f3 un cobro. El contraste entre el apoyo institucional habitual y la actitud de la DNV refuerza la percepci\u00f3n de que la decisi\u00f3n fue innecesaria, inapropiada y pol\u00edticamente da\u00f1ina.<\/p>\n\n\n\n
Las im\u00e1genes de miles de fieles caminando por una ruta descuidada, pagando de su bolsillo por un permiso que jam\u00e1s se hab\u00eda exigido, terminaron convertidas en s\u00edmbolo del conflicto entre un Estado nacional obsesionado con cuadrar sus cuentas y una comunidad que siente que ese ajuste se hace a costa de derechos que deber\u00edan ser intocables.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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