El malestar se hizo escuchar con fuerza en C\u00f3rdoba. Productores agropecuarios, hartos del ahogo fiscal, protagonizaron una asamblea cargada de indignaci\u00f3n y cr\u00edticas directas al gobierno de Mart\u00edn Llaryora. El aumento del impuesto inmobiliario rural, que en algunos casos supera el 200%, fue el detonante de un reclamo que expone el deterioro de la relaci\u00f3n entre el campo y el poder pol\u00edtico. La escena dej\u00f3 en evidencia una verdad inc\u00f3moda: el ajuste no es exclusivo del gobierno nacional, tambi\u00e9n se aplica con mano de hierro en las provincias.<\/p>\n\n\n\n
La Sociedad Rural de R\u00edo Cuarto fue el escenario de esta protesta, donde unos 50 productores tomaron el micr\u00f3fono para denunciar lo que consideran un \u00abimpuestazo salvaje\u00bb. Las cifras hablan por s\u00ed solas: mientras la inflaci\u00f3n anual ronda el 118%, el aumento del inmobiliario rural alcanza un promedio del 172,5%, con picos que rozan el 400%. Un desprop\u00f3sito que, seg\u00fan los presentes, roza lo confiscatorio.<\/p>\n\n\n\n
El legislador nacional Rodrigo De Loredo no escatim\u00f3 en cr\u00edticas al calificar el incremento como una \u00abbrutalidad fiscal\u00bb, se\u00f1alando la incoherencia de un ajuste impositivo que duplica la inflaci\u00f3n. \u00abEsto es confiscatorio. Es un atropello que no se justifica bajo ning\u00fan par\u00e1metro econ\u00f3mico razonable\u00bb, sentenci\u00f3, reflejando el sentir de una audiencia que no necesita m\u00e1s pruebas para confirmar el abuso.<\/p>\n\n\n\n