La Comisi\u00f3n de Asuntos Constitucionales firm\u00f3 un dictamen de mayor\u00eda para bloquear la asunci\u00f3n de la senadora libertaria Lorena Villaverde, se\u00f1alada por sus lazos con el narcotr\u00e1fico y acusada de haber \u201ccomprado una banca\u201d. El oficialismo respondi\u00f3 con maniobras desesperadas para protegerla.
Once senadores firmaron el dictamen que rechaza el ingreso de Villaverde a la C\u00e1mara alta, en un paso decisivo que expone el creciente desgaste del gobierno de Javier Milei y la fragilidad de su estructura pol\u00edtica. La oposici\u00f3n detall\u00f3 con precisi\u00f3n los v\u00ednculos de la legisladora con Fred Machado y Claudio Cicarelli, figuras centrales en causas de narcotr\u00e1fico, lavado y estructuras ilegales. La votaci\u00f3n final ser\u00e1 el 28 de noviembre.
La escena en la Comisi\u00f3n de Asuntos Constitucionales del Senado no tuvo empujones, pero s\u00ed una tensi\u00f3n palpable que cortaba el aire. Fue una batalla pol\u00edtica en toda regla, silenciosa pero decisiva, donde la oposici\u00f3n avanz\u00f3 con argumentos s\u00f3lidos para rechazar el pliego de Lorena Villaverde, la senadora electa por R\u00edo Negro que arrastra un historial imposible de disimular: v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico, condenas en Estados Unidos y relaciones directas con empresarios que terminaron extraditados por delitos graves. En un pa\u00eds donde el avance del crimen organizado ya dej\u00f3 de ser una sombra y se convirti\u00f3 en una amenaza estructural, la presencia de una figura as\u00ed en el Senado es un l\u00edmite que muchos consideran insalvable.
El dictamen de rechazo sum\u00f3 once firmas, un n\u00famero que no solo marca mayor\u00eda, sino tambi\u00e9n un s\u00edntoma del malestar que recorre a varias fuerzas pol\u00edticas frente a la estrategia del gobierno de Javier Milei de proteger a una dirigente que arrastra denuncias que ning\u00fan gobierno serio se atrever\u00eda a ignorar. Uni\u00f3n por la Patria dio ocho de esos votos, pero lo que realmente golpe\u00f3 al oficialismo fue el respaldo del radical Pablo Blanco, de la larretista Guadalupe Tagliaferri, de Alejandra Vigo y, sobre todo, del salte\u00f1o Juan Carlos Romero, un aliado habitual del bloque libertario que esta vez decidi\u00f3 tomar distancia. Cuando Romero habl\u00f3 de la \u201cmanifiesta gravedad creciente que tiene el narcotr\u00e1fico en la Argentina\u201d, el mensaje cruz\u00f3 como un rayo el coraz\u00f3n del oficialismo.
La discusi\u00f3n no fue solo jur\u00eddica, sino profundamente pol\u00edtica. Cada palabra, cada gesto y cada impugnaci\u00f3n expuso la precariedad del armado libertario en el Congreso, que intenta responder con chicanas y denuncias improvisadas lo que no puede enfrentar con pruebas. El oficialismo, acorralado por los antecedentes de Villaverde, reaccion\u00f3 con una maniobra desesperada: anunci\u00f3 que presentar\u00eda impugnaciones contra los peronistas Mart\u00edn Soria y Jorge Capitanich para intentar forzar una negociaci\u00f3n. Una jugada que lleg\u00f3 tarde y mal, confeccionada con la torpeza de quienes escriben en el mismo pasillo mientras los dict\u00e1menes ya est\u00e1n siendo firmados.
La oposici\u00f3n, por su parte, no se limit\u00f3 a hablar de antecedentes: detall\u00f3 con precisi\u00f3n quir\u00fargica las relaciones de Villaverde con el narcotr\u00e1fico. La senadora peronista Florencia L\u00f3pez fue especialmente contundente al trazar los v\u00ednculos entre la libertaria y Federico \u201cFred\u201d Machado, extraditado por delitos de narcotr\u00e1fico y lavado, as\u00ed como con su primo Claudio Cicarelli, un caso tan grotesco como recurrente en los entramados criminales: un profesor de b\u00e1squet que en pocos a\u00f1os se convirti\u00f3 en un multimillonario dedicado a la miner\u00eda, las tierras raras y la energ\u00eda. \u201cLo mismo que dec\u00eda Espert \u2014record\u00f3 L\u00f3pez\u2014, que era asesor de la miner\u00eda. El v\u00ednculo con el narcotr\u00e1fico est\u00e1 probado\u201d. Nadie del oficialismo pudo refutarlo con algo m\u00e1s que evasivas.
El jefe del bloque de Uni\u00f3n por la Patria, Jos\u00e9 Mayans, fue a\u00fan m\u00e1s directo y record\u00f3 el caso de Jos\u00e9 Luis Espert, a quien vincul\u00f3 con el financiamiento proveniente de empresas mineras relacionadas a Machado. Seg\u00fan Mayans, tanto Espert como Villaverde forman parte de un entramado donde la compra de influencia pol\u00edtica no es un rumor ni una sospecha: es una pr\u00e1ctica. \u201cHa comprado una banca y no podemos permitir que una persona con relaci\u00f3n directa con el narcotr\u00e1fico est\u00e9 ac\u00e1 sentada\u201d, sentenci\u00f3. Una afirmaci\u00f3n que cay\u00f3 como un martillazo en una sala donde las tensiones ven\u00edan acumul\u00e1ndose desde hac\u00eda d\u00edas.
El giro m\u00e1s inesperado lleg\u00f3 cuando Juan Carlos Romero, el mismo que suele aparecer en la foto del oficialismo, reconoci\u00f3 que Villaverde no solo tiene dos condenas en Estados Unidos, sino que adem\u00e1s recibi\u00f3 un castigo menor por declararse culpable y entregar informaci\u00f3n. Sus antecedentes fueron limpiados \u2014seg\u00fan explic\u00f3\u2014 debido a su rol como informante. Ese dato, explosivo por donde se lo mire, dej\u00f3 sin margen de maniobra a La Libertad Avanza, que solo atin\u00f3 a sostener un discurso defensivo que ya no convenc\u00eda a nadie.
A diferencia del caso Capitanich, donde Romero se\u00f1al\u00f3 que se lo puede criticar por errores pol\u00edticos pero no por impedimentos judiciales, la situaci\u00f3n de Villaverde est\u00e1 atravesada por hechos penales concretos, no por diferencias ideol\u00f3gicas. Ese es el punto inc\u00f3modo para un oficialismo acostumbrado a reducir todo conflicto a una supuesta \u201cguerra cultural\u201d contra el kirchnerismo. Esta vez no funciona. Esta vez los papeles hablan.
La neuquina Silvia Sapag cerr\u00f3 la jornada con una frase que sintetiza el clima pol\u00edtico de la comisi\u00f3n: \u201cEstamos a tiempo de impedir que alguien con problemas de narcotr\u00e1fico ocupe una banca en el Senado\u201d. No es una exageraci\u00f3n ni un slogan, sino la constataci\u00f3n de que el Estado argentino no puede darse el lujo de habilitar a una dirigente cuyo nombre aparece repetidamente en expedientes judiciales de otro pa\u00eds. La propia Sapag record\u00f3 que los cuerpos legislativos tienen la potestad de rechazar pliegos y que delegar esa decisi\u00f3n en un juez ser\u00eda renunciar a una responsabilidad institucional hist\u00f3rica.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei observa c\u00f3mo se desploma, pieza por pieza, la arquitectura pol\u00edtica que intentaba sostener en el Senado. La defensa de Villaverde no solo lo deja pegado a un caso de narcotr\u00e1fico, sino que expone la incapacidad del oficialismo para construir mayor\u00edas sin recurrir a presiones, chicanas o maniobras ejecutadas de apuro. Es un s\u00edntoma m\u00e1s de un gobierno que se niega a aceptar l\u00edmites y que, en nombre de la \u201ccasta\u201d, termin\u00f3 abrazado a una figura cuyos v\u00ednculos con el crimen organizado son tan graves como innegables.
El 28 de noviembre ser\u00e1 un d\u00eda clave. Ese d\u00eda, cuando se realice la sesi\u00f3n de jura de los nuevos legisladores, se definir\u00e1 si Villaverde queda definitivamente afuera. La oposici\u00f3n est\u00e1 convencida de que los votos alcanzan y sobran. El oficialismo apuesta a \u00faltimo momento a un milagro pol\u00edtico que, a esta altura, parece tan improbable como insostenible. Lo que est\u00e1 en juego no es solo una banca: es la credibilidad institucional de un pa\u00eds que ya no soporta m\u00e1s zonas grises frente al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
Fuente <\/p>\n\n\n\n
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