{"id":11021,"date":"2025-11-14T08:37:22","date_gmt":"2025-11-14T11:37:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/?p=11021"},"modified":"2025-11-14T08:41:14","modified_gmt":"2025-11-14T11:41:14","slug":"tremendo-el-gobierno-de-milei-avanza-sobre-la-ley-de-glaciares-para-habilitar-el-extractivismo-minero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/tremendo-el-gobierno-de-milei-avanza-sobre-la-ley-de-glaciares-para-habilitar-el-extractivismo-minero\/","title":{"rendered":"\u00a1Tremendo! El gobierno de Milei avanza sobre la Ley de Glaciares para habilitar el extractivismo minero"},"content":{"rendered":"\n<p>El Ejecutivo acelera modificaciones clave de la Ley Nacional de Glaciares para liberar zonas hoy restringidas por razones ambientales. La maniobra, respaldada por provincias mineras y lobbies transnacionales, aumenta el riesgo de p\u00e9rdida de agua dulce y profundiza la crisis socioambiental que atraviesa la Argentina.<\/p>\n\n\n\n<p>En un contexto de presi\u00f3n internacional por minerales cr\u00edticos y de un alineamiento pol\u00edtico con intereses extractivos externos, el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma que reducir\u00eda la protecci\u00f3n de glaciares y \u00e1reas periglaciares. La flexibilizaci\u00f3n permitir\u00eda el avance de proyectos de cobre y litio en zonas donde hoy est\u00e1n prohibidos, ignorando alertas cient\u00edficas, antecedentes judiciales y compromisos clim\u00e1ticos internacionales. Organizaciones ambientales denuncian un retroceso hist\u00f3rico y advierten que millones de argentinos podr\u00edan quedar expuestos a un riesgo h\u00eddrico irreversible.<\/p>\n\n\n\n<p>La ofensiva del gobierno de Javier Milei sobre la Ley Nacional de Glaciares constituye uno de los mayores retrocesos ambientales de los \u00faltimos a\u00f1os en la Argentina. El texto normativo, sancionado en 2010 luego de un largo proceso de movilizaci\u00f3n social y cient\u00edfica, fue dise\u00f1ado para proteger no solo a los glaciares como cuerpos de hielo identificables, sino tambi\u00e9n a todo el ambiente periglaciar que regula el agua en regiones \u00e1ridas y semi\u00e1ridas. Esa arquitectura legal es hoy el blanco del Ejecutivo, que busca modificarla para habilitar actividades extractivas en zonas donde est\u00e1n expresamente prohibidas. Y la maniobra no es menor ni t\u00e9cnica: es una decisi\u00f3n pol\u00edtica deliberada que responde a presiones mineras, compromisos internacionales y un discurso de \u201cdesarrollo\u201d que oculta el alt\u00edsimo costo ambiental y social que podr\u00edan pagar millones de argentinos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">Nadie est\u00e1 tomando magnitud de lo que significa que vienen por la Ley de Glaciares.<br>Y nadie, digo, de la clase pol\u00edtica ni periodistas.<br><br>Su modificaci\u00f3n implica su destrucci\u00f3n (si no por qu\u00e9  modificar\u00edan una norma que los protege).<br>Los glaciares son nuestra fuente de agua. <a href=\"https:\/\/t.co\/imyqCpg2FL\">pic.twitter.com\/imyqCpg2FL<\/a><\/p>&mdash; Enrique Viale (@EnriqueViale) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/EnriqueViale\/status\/1989143615831175513?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 14, 2025<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>El gobierno argumenta que la Ley de Glaciares \u201ccarece de precisi\u00f3n\u201d, que su definici\u00f3n del ambiente periglaciar es demasiado amplia y que numerosos proyectos extractivos quedaron paralizados por interpretaciones supuestamente excesivas. Sin embargo, cualquier modificaci\u00f3n sustancial a esa definici\u00f3n implicar\u00eda una reducci\u00f3n de \u00e1reas protegidas y, por lo tanto, la apertura de territorios sensibles a explotaciones que hist\u00f3ricamente han generado contaminaci\u00f3n, drenaje \u00e1cido y destrucci\u00f3n irreversible de cuerpos de hielo. No se trata de especulaciones ni de slogans ambientalistas: existen antecedentes concretos, como el caso del proyecto Pascua-Lama de Barrick Gold, cuya actividad afect\u00f3 glaciares en San Juan y provoc\u00f3 multas e investigaciones que en su momento sacudieron a la industria minera.<\/p>\n\n\n\n<p>La ley vigente protege alrededor de 17.000 glaciares distribuidos en m\u00e1s de 8.400 km\u00b2. Estos cuerpos de hielo no son solo esculturas naturales. Act\u00faan como aut\u00e9nticas reservas estrat\u00e9gicas de agua dulce, regulando el caudal de r\u00edos que abastecen a aproximadamente el 70% de la poblaci\u00f3n. En regiones dominadas por la aridez, como Cuyo o el Noroeste argentino, su rol es vital para la agricultura, el abastecimiento urbano y la estabilidad hidrol\u00f3gica. Pero en plena crisis clim\u00e1tica, cuando las temperaturas globales elevadas aceleran el retroceso glaciar en todo el planeta, flexibilizar su protecci\u00f3n es una decisi\u00f3n que roza lo suicida. Parad\u00f3jicamente, 2025 fue declarado por la UNESCO como el A\u00f1o Internacional de los Glaciares, y mientras el mundo debate c\u00f3mo reforzar su preservaci\u00f3n, el gobierno argentino avanza en sentido contrario.<\/p>\n\n\n\n<p>Las modificaciones que impulsa el oficialismo buscan limitar el alcance del inventario glaciar a cuerpos de hielo mayores a una hect\u00e1rea, con m\u00e1s de dos a\u00f1os de antig\u00fcedad y en zonas sin presencia de roca activa o escombros. Esa actualizaci\u00f3n aparentemente t\u00e9cnica eliminar\u00eda de facto miles de glaciares peque\u00f1os que cumplen funciones h\u00eddricas esenciales. Adem\u00e1s, permitir\u00eda que regiones antes consideradas parte del ambiente periglaciar queden liberadas a proyectos de miner\u00eda a cielo abierto, petr\u00f3leo y gas. Seg\u00fan estimaciones difundidas por organizaciones ambientales, entre el 30% y el 50% del \u00e1rea actualmente protegida podr\u00eda quedar expuesta a la explotaci\u00f3n con cianuro y sustancias t\u00f3xicas.<\/p>\n\n\n\n<p>Detr\u00e1s de la narrativa del gobierno sobre \u201cmodernizar\u201d la ley se esconde un fuerte compromiso con intereses transnacionales. Provincias como San Juan, Catamarca y Salta llevan a\u00f1os alineadas con las demandas de empresas mineras, y el Ejecutivo de Milei encontr\u00f3 en ese frente provincial una plataforma para profundizar la desregulaci\u00f3n. El impulso no es local ni espont\u00e1neo: desde junio de 2025, y con m\u00e1s intensidad tras la reelecci\u00f3n presidencial, el gobierno firm\u00f3 acuerdos comerciales estrat\u00e9gicos con los Estados Unidos, que buscan garantizar el acceso a minerales cr\u00edticos como el cobre y el litio para la transici\u00f3n energ\u00e9tica. Ese alineamiento, que en los papeles se vende como una oportunidad para atraer inversiones millonarias, implica en la pr\u00e1ctica relegar la soberan\u00eda ambiental y exponer zonas fr\u00e1giles a un modelo extractivo que ya fracas\u00f3 en m\u00faltiples regiones del mundo.<\/p>\n\n\n\n<p>La presi\u00f3n sobre la Ley de Glaciares no es nueva. Durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016 se intent\u00f3 modificarla, impulsado por el lobby de la C\u00e1mara Argentina de Empresarios Mineros y por compa\u00f1\u00edas como Barrick Gold. Aquella ofensiva no prosper\u00f3 debido a la fuerte movilizaci\u00f3n social y a un clima pol\u00edtico menos permeable a la desregulaci\u00f3n absoluta. En ese entonces, miles de ciudadanos, activistas, cient\u00edficos y legisladores defendieron la norma, logrando que la Corte Suprema, en un fallo de 2019, declarara su constitucionalidad y reafirmara el car\u00e1cter de \u201cderecho colectivo\u201d del agua. Hoy el escenario es distinto: con un Ejecutivo dispuesto a gobernar por decreto y un Congreso fragmentado, el riesgo de que se imponga un cambio regresivo es significativamente mayor.<\/p>\n\n\n\n<p>El gobierno de Milei busca una flexibilizaci\u00f3n normativa que permita reactivar decenas de emprendimientos frenados por la ley. Seg\u00fan cifras disponibles, existen alrededor de 53 proyectos mineros en R\u00edo Negro y m\u00e1s de 35 en San Juan que est\u00e1n paralizados o en evaluaci\u00f3n debido a la normativa vigente. Para las empresas, estos proyectos representan miles de millones de d\u00f3lares en potenciales exportaciones; para las comunidades locales, representan un peligro real de contaminaci\u00f3n, p\u00e9rdida de fuentes de agua y agravamiento de conflictos socioambientales que ya han escalado en distintas provincias. Lo que se presenta como un \u201cobst\u00e1culo para el desarrollo\u201d es, en realidad, una protecci\u00f3n vital para poblaciones enteras cuya subsistencia depende del agua que proviene del deshielo.<\/p>\n\n\n\n<p>La narrativa oficial insiste en que la actual ley es \u201cantidesarrollo\u201d y que sus restricciones desalientan inversiones extranjeras. Pero lo que este argumento omite es que la protecci\u00f3n h\u00eddrica no es un lujo ideol\u00f3gico: es una cuesti\u00f3n de supervivencia. Argentina ya enfrenta ciclos de sequ\u00edas cada vez m\u00e1s intensos, p\u00e9rdida de caudales y problemas severos en cuencas cr\u00edticas. Cualquier contaminaci\u00f3n producida por miner\u00eda a gran escala tendr\u00eda efectos de largo plazo, afectando no solo a comunidades cercanas sino tambi\u00e9n a regiones enteras que dependen de los r\u00edos nacidos en los Andes.<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de la gravedad del tema, el debate p\u00fablico es escaso. Los medios hegem\u00f3nicos apenas cubren el impacto real de estas modificaciones. Y la clase pol\u00edtica, atrapada entre negociaciones fiscales, presiones internas y gobernadores que buscan d\u00f3lares frescos, guarda un silencio preocupante. En ese vac\u00edo informativo, las advertencias de especialistas, cient\u00edficos, ONGs y organizaciones socioambientales son un recordatorio urgente de que lo que est\u00e1 en juego no es un tecnicismo legal, sino el equilibrio ecol\u00f3gico de gran parte del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Las reacciones sociales frente a este avance son polarizadas. En plataformas digitales, especialmente en X, organizaciones ambientalistas, cient\u00edficos y ciudadanos expresan su alarma ante la posibilidad de un retroceso hist\u00f3rico. Por otro lado, defensores del libre mercado y sectores vinculados a actividades extractivas celebran el impulso oficial, a pesar de que ignoran \u2013o minimizan deliberadamente\u2013 el impacto hidrol\u00f3gico que tendr\u00eda eliminar protecciones. La divisi\u00f3n no es menor: expone una grieta profunda entre quienes conciben la naturaleza como un recurso infinitamente explotable y quienes entienden que, sin agua, no hay econom\u00eda que sobreviva.<\/p>\n\n\n\n<p>El gobierno avanza r\u00e1pido. Las modificaciones podr\u00edan concretarse mediante decreto, aprovechando la amplitud con la que Milei utiliza herramientas de excepci\u00f3n para sortear debates legislativos. Ese ritmo vertiginoso es parte del problema: reformas estructurales que requieren an\u00e1lisis cient\u00edfico, consenso federal y participaci\u00f3n ciudadana podr\u00edan ser aprobadas sin discusi\u00f3n real. El Ejecutivo repite que busca \u201cdar seguridad jur\u00eddica\u201d, pero lo que realmente garantiza es libertad absoluta para corporaciones que ven en los glaciares un obst\u00e1culo f\u00edsico que deben remover, no un ecosistema que deben respetar.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando se analiza el fondo del asunto, la pregunta es simple pero brutal: \u00bfqu\u00e9 gana la Argentina si pierde sus glaciares? El gobierno promete d\u00f3lares y crecimiento, pero no explica qui\u00e9n pagar\u00e1 el costo. La experiencia internacional muestra que los pa\u00edses que apostaron a la miner\u00eda intensiva sin salvaguardas ambientales enfrentan hoy pasivos ecol\u00f3gicos gigantescos, zonas inhabitables, acu\u00edferos contaminados y crisis sociales de gran escala. Insistir en ese modelo en pleno siglo XXI es no solo irresponsable, sino directamente incompatible con la protecci\u00f3n de derechos humanos b\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo que est\u00e1 en riesgo no es una ley, sino el agua dulce del pa\u00eds. Y en una Argentina golpeada por el ajuste, la inflaci\u00f3n y el deterioro social, la entrega de bienes comunes a intereses extractivos extranjeros constituye un cap\u00edtulo m\u00e1s de un proyecto pol\u00edtico que privilegia la rentabilidad corporativa por encima de la vida. El debate sobre la Ley de Glaciares deber\u00eda estar en el centro de la agenda p\u00fablica. En cambio, se intenta resolver entre despachos, gobernadores alineados y acuerdos internacionales que invisibilizan a las personas que dependen de ese recurso vital.<\/p>\n\n\n\n<p>En tiempos donde la crisis clim\u00e1tica avanza sin pausa, retroceder en materia de protecci\u00f3n ambiental no es solo un error: es una negligencia hist\u00f3rica. Y es responsabilidad de la sociedad exigir que el agua no sea sacrificada en nombre de promesas de desarrollo que nunca llegan a quienes m\u00e1s las necesitan.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Ejecutivo acelera modificaciones clave de la Ley Nacional de Glaciares para liberar zonas hoy restringidas por razones ambientales. La maniobra, respaldada por provincias mineras y lobbies transnacionales, aumenta el riesgo de p\u00e9rdida de agua dulce y profundiza la crisis socioambiental que atraviesa la Argentina. 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