Juli\u00e1n de Diego, abogado de compa\u00f1\u00edas como Rappi y asesor del secretario de Trabajo, impulsa un proyecto que flexibiliza las condiciones laborales y recorta derechos. El Gobierno niega cualquier conflicto de intereses, mientras los especialistas advierten un sesgo patronal y un retroceso de d\u00e9cadas en materia de protecci\u00f3n al trabajador.
El nuevo borrador de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei toma el modelo de las plataformas digitales como referencia para precarizar el empleo registrado. Con ampliaci\u00f3n de jornada, pago en cuotas de indemnizaciones y eliminaci\u00f3n de derechos b\u00e1sicos, el texto escrito por el abogado de las empresas de delivery representa la reedici\u00f3n m\u00e1s cruda del menemismo: desregulaci\u00f3n, desigualdad y un Estado al servicio del capital.
La historia parece repetirse, pero con un guion todav\u00eda m\u00e1s brutal. En el centro del nuevo proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei aparece el nombre de Juli\u00e1n de Diego, un abogado con amplio recorrido en la defensa de grandes empresas y asesor legal de la aplicaci\u00f3n Rappi. El mismo hombre que en los a\u00f1os noventa redact\u00f3 la ley de ART \u2014m\u00e1s tarde declarada inconstitucional por la Corte Suprema\u2014 vuelve a ocupar un lugar estrat\u00e9gico en la reconfiguraci\u00f3n del mercado laboral argentino. Esta vez, con la venia de la \u201crevoluci\u00f3n libertaria\u201d.
El texto en preparaci\u00f3n, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en diciembre, plantea cambios de fondo que atentan directamente contra la protecci\u00f3n del trabajo. Entre sus puntos centrales figuran la ampliaci\u00f3n de la jornada laboral de ocho a doce horas, el pago en cuotas de las indemnizaciones por despido y la posibilidad de abonar parte del salario con tickets canasta. Tambi\u00e9n prev\u00e9 la flexibilizaci\u00f3n de la negociaci\u00f3n colectiva \u2014que dejar\u00eda de ser por actividad para pasar a ser por empresa\u2014 y la creaci\u00f3n de un \u201cbanco de horas\u201d que permitir\u00eda alterar los tiempos de descanso sin compensaci\u00f3n econ\u00f3mica.
En palabras del propio De Diego, \u201cel salario debe ser din\u00e1mico, ajustado a la productividad\u201d. Lo que suena a modernizaci\u00f3n no es m\u00e1s que el eufemismo de siempre: eliminar los pisos de derechos y debilitar la capacidad de negociaci\u00f3n de los trabajadores. Detr\u00e1s del discurso de eficiencia y meritocracia, se esconde la intenci\u00f3n de instaurar un r\u00e9gimen laboral a la medida de las corporaciones.
El v\u00ednculo entre De Diego y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no es casual. Ambos provienen del mismo universo empresarial: el primero asesora a multinacionales como Adecco y Manpower; el segundo trabaj\u00f3 para Techint y la Uni\u00f3n Industrial Argentina antes de desembarcar en el gobierno. Desde el oficialismo aseguran que \u201cno hay conflicto de intereses\u201d, pero el argumento resulta insostenible cuando quienes redactan las normas son los mismos que litigan contra los derechos laborales.
El abogado laboralista Luis Ram\u00edrez lo defini\u00f3 con claridad: \u201cNo veo reproche \u00e9tico a que trabajen juntos, pero el sesgo patronal del proyecto es evidente\u201d. En efecto, el equipo que impulsa la reforma no oculta su prop\u00f3sito. De Diego, con d\u00e9cadas de experiencia en \u201cajustar costos laborales\u201d, es ahora la pluma detr\u00e1s del documento que promete \u201cmodernizar\u201d la relaci\u00f3n laboral, lo que en la pr\u00e1ctica significa retroceder un siglo en conquistas obreras.
El modelo de las plataformas digitales, lejos de ofrecer soluciones, se erige como el ejemplo m\u00e1s n\u00edtido de la precarizaci\u00f3n. Rappi, Glovo o Uber construyeron un esquema en el que los trabajadores son falsamente \u201cindependientes\u201d, sin cobertura sindical, sin aportes previsionales y con la amenaza constante de perder su fuente de ingreso con un clic. En lugar de regular estas actividades para garantizar derechos, el gobierno libertario busca expandir ese formato al conjunto del mercado laboral.
La Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo lleva a\u00f1os advirtiendo sobre los riesgos de ese sistema y promueve la firma de un convenio que proteja a quienes trabajan bajo plataformas digitales. Pero el borrador que circula en la Secretar\u00eda de Trabajo va en la direcci\u00f3n opuesta: trasladar el modelo de explotaci\u00f3n sin v\u00ednculo formal al resto de las relaciones laborales.
Desde que la Ley Bases allan\u00f3 el terreno, el oficialismo se siente con la legitimidad suficiente para avanzar. Aquel paquete legislativo ya hab\u00eda eliminado sanciones por empleo en negro, extendido el per\u00edodo de prueba y restringido el derecho de huelga. Ahora, el nuevo texto pretende completar la obra: consolidar una econom\u00eda de servicios de bajo costo y trabajadores reemplazables.
El discurso oficial insiste en que \u201cel mercado se autorregula\u201d y que \u201clas nuevas modalidades de empleo son el futuro\u201d. Pero detr\u00e1s de esa narrativa se oculta una pol\u00edtica deliberada para desarmar el tejido social. La ampliaci\u00f3n de la jornada laboral a doce horas o el pago fraccionado de indemnizaciones no responden a la innovaci\u00f3n, sino a la l\u00f3gica del castigo. Y el Estado, lejos de proteger, se convierte en el garante del desequilibrio.
En los noventa, De Diego fue uno de los art\u00edfices de la flexibilizaci\u00f3n menemista. Treinta a\u00f1os despu\u00e9s, el libreto no cambi\u00f3: ajuste sobre los asalariados, beneficios fiscales para los grandes grupos y una ret\u00f3rica que culpa a los sindicatos por la falta de competitividad. Solo que ahora el contexto es m\u00e1s dram\u00e1tico: millones de trabajadores informales, una econom\u00eda estancada y una dirigencia que celebra la destrucci\u00f3n del derecho laboral como si fuera una gesta heroica.
El resultado es previsible. Con cada nueva \u201creforma\u201d, los empresarios ganan poder de despido y los trabajadores pierden herramientas de defensa. La llamada \u201cmodernizaci\u00f3n\u201d es, en realidad, la institucionalizaci\u00f3n de la precariedad. Y el hecho de que uno de los redactores de la norma sea asesor de Rappi simboliza la captura completa del Estado por intereses privados.
Milei promete \u201clibertad\u201d mientras entrega la legislaci\u00f3n a los estudios jur\u00eddicos de las corporaciones. El Ejecutivo niega los conflictos de intereses, pero no puede ocultar la contradicci\u00f3n: un abogado de las plataformas digitales dise\u00f1a la reforma laboral que afectar\u00e1 a todos los argentinos. La supuesta eficiencia del mercado se paga con la desprotecci\u00f3n de los que menos tienen.
Si en los noventa se habl\u00f3 de \u201cflexibilizaci\u00f3n\u201d, hoy habr\u00eda que hablar de desposesi\u00f3n. Un gobierno que considera al trabajador un costo y al empresario un h\u00e9roe no construye un pa\u00eds, sino un campo de batalla social. El proyecto que se presentar\u00e1 en diciembre marca un antes y un despu\u00e9s: la entrega formal de los derechos laborales en nombre del libre mercado.
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