El diputado Maximiliano Ferraro anunci\u00f3 el cierre de la etapa investigativa sobre la criptomoneda LIBRA y adelant\u00f3 nuevas denuncias contra funcionarios del gobierno de Javier Milei, acusados de incumplimiento de deberes p\u00fablicos y encubrimiento. El informe final se presentar\u00e1 el 18 de noviembre en el Congreso.
Tras tres meses de trabajo y once reuniones, la Comisi\u00f3n Investigadora sobre la criptomoneda LIBRA concluy\u00f3 la primera fase de su labor con un expediente de m\u00e1s de diez cuerpos que ser\u00e1 remitido al juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano. Ferraro anticip\u00f3 que presentar\u00e1n un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y denuncias formales contra funcionarios libertarios por obstaculizar la investigaci\u00f3n.
La investigaci\u00f3n parlamentaria sobre la criptomoneda LIBRA se convirti\u00f3 en uno de los cap\u00edtulos m\u00e1s inc\u00f3modos para el gobierno de Javier Milei. Lo que comenz\u00f3 como una comisi\u00f3n de rutina termin\u00f3 exponiendo tensiones dentro del oficialismo y serios cuestionamientos al accionar de la Justicia y del Poder Ejecutivo. Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisi\u00f3n Investigadora, confirm\u00f3 que el 18 de noviembre se presentar\u00e1 el informe final con conclusiones y recomendaciones tras tres meses de trabajo intenso y un bloqueo inicial por parte del oficialismo libertario.
Durante la etapa investigativa, la Comisi\u00f3n mantuvo once reuniones, recab\u00f3 documentaci\u00f3n de exchanges, organismos p\u00fablicos y expertos en criptoactivos, consolidando un voluminoso expediente de diez cuerpos que revela la complejidad y la magnitud del caso. Seg\u00fan Ferraro, las pruebas reunidas ser\u00e1n remitidas al juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, aunque ambos se encuentran tambi\u00e9n bajo la lupa del Congreso por presunto mal desempe\u00f1o y falta de colaboraci\u00f3n.
\u201cEsta comisi\u00f3n dio pasos concretos para evitar que el caso se diluya o se cierre sin explicaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 Ferraro en un mensaje p\u00fablico. La advertencia no es menor: en los \u00faltimos meses, el gobierno de Milei mostr\u00f3 escaso inter\u00e9s en colaborar con las investigaciones que podr\u00edan comprometer a funcionarios cercanos al Ministerio de Justicia. Entre los se\u00f1alados por la Comisi\u00f3n figuran Mariano C\u00faneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Roberto Silva, Paulo Starc y Sergio Morales, todos acusados de incumplimiento de deberes y obstaculizaci\u00f3n deliberada del proceso.<\/p>\n\n\n\n
La gravedad institucional del caso se amplifica con la decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, luego de que la Sala I de la C\u00e1mara de Apelaciones rechazara el uso de la fuerza p\u00fablica solicitado para obtener documentaci\u00f3n clave. Esta maniobra judicial, seg\u00fan Ferraro, \u201cbusca garantizar el derecho a la verdad y evitar que el caso LIBRA se transforme en otro expediente perdido en los cajones del poder\u201d.
El esc\u00e1ndalo tambi\u00e9n salpica al \u00e1mbito digital. En las \u00faltimas horas, la Comisi\u00f3n libr\u00f3 un oficio a Google para identificar la titularidad de la cuenta que cre\u00f3 el formulario utilizado para registrar a supuestas PyMEs beneficiarias del proyecto LIBRA, una maniobra que podr\u00eda haber sido usada para simular operaciones y desviar fondos. La trazabilidad de esos formularios, as\u00ed como los datos de acceso, se transformaron en piezas clave para reconstruir la ruta del dinero.
Detr\u00e1s de este caso emerge una cuesti\u00f3n pol\u00edtica m\u00e1s profunda: el modo en que el gobierno libertario gestiona las investigaciones que lo involucran. La falta de cooperaci\u00f3n institucional, el bloqueo de medidas judiciales y la demora en la entrega de informaci\u00f3n p\u00fablica son s\u00edntomas de una administraci\u00f3n que, mientras predica transparencia, acumula denuncias por opacidad y encubrimiento. LIBRA se convierte as\u00ed en una met\u00e1fora dolorosa \u2014no literaria, sino real\u2014 de un modelo de gesti\u00f3n que promete libertad pero cultiva el secretismo.
Ferraro insisti\u00f3 en que el Congreso tiene la responsabilidad de evitar que el caso se cierre en silencio: \u201cEl derecho a saber de las sociedades debe estar garantizado, y vamos a sostenerlo hasta el final\u201d. Sin embargo, la incertidumbre domina el horizonte. El v\u00ednculo entre la pol\u00edtica, las criptomonedas y la falta de controles estatales abre una caja de Pandora donde se mezclan intereses econ\u00f3micos, negligencia institucional y complicidades judiciales.
El informe final que se presentar\u00e1 el 18 de noviembre promete ser explosivo. No s\u00f3lo revelar\u00e1 los hallazgos de la investigaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n los nombres de quienes, desde el poder, intentaron desviar o entorpecer el curso de la verdad. En un contexto donde el gobierno de Milei acumula denuncias por desmantelar organismos de control y silenciar voces cr\u00edticas, el caso LIBRA puede transformarse en un test de fuego para medir hasta d\u00f3nde llega su tolerancia al escrutinio p\u00fablico.
Si el oficialismo apuesta al desgaste o al olvido, la Comisi\u00f3n LIBRA parece decidida a resistir. En un pa\u00eds donde la corrupci\u00f3n suele camuflarse bajo discursos de eficiencia y austeridad, la verdad todav\u00eda tiene precio, y alguien deber\u00e1 pagarlo.<\/p>\n\n\n\n