El gobierno de Javier Milei oficializ\u00f3 un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas y modific\u00f3 el sistema de facturaci\u00f3n, atando los precios al d\u00f3lar y favoreciendo a las empresas del sector energ\u00e9tico. Las asociaciones de consumidores advierten que se trata de una privatizaci\u00f3n encubierta que agrava la desigualdad y multiplica las deudas familiares.<\/p>\n\n\n\n
Desde el 1 de noviembre, las boletas de electricidad y gas comenzaron a reflejar el nuevo esquema tarifario impulsado por el Ejecutivo. Casi la mitad de los costos quedan dolarizados y el Estado se retira de su rol regulador. Expertos en defensa del consumidor advierten sobre la desprotecci\u00f3n social y la falsa transparencia en los mecanismos de medici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Con la excusa de \u201cregularizar\u201d el mercado, el gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su cruzada de liberalizaci\u00f3n total: las tarifas de luz y gas ya no se calculan en pesos, sino en funci\u00f3n del d\u00f3lar. Las boletas, que hasta hace pocos meses se presentaban como un reflejo del consumo familiar, ahora se convirtieron en un espejo del tipo de cambio. La motosierra econ\u00f3mica avanza sin pausa sobre los hogares argentinos, especialmente tras el \u00faltimo resultado electoral, con un nuevo golpe al bolsillo que consolida el ajuste m\u00e1s severo en d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n
El Ejecutivo dispuso, mediante las resoluciones 744\/2025 y 745\/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), un incremento promedio del 3,6% en las tarifas de Edenor y Edesur, adem\u00e1s de cambios sustanciales en la forma de medir y facturar el consumo. Apenas unos d\u00edas antes, hab\u00eda autorizado una suba similar del 3,8% en el gas. Lo que en apariencia parece un ajuste menor, en realidad representa un cambio estructural: el 43% de la tarifa el\u00e9ctrica pasa a estar directamente dolarizada.<\/p>\n\n\n\n
Osvaldo Bassano, titular de la Asociaci\u00f3n de Usuarios y Consumidores (Adduc), fue tajante: \u201cLos aumentos van a ser serios, a ra\u00edz de la regularizaci\u00f3n que determin\u00f3 el Ejecutivo con una privatizaci\u00f3n absoluta del mercado el\u00e9ctrico nacional\u201d. La advertencia no es menor. Con esta decisi\u00f3n, el gobierno elimina las \u00faltimas barreras que imped\u00edan a las empresas trasladar las variaciones del d\u00f3lar directamente a los usuarios. El resultado es previsible: la energ\u00eda se transforma en un bien de lujo, inaccesible para millones de familias que ya sufren el impacto de la inflaci\u00f3n y los salarios pulverizados.<\/p>\n\n\n\n
La nueva pol\u00edtica tarifaria no discrimina entre clases sociales. Como reconoci\u00f3 Bassano, \u201cva a perjudicar a toda la sociedad y m\u00e1s a\u00fan a los de menos recursos\u201d. Fernanda Lacey, abogada de la Uni\u00f3n de Usuarios y Consumidores (UUyC), remarc\u00f3 que \u201cel ajuste en los servicios p\u00fablicos ya est\u00e1 por encima de la inflaci\u00f3n, al menos en un punto\u201d. Lo dijo con precisi\u00f3n t\u00e9cnica pero con preocupaci\u00f3n palpable: las audiencias p\u00fablicas establec\u00edan que los incrementos deb\u00edan acompa\u00f1ar el \u00edndice de precios al consumidor (IPC), pero el gobierno libertario los liber\u00f3 de esa referencia.<\/p>\n\n\n\n
El impacto sobre los hogares es devastador. Los estudios realizados por las entidades de defensa del consumidor muestran que, seg\u00fan el nivel de quita de subsidios, las facturas aumentar\u00e1n entre 3 y 12 puntos. Esto ocurre en un contexto donde los problemas de facturaci\u00f3n son moneda corriente: mediciones estimativas, errores en las tomas, irregularidades en cargos fijos y variables. Como se\u00f1al\u00f3 Bassano, \u201clas informaciones del gobierno nunca son reales, porque dependen del consumo y del retiro de subsidios\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El cambio m\u00e1s profundo llega de la mano de la Resoluci\u00f3n 730\/2025, que modifica el per\u00edodo de facturaci\u00f3n para todos los usuarios residenciales. A partir de ahora, el consumo se medir\u00e1 y cobrar\u00e1 mensualmente, y no cada dos meses como ocurr\u00eda hasta ahora. Seg\u00fan el ENRE, esto busca \u201ctransparencia\u201d y \u201cclaridad\u201d para los usuarios. Sin embargo, las asociaciones de consumidores no fueron consultadas y advierten sobre un efecto contrario: \u201cLa unificaci\u00f3n de la lectura y el cobro mensual va a crear un corrimiento respecto a los meses anteriores\u201d, advirti\u00f3 Bassano.<\/p>\n\n\n\n
El nuevo esquema tambi\u00e9n traslada costos adicionales. La abogada Lacey se pregunt\u00f3: \u201c\u00bfQui\u00e9n va a asumir el costo extra de la lectura de los medidores cada mes? \u00bfTambi\u00e9n los usuarios?\u201d. En la pr\u00e1ctica, el gobierno descarga sobre las familias un gasto m\u00e1s, al mismo tiempo que se desentiende del control del servicio. Todo queda en manos de las empresas, que ahora cuentan con libertad absoluta para ajustar precios, modificar estructuras de cobro y aplicar aumentos seg\u00fan la evoluci\u00f3n del d\u00f3lar.<\/p>\n\n\n\n
Los incrementos no s\u00f3lo se miden en porcentaje, sino en drama social. Seg\u00fan Bassano, entre el 20 y el 28% de los usuarios del pa\u00eds arrastran deudas con las distribuidoras de gas o directamente sufren cortes de servicio. \u201cEn barrios populares llegan boletas de 200 mil pesos. Los medidores, en vez de medir, corren\u201d, grafic\u00f3. La frase no es una met\u00e1fora: refleja la distorsi\u00f3n y la injusticia de un sistema que castiga al usuario mientras garantiza rentabilidad a las empresas.<\/p>\n\n\n\n
La pol\u00edtica energ\u00e9tica de Milei es clara: desregulaci\u00f3n total, dolarizaci\u00f3n parcial y subsidios concentrados. En los hechos, el Estado se corre de su rol de protector de los sectores vulnerables. Lacey detall\u00f3 que los usuarios de menores ingresos, identificados como N1 y N3, a\u00fan mantienen una parte del costo de generaci\u00f3n subsidiada en un 40% o 50%. Pero el discurso oficial anuncia el fin de esos subsidios. Cuando llegue ese momento \u2014inevitable bajo la l\u00f3gica libertaria\u2014 el golpe recaer\u00e1 nuevamente sobre los hogares trabajadores, los jubilados y las peque\u00f1as econom\u00edas regionales que dependen de tarifas accesibles para sostener su actividad.<\/p>\n\n\n\n
El problema no es s\u00f3lo econ\u00f3mico, sino pol\u00edtico. Detr\u00e1s de la ret\u00f3rica de la \u201ceficiencia del mercado\u201d se esconde la vieja receta neoliberal: transferencia de recursos desde los bolsillos de la ciudadan\u00eda hacia los balances empresariales. El gobierno sostiene que la liberalizaci\u00f3n \u201ccorrige distorsiones\u201d y \u201cfomenta la competencia\u201d, pero la experiencia argentina demuestra lo contrario. Cada vez que el Estado renunci\u00f3 a regular el sector energ\u00e9tico, los precios se dispararon, los servicios se deterioraron y las ganancias privadas se multiplicaron.<\/p>\n\n\n\n
El discurso oficialista intenta justificar la dolarizaci\u00f3n bajo la idea de \u201ctransparencia tarifaria\u201d, como si la referencia en moneda extranjera asegurara previsibilidad. Pero lo \u00fanico que garantiza es inestabilidad: en un pa\u00eds con tipo de cambio vol\u00e1til, las tarifas dolarizadas se convierten en una bomba de tiempo para las econom\u00edas familiares. Mientras tanto, el gobierno se desentiende de los mecanismos de control, y el ENRE se limita a publicar resoluciones que consagran la desregulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La dolarizaci\u00f3n de la energ\u00eda tambi\u00e9n tiene un fuerte impacto simb\u00f3lico. Es la expresi\u00f3n m\u00e1s pura del modelo de Javier Milei: un pa\u00eds en el que el d\u00f3lar reemplaza al peso no s\u00f3lo como referencia econ\u00f3mica, sino como s\u00edmbolo de poder. La energ\u00eda, que deber\u00eda ser un derecho b\u00e1sico, se transforma en una mercanc\u00eda dolarizada accesible s\u00f3lo para quienes puedan pagarla. Y quienes no puedan, quedar\u00e1n a oscuras, literalmente.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno podr\u00eda argumentar que los ajustes son necesarios para reducir el d\u00e9ficit fiscal y \u201cordenar las cuentas p\u00fablicas\u201d. Pero el costo social es inconmensurable. Las familias se endeudan, los servicios se encarecen, y el Estado abandona a quienes no pueden cubrir las necesidades m\u00ednimas. Lo que se presenta como \u201cracionalizaci\u00f3n\u201d es, en realidad, una transferencia brutal de ingresos hacia las empresas privatizadas, que ahora disfrutan de un marco legal hecho a medida.<\/p>\n\n\n\n
Los especialistas en defensa del consumidor insisten en que la pol\u00edtica energ\u00e9tica deber\u00eda tener una orientaci\u00f3n social, no financiera. \u201cNo se puede hacer mucho porque los criterios actuales van camino a un mercado el\u00e9ctrico completamente desregulado\u201d, reconoci\u00f3 Lacey. La frase, aunque resignada, resume la gravedad del panorama: el pa\u00eds avanza hacia un modelo en el que el acceso a la energ\u00eda depender\u00e1 del poder adquisitivo, no de las necesidades humanas.<\/p>\n\n\n\n
Mientras las boletas llegan recargadas, el gobierno celebra la \u201ceficiencia\u201d de un sistema que excluye y empobrece. En nombre de la libertad de mercado, Milei consagra un modelo de dependencia econ\u00f3mica y desigualdad social. La dolarizaci\u00f3n de la energ\u00eda no es s\u00f3lo una decisi\u00f3n t\u00e9cnica: es un proyecto pol\u00edtico. Y su resultado ya se siente en los hogares argentinos, donde la luz encendida se convierte en un lujo y el derecho a la energ\u00eda, en un privilegio.<\/p>\n\n\n\n