Dos d\u00e9cadas despu\u00e9s del femicidio de Mar\u00eda Florencia Morello, la p\u00e9rdida de pruebas gen\u00e9ticas clave expone la descomposici\u00f3n del sistema judicial santafesino. La madre de la v\u00edctima exige justicia y denuncia el abandono del Estado, mientras la fiscal\u00eda intenta reparar, con disculpas tard\u00edas, a\u00f1os de negligencia e indiferencia.
El caso de Florencia Morello, una joven de 21 a\u00f1os violada y asesinada cuando iba a trabajar en Santa Fe en 2005, vuelve a estremecer al pa\u00eds. Las pruebas gen\u00e9ticas que pod\u00edan identificar al femicida se perdieron, y la fiscal general del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA) pidi\u00f3 perd\u00f3n a la familia. La madre, Blanca Cuatr\u00edn, reclama que se reabra la investigaci\u00f3n y se juzgue a los responsables pol\u00edticos y judiciales de dos d\u00e9cadas de impunidad.
El femicidio de Mar\u00eda Florencia Morello es una herida abierta en la memoria colectiva. Ten\u00eda apenas 21 a\u00f1os, estudiaba arquitectura y trabajaba como moza para sostenerse mientras cursaba en la capital santafesina. El 1\u00b0 de octubre de 2005 sali\u00f3 de su casa rumbo al trabajo, pero nunca lleg\u00f3. Horas m\u00e1s tarde la encontraron agonizando, golpeada, violada y con signos de haber sido atacada con una brutalidad que a\u00fan hoy resulta insoportable de describir. Muri\u00f3 cinco d\u00edas despu\u00e9s, y veinte a\u00f1os m\u00e1s tarde su crimen sigue impune.
La justicia no solo no encontr\u00f3 al responsable: perdi\u00f3 las pruebas gen\u00e9ticas que pod\u00edan identificarlo. No se trata de un error t\u00e9cnico, sino de una muestra brutal de c\u00f3mo el Estado argentino sigue fallando cuando se trata de investigar femicidios. La madre de la v\u00edctima, Blanca Cuatr\u00edn, lo resumi\u00f3 con una frase que duele y averg\u00fcenza: \u201cLo que m\u00e1s me doli\u00f3 fue que no me avisaran, me enter\u00e9 por un periodista\u201d.
Esa frase deber\u00eda ser un grito en los despachos oficiales. No hay excusa para la negligencia institucional que atraviesa este caso. Durante a\u00f1os, la familia reclam\u00f3 por la desaparici\u00f3n de las muestras biol\u00f3gicas tomadas del cuerpo y de la ropa de Florencia. Esas pruebas, que eran clave para determinar qui\u00e9n la viol\u00f3 y asesin\u00f3, se esfumaron de los laboratorios judiciales sin que nadie pudiera explicar c\u00f3mo ni por qu\u00e9.
La Fiscal General del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA), Mar\u00eda Cecilia Vranicich, finalmente se reuni\u00f3 con la madre de Florencia para pedir disculpas y prometer que el caso ser\u00e1 reabierto. El gesto es correcto, pero llega veinte a\u00f1os tarde. En una Argentina que repite promesas mientras reduce presupuestos, el perd\u00f3n sin reparaci\u00f3n es una forma de impunidad.
El caso lleg\u00f3 a la C\u00e1mara de Diputados provincial, donde el legislador Fabi\u00e1n Palo Oliver present\u00f3 un pedido de informes para que el MPA detalle el destino de las pruebas perdidas y las responsabilidades administrativas por semejante irregularidad. El reclamo tambi\u00e9n apunta a saber si los funcionarios judiciales actuaron con la debida diligencia o si contribuyeron, con sus omisiones, a consolidar la impunidad.
Mientras tanto, Blanca Cuatr\u00edn sigue marchando, denunciando y sosteniendo la memoria de su hija. \u201cFlorencia era una chica inquieta, solidaria, quer\u00eda viajar, trabajar, vivir\u201d, recuerda. Su historia qued\u00f3 detenida por un sistema que no supo \u2014o no quiso\u2014 protegerla. Lo \u00faltimo que conserva de ella es el pasaporte, entregado veinte d\u00edas antes del crimen, cuando su hija so\u00f1aba con una oportunidad en el exterior.
Pero no hay exilio posible frente al dolor. Y no hay justicia en un pa\u00eds donde las v\u00edctimas de femicidio se acumulan en estad\u00edsticas mientras los gobiernos recortan presupuestos y cierran programas de asistencia. Bajo la administraci\u00f3n de Javier Milei, el desmantelamiento de pol\u00edticas p\u00fablicas destinadas a prevenir y acompa\u00f1ar situaciones de violencia de g\u00e9nero agrava a\u00fan m\u00e1s un escenario de abandono. Sin recursos, sin capacitaci\u00f3n y sin perspectiva de g\u00e9nero, la respuesta estatal se reduce a comunicados vac\u00edos y gestos medi\u00e1ticos.
El femicidio de Florencia Morello no es una excepci\u00f3n: es la norma. Un caso m\u00e1s en una larga cadena de violencias que revelan un patr\u00f3n de impunidad estructural. Las investigaciones mal hechas, los expedientes extraviados, los archivos sin notificaci\u00f3n, los fiscales que piden disculpas cuando ya no hay pruebas: todo eso forma parte de un engranaje que perpet\u00faa el dolor y el silencio.
A veinte a\u00f1os, la palabra femicidio no puede perder su sentido pol\u00edtico. Nombrar es denunciar: el cuerpo de Florencia fue violentado en un pa\u00eds donde la justicia no protege, y donde los gobiernos, en lugar de reparar, ajustan. En una Argentina empobrecida, con mujeres y diversidades cada vez m\u00e1s vulnerables, el abandono estatal tambi\u00e9n mata.
Hoy, cuando la fiscal\u00eda promete reabrir el caso, lo que est\u00e1 en juego no es solo la b\u00fasqueda del femicida, sino la dignidad institucional de un Estado que debe rendir cuentas. La historia de Florencia Morello es la historia de miles: la de las que no llegaron, la de las que fueron olvidadas, la de las que todav\u00eda esperan justicia en un pa\u00eds que parece haberse acostumbrado a convivir con el horror.
La impunidad no es inevitable, pero requiere decisi\u00f3n pol\u00edtica. Y esa decisi\u00f3n, en tiempos de Milei, parece cada vez m\u00e1s lejana.
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