El Gobierno nacional confirm\u00f3 que no aplicar\u00e1 la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero vetada por el presidente Javier Milei, y lo hizo con un tono de autosuficiencia que esconde una pol\u00edtica de ajuste sostenido sobre el sistema educativo p\u00fablico. En la Comisi\u00f3n de Presupuesto de la C\u00e1mara de Diputados, el Secretario de Educaci\u00f3n, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Pol\u00edticas Universitarias, Alejandro \u00c1lvarez, defendieron el proyecto de Presupuesto 2026 asegurando que las partidas para el \u00e1rea tendr\u00e1n un \u201caumento real del 7%\u201d y que las universidades podr\u00e1n \u201ccubrir todas sus necesidades\u201d. Sin embargo, lo que presentaron como una expansi\u00f3n de recursos es, en realidad, la consolidaci\u00f3n de un modelo de desfinanciamiento bajo un relato de eficiencia y meritocracia individual.<\/p>\n\n\n\n
Durante su exposici\u00f3n, Torrendell insisti\u00f3 en que \u201caumentar el gasto estatal\u201d no basta para mejorar los niveles educativos y que las pol\u00edticas de las \u00faltimas d\u00e9cadas se basaron en \u201cun gasto p\u00fablico descontrolado que profundiz\u00f3 la dependencia de las personas del Estado\u201d. Con esa afirmaci\u00f3n, el funcionario expuso la matriz ideol\u00f3gica de un gobierno que concibe la educaci\u00f3n como una carga fiscal m\u00e1s que como una inversi\u00f3n social. Sostuvo que \u201cdebemos gastar menos, pero invertir m\u00e1s en cada persona concreta\u201d, apelando a un discurso que busca justificar la reducci\u00f3n de fondos bajo el pretexto de la eficiencia individual. En los hechos, el proyecto prev\u00e9 un aumento nominal del 17,6% en inversi\u00f3n educativa con una inflaci\u00f3n proyectada de 10,1%, lo que seg\u00fan los funcionarios representa un incremento real del 7%. El problema es que esa cifra parte de un piso presupuestario extremadamente bajo, luego de dos a\u00f1os de recortes y congelamientos que deterioraron salarios docentes, infraestructura y programas de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Torrendell asegur\u00f3 adem\u00e1s que se prev\u00e9 una \u201cinversi\u00f3n fuerte adicional\u201d en el plan nacional de alfabetizaci\u00f3n y mejoras en la formaci\u00f3n docente. Pero el anuncio se diluye frente a un contexto en el que las universidades nacionales denuncian la par\u00e1lisis de proyectos, la falta de recursos b\u00e1sicos y la imposibilidad de mantener servicios esenciales. Seg\u00fan el Consejo Interuniversitario Nacional, las universidades necesitan al menos 7,3 billones de pesos para garantizar su funcionamiento en 2026, pero el presupuesto oficial apenas contempla unos 4,8 billones. Esa diferencia no es un tecnicismo contable: significa menos becas, menos investigaci\u00f3n, menos infraestructura y menos oportunidades educativas para cientos de miles de estudiantes.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, el Subsecretario de Pol\u00edticas Universitarias, Alejandro \u00c1lvarez, se encarg\u00f3 de desmentir lo que defini\u00f3 como una \u201ccampa\u00f1a del miedo\u201d. \u201cNo cerr\u00f3 ninguna universidad ni renunciaron 10.000 docentes\u201d, asegur\u00f3 con tono desafiante. \u201cLes traigo buenas noticias: el sistema tiene 198 mil docentes, cuando iniciamos la gesti\u00f3n hab\u00eda 196 mil. Tampoco hay \u00e9xodo\u201d, agreg\u00f3. Sin embargo, su negaci\u00f3n de un supuesto \u00e9xodo docente opera como una distracci\u00f3n que oculta el verdadero problema: la precarizaci\u00f3n laboral, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo y la sobrecarga de trabajo que enfrentan quienes sostienen el sistema educativo a pulm\u00f3n. Que no haya despidos masivos no implica que no haya ajuste. Hay docentes con salarios por debajo de la l\u00ednea de pobreza, carreras sin presupuesto y universidades que funcionan con aportes extraordinarios o donaciones.<\/p>\n\n\n\n
Al abordar la decisi\u00f3n de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, los funcionarios intentaron justificar lo injustificable. \u00c1lvarez argument\u00f3 que la oposici\u00f3n \u201cnunca dijo de d\u00f3nde deber\u00edan salir los fondos\u201d y que financiar una ley sin fuente definida ser\u00eda \u201cun acto de ilegalidad\u201d. Torrendell remat\u00f3 la idea con una iron\u00eda: \u201cPor m\u00e1s que el Parlamento vote la derogaci\u00f3n de la Ley de Gravedad, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo\u201d. La frase, tan provocadora como arrogante, resume la l\u00f3gica con la que el oficialismo busca blindar su decisi\u00f3n pol\u00edtica detr\u00e1s de un supuesto rigor fiscal. La ley, aprobada con mayor\u00eda legislativa, establec\u00eda un mecanismo de financiamiento progresivo para garantizar previsibilidad a las universidades. El veto presidencial, mantenido con orgullo, es una se\u00f1al clara de desprecio por la autonom\u00eda universitaria y por la voluntad democr\u00e1tica expresada en el Congreso.<\/p>\n\n\n\n
Mientras Milei y sus funcionarios hablan de eficiencia, lo que se profundiza es un vaciamiento sistem\u00e1tico. La ret\u00f3rica de que \u201caumentar el gasto no mejora la educaci\u00f3n\u201d se transforma en un dogma que desresponsabiliza al Estado y pone en manos del mercado la suerte del conocimiento. Se reemplaza el principio de la educaci\u00f3n como derecho por el de la educaci\u00f3n como inversi\u00f3n individual. Esa l\u00f3gica, que se disfraza de \u201clibertad\u201d, encubre un modelo en el que el acceso a la universidad p\u00fablica ser\u00e1 cada vez m\u00e1s desigual y dependiente de la capacidad econ\u00f3mica de cada familia.<\/p>\n\n\n\n
Los funcionarios tambi\u00e9n insistieron en que \u201cno hay ajuste con despidos\u201d, pero omiten que el ajuste puede tomar muchas otras formas. Puede ser un presupuesto que no cubre la inflaci\u00f3n, salarios que se lic\u00faan mes a mes, laboratorios que no reponen insumos, becas que se recortan o suspenden, edificios que se deterioran. El ajuste silencioso avanza cuando se asfixia financieramente a las instituciones y se obliga a las universidades a elegir entre pagar la luz o sostener las clases.<\/p>\n\n\n\n
La negativa del gobierno a implementar la Ley de Financiamiento Universitario es una decisi\u00f3n pol\u00edtica, no t\u00e9cnica. No se trata de una discusi\u00f3n contable sobre \u201cfuentes de financiamiento\u201d, sino de una definici\u00f3n de prioridades. Cuando se destina m\u00e1s dinero a subsidios para sectores concentrados, se reducen impuestos a corporaciones o se flexibiliza el gasto militar, mientras se restringen los fondos educativos, queda claro cu\u00e1l es el modelo de pa\u00eds que se impulsa.<\/p>\n\n\n\n