Mientras el gobierno de Javier Milei refuerza el discurso punitivista y represivo, dos gendarmes fueron detenidos por operar en una red de narcotráfico con 161 kilos de cocaína. La hipocresía de una gestión que pregona “mano dura”, pero deja a las fuerzas de seguridad fuera de control.
Una investigación que incomoda a la ministra Bullrich
El viernes pasado, dos integrantes del Escuadrón 52 “Tartagal” de la Gendarmería Nacional fueron imputados y detenidos con prisión preventiva por participar activamente en el tráfico de estupefacientes. Los implicados, el sargento primero Carlos Alberto Sorani y el cabo primero Alexis Iván Aguirre, acumulaban 26 y 13 años de servicio respectivamente. La acusación es contundente: actuaron como coautores en el transporte de 161 kilos de cocaína. Lejos de tratarse de un caso aislado, el hecho evidencia lo que desde hace tiempo diversas organizaciones denuncian: la corrupción estructural dentro de las fuerzas federales.
Este nuevo escándalo golpea de lleno a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien desde su asunción al frente del Ministerio viene desplegando una política de endurecimiento represivo, persecución a la protesta social y blindaje a las fuerzas federales, incluso frente a denuncias por violencia institucional. Pero el caso de Tartagal deja al desnudo las fisuras de ese discurso y expone cómo, mientras se criminaliza la pobreza y se reprime a trabajadores y estudiantes, sectores de las fuerzas de seguridad operan en las sombras como engranajes del narcotráfico.
El operativo que lo destapó todo
La investigación se remonta al 5 de mayo, cuando durante un control vehicular en Aguaray, Salta, efectivos del Escuadrón 54 detuvieron una Ford Ranger conducida por un taxista y su pareja. La camioneta contenía 173 paquetes de cocaína ocultos en un doble fondo: un total de 161 kilos. Ambos quedaron detenidos y fue entonces que la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Lourdes Milani comenzaron a tirar del hilo.
Las pruebas fílmicas de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el circuito de la operación, y allí aparecieron dos protagonistas inesperados: Sorani y Aguirre, miembros activos del Escuadrón 52. El primero era dueño del auto Chevrolet Cruze que hacía de «puntero» para la camioneta con la droga, y el segundo pagaba el seguro del vehículo utilizado para el transporte. La secuencia registrada mostró cómo ambos participaron en la logística previa al traslado del cargamento.
Fuerzas fuera de control, encubrimiento desde arriba
El caso Tartagal no es una excepción. Bajo la gestión de Bullrich, proliferan las denuncias por encubrimientos dentro de las fuerzas federales, muchas de las cuales son desestimadas o directamente negadas desde el Ministerio. El discurso de “guerra contra el narcotráfico” ha servido, en realidad, como excusa para desplegar una política de control social en los barrios populares, mientras se omite cualquier tipo de auditoría interna seria sobre la Gendarmería, Prefectura o Policía Federal.
En este contexto, la “mano dura” no se aplica contra las mafias verdaderas, sino contra los sectores más vulnerables. La impunidad con la que operaban estos dos gendarmes, a la vista de todos y con respaldo institucional indirecto, pone en cuestión el relato de eficiencia y transparencia que el gobierno de Javier Milei intenta instalar.
El cinismo del discurso libertario: represión para el pueblo, impunidad para los cómplices del narco
Mientras la ministra Bullrich despliega su maquinaria mediática acusando a movimientos sociales de “organizaciones criminales” y pretende catalogar a quienes luchan por sus derechos como “terroristas internos”, dentro de sus filas florece la complicidad narco. Este caso no solo compromete a los efectivos implicados, sino que exige una revisión completa del funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad que, bajo la bandera de la “seguridad ciudadana”, actúan muchas veces como actores del delito organizado.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos casos como este quedan impunes? ¿Qué grado de cobertura institucional hace falta para que dos gendarmes con años de servicio puedan participar de una operación tan compleja sin ser detectados por sus superiores? ¿Quién responde políticamente por este desastre?
Un Estado que persigue a los débiles y ampara a los corruptos
La detención de Sorani y Aguirre no solo es un caso judicial relevante. Es, sobre todo, una muestra clara de hacia dónde conduce la política de seguridad del gobierno de Milei: un aparato represivo dispuesto a criminalizar la protesta, pero incapaz –o directamente no interesado– en erradicar la corrupción dentro de sus propias filas.
Patricia Bullrich, lejos de dar explicaciones, continúa profundizando una agenda autoritaria que pone en riesgo los derechos democráticos, mientras la Gendarmería –institución bajo su órbita directa– aparece involucrada en uno de los delitos más graves que puede cometer una fuerza de seguridad: traficar droga.
La hipocresía como política de Estado
El gobierno de Javier Milei no combate el narcotráfico: lo encubre cuando proviene de sus aliados uniformados. No protege a la ciudadanía: la reprime y la somete a una doctrina del miedo que criminaliza la pobreza y silencia la disidencia. La detención de estos dos gendarmes en Tartagal debe ser un punto de inflexión. Pero no lo será mientras Bullrich siga al frente de un ministerio donde las verdaderas amenazas al Estado de Derecho no son combatidas, sino encubiertas.
Fuentes:
Ministerio Público Fiscal: https://www.fiscales.gob.ar/narcocriminalidad/tartagal-dos-gendarmes-del-escuadron-52-fueron-imputados-y-quedaron-detenidos-en-prision-preventiva-por-participar-de-un-transporte-de-161-kilos-de-cocaina/
Foto original de Gendarmería Nacional
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