El último Boletín Epidemiológico Nacional enciende las alarmas: enfermedades prevenibles con vacunas vuelven a circular en Argentina. El ajuste brutal al sistema de salud y el discurso antivacunas del oficialismo explican una crisis sanitaria evitable.
Mientras Javier Milei recorta presupuestos esenciales y da voz a discursos anticientíficos, el país retrocede décadas en materia de salud pública. El Ministerio de Salud confirma el resurgimiento de enfermedades que estaban controladas. ¿Hasta dónde llegará el experimento libertario?
Argentina enfrenta una peligrosa regresión sanitaria. El último Boletín Epidemiológico Nacional —publicado por el propio Ministerio de Salud el 28 de abril de 2025— confirma un aumento alarmante de casos de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas del territorio nacional: sarampión, paperas y hepatitis A. Lo que parecía parte del pasado médico del país, hoy vuelve a amenazar a las poblaciones más vulnerables. ¿La causa? Un cóctel explosivo de desfinanciamiento estatal, recortes a la salud pública, y la legitimación de discursos negacionistas sobre la vacunación desde el núcleo del poder.
Según el informe oficial, se registraron cinco casos confirmados de sarampión en lo que va del año, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vínculos epidemiológicos que indican circulación viral. En paralelo, los casos de paperas continúan en ascenso desde 2023, con más de 1.200 notificados solo en los primeros meses de 2025. La hepatitis A, una enfermedad que puede prevenirse fácilmente con una vacuna incorporada al calendario obligatorio, también muestra un preocupante aumento.
Frente a estos datos, el silencio del presidente Javier Milei y de su ministra de Salud, Mario Russo, resulta ensordecedor. A pesar de que el boletín es un documento oficial de su propia cartera, el Gobierno evita cualquier pronunciamiento público sobre el tema. No es casual. Milei ha sido un activo propagador de teorías conspirativas vinculadas a la vacunación. En múltiples entrevistas —entre ellas, una concedida a Tucker Carlson en 2023— expresó sospechas infundadas sobre las vacunas contra el COVID-19, llegando incluso a rechazar la vacunación obligatoria como política de Estado. Su círculo más cercano ha replicado estas posiciones, generando una peligrosa desconfianza social en la ciencia y las instituciones sanitarias.
Pero el problema no termina ahí. El plan de ajuste —eufemísticamente llamado “motosierra”— ha tenido consecuencias concretas y devastadoras sobre el sistema de salud. El Presupuesto 2025 recortó más del 28% en términos reales los fondos destinados al Ministerio de Salud respecto del año anterior. Se eliminaron o paralizaron programas fundamentales como el de inmunizaciones, la compra centralizada de vacunas y la asistencia logística a las provincias para campañas territoriales.
Este combo letal ya está mostrando sus consecuencias. Los datos preliminares del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la ANLIS-Malbrán, a los que accedió Página/12, indican un descenso de casi el 15% en la cobertura del esquema de vacunación infantil completo durante 2024. Se trata de un retroceso estructural que pone en riesgo la inmunidad colectiva y abre la puerta a rebrotes que podrían haberse evitado.
“Estamos viendo enfermedades que no deberían circular si la cobertura de vacunas se mantuviera alta”, señaló la infectóloga Elena Obieta en diálogo con El Destape. “Este Gobierno ha desmantelado las campañas de vacunación y relativizado su importancia. Eso es criminal”, sentenció. La advertencia no es exagerada: Argentina ya tuvo un brote de sarampión en 2019 después de casi 20 años sin circulación autóctona. La historia, bajo este nuevo paradigma ideológico, parece condenada a repetirse.
En redes sociales, el tema despertó una ola de indignación. El hashtag #VuelvenLasEnfermedades se volvió tendencia en X (ex Twitter), donde miles de usuarios vincularon el rebrote con las políticas del Gobierno libertario. “Este es el resultado de convertir la salud pública en un gasto innecesario”, escribió el periodista científico Federico Kukso. Otros recordaron las polémicas declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien afirmó en campaña que “los padres deberían decidir si vacunan o no a sus hijos”, desconociendo que la vacunación infantil en Argentina es obligatoria por ley desde 1983.
El desprecio por la salud pública no es accidental. Responde a una lógica ideológica que entiende al Estado como un estorbo y no como un garante de derechos. Para Milei, el individuo lo es todo, incluso cuando esa visión implica dejar librado al azar algo tan esencial como la protección frente a enfermedades infecciosas. Las consecuencias ya no son hipotéticas. Están ocurriendo.
Mientras el Gobierno se jacta de haber reducido el déficit fiscal, en los hospitales públicos se multiplican los faltantes de insumos, se interrumpen tratamientos crónicos y los trabajadores de la salud denuncian colapsos estructurales. Pero ahora, a ese paisaje desolador, se suma el regreso de enfermedades propias del siglo XIX.
En otras latitudes, el ejemplo de lo que ocurre en Argentina ya comienza a usarse como advertencia. La revista médica The Lancet publicó en marzo una nota donde analiza los efectos del populismo ultraliberal en los sistemas sanitarios de América Latina, citando específicamente los recortes de Milei como un “caso paradigmático de ideología por sobre la evidencia científica”.
La salud no es una mercancía. Es un derecho. Cuando el Estado se retira, las consecuencias son inmediatas y letales. Lo que hoy vemos en los boletines epidemiológicos no es un accidente ni una fatalidad. Es el resultado directo de decisiones políticas que priorizan el Excel del FMI sobre la vida de las personas. Y, como siempre, los primeros en pagar el precio son los sectores más vulnerables: niños, ancianos y quienes dependen exclusivamente de un sistema público que se está desmoronando.
Frente a la motosierra, el virus avanza. Y el Gobierno, una vez más, elige mirar para otro lado.
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