Por décadas, el acceso a la vivienda propia en Argentina ha sido una meta lejana para amplios sectores de la clase media y trabajadora. El PROCREAR, creado en 2012, vino a dar una respuesta concreta frente a esa necesidad estructural, combinando créditos accesibles, desarrollos urbanísticos y una lógica inclusiva de planificación estatal.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, fiel a su lógica de demolición del Estado, ha puesto fin al programa, dejando a miles de familias en el limbo y abriendo las puertas a un oscuro negocio inmobiliario privado.
Según reveló Página/12, el Ministerio de Economía conducido por Luis “Toto” Caputo decidió suspender los desembolsos para la construcción de viviendas del PROCREAR, y lo hizo sin previo aviso ni consideración alguna por los proyectos en curso. Esto paralizó más de 55 desarrollos urbanísticos en todo el país, dejando unas 6.000 viviendas sin terminar. La motosierra libertaria no distingue entre planes sociales, educación, ciencia o vivienda: todo lo que huela a Estado es un enemigo a eliminar.
El sueño interrumpido
Las imágenes que llegan desde distintos puntos del país son impactantes: edificios a medio terminar, viviendas habitadas por familias que aún viven sin servicios básicos, barrios que iban a ser hogares y hoy son escombros en pausa. Las constructoras que trabajaban en los desarrollos afirman que Nación dejó de pagarles en febrero, y no hubo ningún tipo de comunicación formal. El resultado es obvio: obras paralizadas, trabajadores despedidos, familias estafadas por un Estado que ya no se siente responsable de garantizar derechos.
El argumento oficial es que “los recursos son escasos” y “no hay plata”, el mantra con el que Milei justifica cada uno de sus recortes brutales. Pero el trasfondo de esta decisión va mucho más allá del ajuste fiscal. Tal como revela otra investigación de Página/12, detrás del desmantelamiento del PROCREAR se esconde un negocio privado tan millonario como opaco.
¿De la vivienda social al negocio inmobiliario?
Con el pretexto de “optimizar recursos” y eliminar “ineficiencias”, el gobierno libertario está poniendo en marcha un proceso de liquidación de terrenos fiscales que habían sido reservados para desarrollos habitacionales. Se trata de tierras del Estado nacional que, en lugar de destinarse a proyectos sociales de vivienda, están siendo revalorizadas y preparadas para la venta al mejor postor: empresas inmobiliarias, fondos de inversión y desarrolladores privados.
Este vaciamiento del PROCREAR no solo implica un brutal recorte de derechos, sino también una transferencia de recursos públicos a sectores concentrados del mercado. La lógica es clara: el Estado se retira, la tierra se privatiza, y el sueño de la casa propia se convierte en un privilegio de pocos. El acceso a la vivienda, que durante más de una década fue entendido como una política pública estratégica, vuelve a depender de la lógica del mercado, donde quien no puede pagar, simplemente queda afuera.
Una política que funcionaba
Lo más grave es que el PROCREAR era una política que había demostrado resultados concretos. Desde su creación, permitió construir más de 70 mil viviendas y generar más de 100 mil puestos de trabajo en todo el país. Fue uno de los programas más exitosos en términos de articulación federal, inversión en obra pública y dinamización de la economía real. Hoy, el modelo que priorizaba a las familias trabajadoras sobre los grandes jugadores del mercado inmobiliario está siendo desmontado con una violencia simbólica y material alarmante.
Las consecuencias son múltiples: desde el aumento del déficit habitacional hasta la caída del empleo en la construcción, pasando por la destrucción de tejido social en barrios que estaban comenzando a consolidarse. El daño es tan profundo como evitable.
El derecho a la vivienda, en jaque
El caso del PROCREAR es emblemático porque condensa la filosofía de gobierno de Javier Milei: la eliminación de todo lo que represente un rol activo del Estado en la vida de la sociedad. No importa si funciona, no importa si mejora la vida de millones: si lo gestó el Estado, debe morir.
Pero detrás de cada número que desaparece del presupuesto, hay personas reales. Familias que ahorraron, que planificaron su futuro, que ya estaban viviendo en las viviendas entregadas y ahora no tienen ni servicios ni respuestas. Ni siquiera la dignidad de una comunicación oficial. La motosierra de Milei no corta privilegios; corta derechos.
Frente a este panorama, crece la indignación social, se multiplican los reclamos y empieza a organizarse la resistencia. Porque una Argentina sin techo propio, sin planificación urbana, sin políticas públicas que garanticen el derecho a habitar, es una Argentina condenada a la exclusión y al negocio inmobiliario de unos pocos.
El sueño de la vivienda digna no puede depender del capricho de un presidente que desprecia al Estado y de un ministro de Economía con antecedentes de fracaso. Es hora de que la sociedad reclame no solo por el regreso del PROCREAR, sino por un modelo de país que priorice el bienestar colectivo por sobre la especulación inmobiliaria y la destrucción sistemática de lo público.
Fuentes:
- https://www.pagina12.com.ar/832427-la-motosierra-de-milei-y-caputo-le-puso-fin-al-plan-procrear
- https://www.pagina12.com.ar/832442-el-negocio-oculto-detras-del-desmantelamiento-del-procrear
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