Mientras la inflación no da tregua y crece el descontento social, el Gobierno profundiza su receta neoliberal con una suba permanente en la luz y el gas, blindando los intereses empresariales en detrimento del bolsillo popular.
El Ministerio de Economía, con la firma de Luis Caputo, aprobó un nuevo esquema tarifario que eleva las boletas de energía eléctrica y gas desde mayo y establece subas mensuales hasta 2027. Lejos de aliviar a la población, el gobierno de Javier Milei consolida su política de shock con un modelo que garantiza rentabilidad empresaria mientras la ciudadanía ajusta hasta el último centavo.
No fue una sorpresa. En medio del deterioro sostenido de la imagen presidencial y el alza persistente de la inflación, el Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo mazazo al bolsillo de los argentinos: aumentos mensuales en las tarifas de luz y gas durante los próximos cinco años. La medida, publicada en el Boletín Oficial y respaldada por resoluciones del ENRE, ENARGAS y la Secretaría de Energía, comienza a regir desde mayo con un alza inicial de entre el 2,4 y el 2,52 por ciento. Pero esto es apenas el comienzo de una escalada tarifaria cuidadosamente diseñada para favorecer al sector privado.
Con el pretexto de evitar “el deterioro del sistema energético” y “preservar el valor real de las tarifas”, el Ejecutivo implementará una fórmula automática de actualización ligada al Índice de Precios Mayorista (IPIM) y al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que garantiza que los aumentos estarán blindados frente a la inflación —la misma que no deja de castigar a millones de hogares. Este mecanismo de indexación perpetua no solo desnuda el desinterés oficial por los sectores más vulnerables, sino que también revela la esencia de su programa económico: asegurar rentabilidad empresarial a costa del consumo popular.
El discurso gubernamental de “sinceramiento” tarifario oculta una verdad incómoda. Como ha señalado la consultora Ecolatina, el 60% de la inflación actual se explica por decisiones del propio Gobierno, entre ellas la devaluación brutal de diciembre, la liberación de precios y la desregulación de sectores clave. El aumento de tarifas no es una medida aislada, sino parte de una estrategia integral de licuación del salario real y transferencia de recursos hacia los grandes grupos económicos.
La política energética del oficialismo responde al mismo dogma libertario que propugna el fin del Estado como regulador y garante del bienestar general. Bajo el eufemismo de la “emergencia energética”, Milei y Caputo reeditan las recetas del ajuste estructural de los años noventa: privatización de beneficios y socialización del esfuerzo. En este esquema, los usuarios ya no son ciudadanos con derechos, sino simples clientes condenados a pagar tarifas dolarizadas por servicios que se degradan.
La reacción social no se hizo esperar. En redes sociales, el descontento fue masivo. “Van por todo: los alimentos, la salud, las universidades y ahora la energía. Esto no es libertad, es saqueo”, escribió un usuario en X (ex Twitter), mientras el hashtag #AjusteSinFin escalaba entre las principales tendencias. Incluso medios afines al oficialismo reconocieron el impacto negativo de la medida: según una encuesta de CB Consultora, la imagen positiva de Milei cayó 6 puntos en abril, arrastrada por el malestar económico.
Lejos de atender las señales de alarma, el Gobierno profundiza su deriva autoritaria y antisocial. Mientras se congela el presupuesto universitario, se achican las partidas para jubilados y se eliminan subsidios al transporte, se garantiza a las empresas energéticas una recomposición en 30 cuotas mensuales que llegará hasta noviembre de 2027. Una ironía cruel en un país donde cada vez más personas deben elegir entre pagar la boleta de gas o llenar la olla.
El horizonte que plantea este esquema tarifario es de empobrecimiento sostenido. Las familias trabajadoras ya sufren un ajuste que no da tregua, con salarios que perdieron más del 25% de su poder adquisitivo en lo que va del año, según el CEPA. La suba constante de tarifas solo acelerará la caída del consumo y, con ella, la recesión que ya se percibe en todos los sectores de la economía real.
En definitiva, la política energética de Javier Milei no es técnica, ni gradual, ni inevitable. Es una decisión profundamente ideológica, que expresa el desprecio por lo público y la veneración por los mercados. Un proyecto de país donde el acceso a la energía, lejos de ser un derecho básico, se transforma en un lujo reservado para quienes puedan pagarlo.
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