Milei avanza sobre el derecho a huelga a pedido del poder económico y Daer sólo quiere negociar

La huelga en terapia intensiva: el gobierno avanza sobre el derecho laboral más sagrado.

Mientras el DNU 340/25 busca cercenar el derecho constitucional a la huelga, el gobierno de Milei tensa la cuerda con la CGT y sueña con una reforma laboral hecha a medida del poder económico. Héctor Daer se sienta a negociar, pero el conflicto social se agudiza.

El gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar sin disimulo contra uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: el derecho a huelga. A través del DNU 340/25, publicado esta semana, el Ejecutivo libertario redefine arbitrariamente qué actividades se consideran «esenciales» y “de importancia trascendental”, limitando gravemente las posibilidades de paralización por parte de los trabajadores. De un plumazo y sin discusión parlamentaria, la administración nacional pretende disciplinar al movimiento obrero y debilitar la herramienta más potente con la que cuenta cualquier trabajador para hacer valer sus reclamos.

En ese contexto de confrontación, el secretario general de la CGT y referente del gremio de Sanidad, Héctor Daer, mantuvo una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El encuentro —al que también asistió el ministro de Defensa, Luis Petri, debido al conflicto en el Hospital Naval por la amenaza de despido de más de 500 trabajadores— se produjo en paralelo a una movilización de ATE frente al Ministerio de Economía. El malestar gremial crece, pero el gobierno sigue apostando a la represión institucional de la protesta.

Lo insólito —o revelador— es que Daer, al ser consultado por el DNU que ataca el derecho a huelga, declaró que ese tema “no formó parte” del diálogo con Francos, porque había concurrido “en representación del gremio de Sanidad” por un conflicto específico. Una respuesta que deja sabor a poco, cuando lo que está en juego es la posibilidad misma de sostener luchas sindicales efectivas. Sin embargo, el dirigente anticipó que la CGT presentará la semana próxima un recurso de amparo ante la justicia laboral para frenar el decreto.

El plan Milei: disciplinar a los sindicatos y consolidar el ajuste

El DNU 340/25 forma parte de una ofensiva sistemática del gobierno libertario contra los derechos laborales. Ya lo había intentado con el decreto 70/2023, que fue parcialmente frenado en la justicia. Ahora, redobla la apuesta con una medida que, al declarar servicios esenciales a sectores como salud, educación y transporte, exige una cobertura del 75% en caso de huelga, mientras que en otros de “importancia trascendental” la actividad deberá mantenerse en al menos un 50%. Es decir, huelgas simbólicas, sin capacidad real de presión.

La CGT denunció la medida como un “intento de suprimir el derecho a huelga en Argentina sin debate ni análisis previo”. Y no exagera. Lo que se esconde detrás del tecnicismo de los porcentajes mínimos de prestación es una profunda concepción autoritaria, donde el conflicto laboral debe ser silenciado en nombre del “orden” y la “libertad de mercado”.

A esta altura, la estrategia gubernamental está clara: mientras ahoga presupuestariamente a las universidades, reprime las protestas sociales y profundiza el ajuste dictado por el FMI, busca reducir a su mínima expresión la capacidad de organización del movimiento obrero. ¿El objetivo final? Allanar el camino para una reforma laboral regresiva que garantice mayor precarización, contratos flexibles y despidos baratos. La famosa “modernización” del trabajo, al estilo de los 90.

Negociaciones, dilaciones y clima enrarecido

A pesar del endurecimiento oficial, desde el Ejecutivo apuestan a reactivar una postergada mesa de diálogo tripartita que incluya al Grupo de los Seis —el núcleo duro del empresariado nacional— y a la CGT. La idea es sentar las bases de una reforma laboral “consensuada”, que pueda ser presentada como fruto del diálogo y no de la imposición. Pero los tiempos no cierran: según fuentes oficiales, ese proceso no comenzaría antes de 2026.

Mientras tanto, el gobierno juega con fuego. Porque si bien Daer relativizó la posibilidad de una nueva convocatoria a paro general —“no hay clima para eso”, afirmó—, la tensión social es cada vez más visible. La bronca en las calles, las movilizaciones masivas, el hartazgo frente al ajuste salvaje y la inflación sin tregua, hacen que la pasividad tenga fecha de vencimiento.

La CGT aún debate internamente qué camino tomar: resistir desde lo jurídico, negociar desde lo institucional o empujar la protesta callejera. Lo cierto es que el gobierno de Milei ha logrado algo que parecía imposible: unificar al sindicalismo, incluso a los sectores más dialoguistas, frente a un enemigo común que no disimula su desprecio por los derechos laborales ni por los actores sociales que los defienden.

Fuente:

  • https://elauditor.info/informes-de-auditoria/el-gobierno-porteno-no-cumplio-con-el-cupo-laboral-del-5–para-personas-con-discapacidad_a683459d5dd148f87355b0769

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