En una intervención tan provocadora como imprecisa, Javier Milei vinculó la caída en la tasa de natalidad con la legalización del aborto, desoyendo las cifras oficiales y el análisis de especialistas que revelan una realidad mucho más compleja y estructural. ¿Ignorancia deliberada o estrategia para reinstalar una agenda conservadora?
Javier Milei lo hizo de nuevo. Esta vez, desde un escenario empresarial internacional como lo es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el presidente lanzó una afirmación tan polémica como inconsistente: “Ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad”, dijo al referirse a la legalización del aborto en el país. En su estilo característico, cargado de maximalismo moralista y dramatismo performático, agregó: “Nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres”.
El problema —uno más— es que esa afirmación no resiste el más mínimo contraste con la evidencia. Es, simple y llanamente, falsa. Y, lo que es más preocupante, forma parte de un patrón discursivo que busca erosionar derechos conquistados apelando a la emocionalidad, a los dogmas, y a un relato desconectado de los datos duros. Porque sí: la caída de la natalidad en Argentina es un fenómeno complejo, de largo aliento, que comenzó muchos años antes de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y que se explica por múltiples factores sociales, culturales y económicos.
Los números no mienten. Según la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad en el país —medida como nacidos vivos por cada mil habitantes— comenzó a descender en 2014. No en 2020. No después del aborto legal. No en la gestión de Alberto Fernández. En 2014. Y desde entonces, la caída fue sostenida. El último dato disponible, correspondiente a 2023, muestra una tasa de natalidad de 9,9, con 460.902 nacimientos registrados. Es un 48% menos que en el año 2000. Una curva descendente que se despliega sin interrupciones ni saltos dramáticos posteriores a la sanción de la IVE.
Más aún: el fenómeno tampoco es exclusivo de Argentina. Según datos del Banco Mundial, la baja natalidad es una tendencia global desde al menos 2016, especialmente pronunciada en América Latina. Países como Chile, Uruguay y Costa Rica también la padecen. ¿También será culpa del aborto legal en esos territorios? ¿O acaso estamos frente a un proceso de reconfiguración demográfica vinculado con profundas transformaciones sociales?
María de las Nieves Puglia, directora de Género de la organización Fundar, lo explica con claridad meridiana: “El descenso de la natalidad se vincula con varios factores, no existe un solo factor que explique por completo este fenómeno y definitivamente es imposible decir que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sea un causal porque el derrumbe de la natalidad sucede a partir de 2014 y la IVE se aprueba a fines de 2020”.
No es menor el dato de que, entre los factores que explican esta tendencia, se destacan avances que debieran celebrarse. El ingreso masivo de mujeres al mercado laboral, el aumento de la educación femenina —hoy mayoría en las universidades— y el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos, son motores de este cambio. En otras palabras, hay una toma de decisiones más informada, más autónoma y más libre por parte de las personas gestantes. Y eso, señor presidente, no es una tragedia. Es progreso.
Otra arista clave es la caída del embarazo adolescente, una de las noticias más positivas que ha dado la política pública en la última década. Según un informe del CIPPEC, los nacimientos en adolescentes disminuyeron un 10% sólo en 2023, lo que se traduce en una baja acumulada del 66% desde 2014. Entre mujeres con menor nivel educativo, el descenso es aún más impactante: 67% en la última década. Si tenemos en cuenta que la mayoría de estos embarazos no son deseados, el dato adquiere una potencia reveladora. Estamos ante una generación de jóvenes que tiene más herramientas para elegir si quiere o no ser madre, y cuándo. Y eso también se llama justicia social.
Dolores Dimier, docente del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, incluso desde una mirada más conservadora, reconoce la multicausalidad del fenómeno. Enumera factores como la dificultad de conciliar maternidad con la vida laboral, el aumento de vasectomías y ligaduras de trompas, e incluso transformaciones culturales que llevan a que muchos jóvenes imaginen proyectos de vida que no pasan necesariamente por la maternidad o la paternidad.
Pero nada de esto parece importarle a un presidente que prefiere montar su discurso en falacias de alto voltaje emocional. Su afirmación de que la legalización del aborto es responsable de la caída de la natalidad no sólo es científicamente insostenible, sino que es peligrosa. Porque opera como un dispositivo de manipulación que intenta instalar la idea de que los derechos conquistados son culpables de los “males” del presente. Una narrativa retrógrada que busca reinstalar la culpa, la vigilancia y la penalización del cuerpo de las mujeres y personas gestantes.
La jugada es clara: erosionar el consenso social que permitió la sanción de la ley IVE, en un contexto en el que los derechos sexuales y reproductivos vuelven a estar bajo amenaza. No es casual que se produzca en un gobierno que viene desfinanciando políticas de género, atacando la Educación Sexual Integral (ESI) y abrazando discursos fundamentalistas con los que se identifica cada vez más explícitamente.
El problema no es sólo el error factual de Milei. El problema es la intencionalidad política que hay detrás de ese error. El intento de construir un enemigo interno —la mujer autónoma, la joven que no quiere hijos, la médica que garantiza derechos— para reordenar la agenda pública en torno a valores conservadores. Mientras tanto, los datos, las estadísticas y los consensos científicos quedan sepultados bajo toneladas de ideología reaccionaria.
En definitiva, no se trata de discutir si tener más o menos hijos es bueno o malo. Se trata de defender el derecho a decidir. De reivindicar la maternidad como elección, no como destino impuesto. De reconocer que la caída de la natalidad puede ser síntoma de una sociedad que avanza, que piensa, que planifica y que busca horizontes más equitativos para todas las personas.
Lo que sí deberíamos lamentar, profundamente, es tener un presidente que desconoce —o peor aún, desprecia— la evidencia, y que en lugar de gobernar con datos, lo hace con dogmas. Porque eso también se paga. No con menos nacimientos, sino con más retrocesos.
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