El desmantelamiento del SNCTI avanza sin pausa: caída del 5,5% en el empleo público en ciencia y tecnología, con organismos claves como CONICET, INTI, INTA y ARSAT brutalmente afectados.
En solo 16 meses, el gobierno de Javier Milei eliminó 4.148 puestos de trabajo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El ajuste, lejos de ser quirúrgico, desmantela sectores estratégicos, erosiona capacidades estatales irreemplazables y exhibe un desprecio alarmante por la producción de conocimiento en Argentina. El informe oficial sobre evolución del empleo en CyT revela la verdadera profundidad del ataque: precarización, contratos caídos, becas suprimidas y organismos paralizados.
En silencio, sin cadena nacional ni conferencias teatrales, Javier Milei está ejecutando uno de los planes más cruentos contra la estructura científica del Estado argentino desde la recuperación democrática. Según el último informe de evolución del empleo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) —publicado el 30 de abril de 2025— ya se destruyeron 4.148 empleos en el sector desde que asumió el gobierno libertario. No se trata de recortes estéticos o reorganizaciones burocráticas: es un despido sistemático, masivo y selectivo de recursos humanos altamente calificados, formados por décadas con fondos públicos, que compromete seriamente la soberanía tecnológica y científica del país.
La cifra es impactante no solo por su volumen, sino por su naturaleza. No estamos hablando de cargos políticos, de estructuras superpuestas o de ñoquis —esos a los que Milei gusta denunciar sin pruebas en sus arengas—, sino de investigadores, becarios, técnicos, científicos, ingenieros y personal administrativo que sostenía el funcionamiento de instituciones nodales del aparato científico nacional. Un conocimiento que no se improvisa y que, cuando se destruye, deja un vacío que no se llena en años. En el mejor de los casos, lleva generaciones.
El CONICET, baluarte del desarrollo científico argentino, fue uno de los blancos predilectos del ajuste: perdió 1.513 puestos de trabajo. De ellos, 751 correspondían a becas de investigación y 762 a cargos bajo convenio (CIC-CPA, administrativos SINEP y otros). Solo en los últimos tres meses, el organismo registró una pérdida de 199 empleos. Un golpe quirúrgico, sin anestesia, a la columna vertebral del sistema.
Pero no fue el único. El INTI, esencial para el desarrollo industrial y tecnológico, perdió 734 puestos; el INTA, clave en el sector agropecuario, se achicó en 436 cargos. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología sufrió un recorte del 39,8%, y la Agencia I+D+i del 37,1%, cifras que representan un vaciamiento funcional. En términos proporcionales, la brutalidad del ajuste es alarmante: INTI (-23,5%), BNDG (-21,3%), FADEA (-21,9%), Dioxitek (-20,2%), ARSAT (-14%), entre otros.
Este no es un fenómeno menor. Implica la disolución de capacidades de innovación en sectores como el nuclear, el aeroespacial, la producción pública de medicamentos y vacunas, la ingeniería aplicada, la soberanía satelital y la investigación científica básica y aplicada. Las pérdidas no son meramente cuantitativas: son estratégicas.
La radiografía laboral del SNCTI muestra que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, el total del empleo público en el sector cayó de 75.051 a 70.903 puestos, un 5,5% menos. Si se observan los sectores específicos, la caída alcanza el 7,6% en los organismos de la Administración Pública Nacional (APN) y un 10,8% en las empresas y sociedades estatales, con un impacto demoledor en ARSAT, NASA, FADEA y otras compañías estratégicas.
Pero lo más grave no es solo lo que se perdió, sino lo que se desmantela. La mayoría de los contratos caídos no se renuevan, los becarios no son absorbidos por el sistema, y los salarios de quienes permanecen están congelados o retrasados, forzando jubilaciones anticipadas o renuncias masivas. Es una estrategia de expulsión encubierta: el Estado deserta de su responsabilidad y obliga a sus científicos a abandonar su carrera, el país o ambos.
A diferencia de lo que sostiene el discurso oficial, el sector privado no aparece como una alternativa viable. Carece de escala, de inversión sostenida y de capacidad para absorber ni siquiera una fracción del capital humano desplazado. No hay un Silicon Valley esperando a los despedidos del CONICET. Hay precarización, desempleo y fuga de cerebros.
Según los datos oficiales, el 82,1% del personal del SNCTI estaba alcanzado por algún Convenio Colectivo de Trabajo. La mayoría bajo el SINEP, un régimen que garantiza mínimos derechos laborales y estabilidad relativa. La destrucción de estos puestos no implica solo pérdida de empleo: es también un ataque a los marcos institucionales que ordenan el mundo del trabajo estatal en ciencia y técnica.
En las universidades nacionales, si bien no se registran caídas importantes en el período relevado, tampoco hay crecimiento. El sistema está congelado, sobreviviente. Los docentes con dedicación exclusiva apenas crecieron en 49 cargos respecto de 2023, una cifra irrisoria frente a la magnitud del ajuste en el resto del sistema. La aparente estabilidad universitaria se explica más por la inercia de los nombramientos que por una política de expansión o sostenimiento real.
El recorte es, además, profundamente contradictorio con las propias promesas del gobierno. Mientras se alardea con proyectos de modernización, se dinamita la infraestructura científica que podría sostenerlos. Mientras se habla de soberanía energética, se despide a los técnicos que mantienen en pie las centrales nucleares. Mientras se agita la bandera del desarrollo nacional, se achican las capacidades para lograrlo. No hay futuro tecnológico sin políticas públicas de ciencia y técnica. Y eso es precisamente lo que Milei está desmantelando con meticulosidad quirúrgica.
La destrucción no es casual ni improvisada. Responde a una ideología libertaria que niega el rol del Estado como motor del desarrollo, que desprecia la inversión pública y que reduce toda acción colectiva a una supuesta “eficiencia de mercado” que, en ciencia y tecnología, nunca existió. El vaciamiento del SNCTI es coherente con esa visión: convertir a la Argentina en un país sin ciencia, sin innovación propia, dependiente, importador de soluciones que no puede producir y sin capacidad de respuesta ante desafíos globales como pandemias, cambio climático o crisis energéticas.
Lo que está en juego es mucho más que un número. Cada puesto perdido es un laboratorio que se apaga, una línea de investigación que se interrumpe, un equipo técnico que se dispersa, un estudiante que pierde su tutor, una sociedad que renuncia a pensar su propio destino. En estos 16 meses, Javier Milei ha hecho más por destruir la ciencia argentina que décadas de desinversión acumulada.
Argentina está al borde de un apagón científico. Y si no se revierte el rumbo, ese apagón será estructural, largo y profundo. Porque una vez que se destruyen las capacidades estatales, no se reconstruyen de la noche a la mañana. Requieren años de inversión sostenida, planificación y compromiso político. Justamente lo que hoy brilla por su ausencia.
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