El gobierno de Javier Milei, fiel a su obsesión por desmantelar las conquistas sociales, volvió a usar el ariete del decreto de necesidad y urgencia para avanzar sobre uno de los pilares de la democracia sindical: el derecho a huelga. Con el DNU 340/2025, publicado sorpresivamente en el Boletín Oficial, no solo introdujo reformas regresivas en el régimen de la Marina Mercante, sino que aprovechó para incluir una modificación del capítulo de los Convenios Colectivos de Trabajo. La jugada es clara: cercenar la herramienta de lucha más poderosa que tienen los trabajadores para defenderse de los atropellos patronales.
Ante esta nueva ofensiva, la Confederación General del Trabajo (CGT) no tardó en reaccionar. La central obrera presentó un pedido de amparo sindical ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana. En el escrito, la CGT advierte sobre la inconstitucionalidad del decreto en varios frentes, comenzando por el más obvio: el Ejecutivo no puede legislar sobre derechos fundamentales a través de un DNU, mucho menos cuando el Congreso funciona con normalidad.
El planteo de la CGT no es menor. La dirigencia gremial sostuvo que este decreto viola directamente la Constitución Nacional, que en su artículo 99 inciso 3 establece que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo”, salvo en situaciones de urgencia excepcional. Pero aquí no hay ni urgencia ni necesidad, sino un intento deliberado de imponer por decreto lo que no se puede debatir ni aprobar en el Congreso por falta de legitimidad democrática.
Un decreto para disciplinar al movimiento obrero
El DNU 340 redefine de forma arbitraria los “servicios esenciales”, obligando a garantizar durante una huelga una cobertura mínima del 75% en esas áreas. A eso le suma una nueva categoría: las “actividades trascendentales”, para las cuales exige una cobertura del 50%. Esta modificación no es técnica, sino profundamente política: busca vaciar de contenido real al derecho a huelga. Si una huelga debe garantizar el 75% del servicio, ¿de qué huelga estamos hablando?
El objetivo es claro: neutralizar la capacidad de presión de los trabajadores, debilitando su poder negociador y, por ende, a las organizaciones sindicales. En lugar de garantizar derechos, el gobierno de Milei impone un modelo de relaciones laborales asimétrico, donde los empleadores concentran todo el poder y los trabajadores son reducidos a meros instrumentos de producción sin capacidad de resistencia.
La CGT fue tajante en su presentación: “la limitación (del derecho a huelga) debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”. Y no se trata de una exageración. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus Convenios 87 y 98 –ratificados por la Argentina y con rango constitucional–, establece con claridad que la huelga es un derecho inalienable de los trabajadores y una herramienta legítima de la acción sindical.
El déjà vu del DNU 70 y la insistencia del autoritarismo
Este no es el primer intento de Milei por legislar por decreto en detrimento de los derechos laborales. A días de asumir, el Presidente firmó el DNU 70/2023, con el que pretendió desarticular de un plumazo gran parte del andamiaje normativo del derecho del trabajo argentino. Aquella vez, la Justicia le puso un freno y declaró inconstitucional el capítulo laboral del decreto. Hoy, como un déjà vu siniestro, Milei vuelve a la carga, repitiendo la misma estrategia, aunque con un blanco más focalizado: el derecho a huelga.
El mensaje es alarmante: el Gobierno nacional no está dispuesto a respetar los límites que impone la división de poderes. El DNU 340 no solo burla al Congreso, sino también al Poder Judicial y al ordenamiento jurídico internacional al que la Argentina adhiere. En un contexto donde la crisis social se profundiza, el Ejecutivo busca reducir al silencio a los únicos actores sociales que aún tienen capacidad de movilización: los sindicatos.
Una respuesta que será en la Justicia, en la calle y en los lugares de trabajo
La CGT ya había anticipado su rechazo contundente a este nuevo ataque. En un comunicado publicado días atrás, la central afirmó que la resistencia se dará “en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo”, y advirtió que “la CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”.
Y tiene razón: lo que está en juego no es solo una modificación normativa, sino la estructura misma del derecho colectivo del trabajo argentino. La huelga no es solo una protesta: es una herramienta política, un derecho conquistado en las calles, consagrado en leyes y defendido en los convenios colectivos. Su restricción implica una mutilación del sistema democrático en su dimensión más profunda: la capacidad del pueblo trabajador de disputar poder.
Detrás del relato libertario, la consolidación del autoritarismo laboral
Lo más paradójico es que este ataque se da en nombre de la “libertad”. Pero ¿qué libertad puede existir si se coarta la posibilidad de defender los derechos? El relato libertario de Javier Milei se revela cada vez más como una coartada para imponer un régimen empresarial despótico, donde los trabajadores solo tienen derecho a obedecer. El DNU 340 es una pieza más de este engranaje autoritario que busca reducir el conflicto social a una anécdota administrada por decreto.
Milei no está reformando el país: lo está arrasando. Cada medida que toma desmantela un derecho, destruye una garantía o cercena una posibilidad de resistencia. Lo que no puede ganar por consenso, lo impone por decreto. Y lo que no puede silenciar con discursos, intenta sofocarlo con reformas regresivas. El movimiento obrero, en este contexto, no solo es un obstáculo: es el enemigo a derrotar.
Una pulseada que define el futuro
La presentación judicial de la CGT es solo el comienzo de una pulseada que promete ser larga y decisiva. La Justicia deberá decidir si convalida este intento del Ejecutivo de arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, o si se alinea con la defensa del Estado de derecho y los principios democráticos. Pero la disputa excede lo jurídico: se jugará también en la calle, en los gremios, en cada conflicto laboral que surja en el marco de esta ofensiva.
La historia argentina está plagada de intentos por disciplinar al movimiento obrero. Algunos fracasaron, otros dejaron heridas profundas. Pero si algo demostró la clase trabajadora en este país, es que no se deja domesticar fácilmente. Y frente a un gobierno que quiere avanzar como topadora sobre sus derechos, la respuesta será con la misma contundencia con la que se construyeron esas conquistas: con lucha, con organización y con resistencia.
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