El traslado de 19 genocidas a una cárcel “VIP” en Campo de Mayo destapó un nuevo escándalo en la gestión de Patricia Bullrich. Las sospechas sobre vínculos entre La Libertad Avanza y represores se intensifican. Diputados del peronismo presentaron un proyecto para exigir explicaciones. ¿Hasta dónde llegará el blindaje a los responsables del terrorismo de Estado?
Como si estuviésemos asistiendo a un retroceso en el tiempo, el gobierno de Javier Milei —por medio de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— acaba de concretar un movimiento tan repulsivo como alarmante: el traslado de 19 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad a una cárcel “VIP” ubicada en Campo de Mayo, epicentro simbólico de la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar. ¿Casualidad? Lo dudamos. ¿Provocación? Muy probablemente. ¿Plan de impunidad? Todo parece indicar que sí.
La denuncia pública fue realizada por la diputada nacional Cecilia Moreau a través de su cuenta de Twitter/X, con una contundencia que sacudió el tablero político: “Bullrich dio un paso más en el plan de impunidad”, sentenció, al tiempo que recordó una grave denuncia previa: la entrada irregular de legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para visitar a estos mismos genocidas. No se trataba, entonces, de un hecho aislado, sino de una línea de continuidad, un camino premeditado hacia la legitimación de privilegios para quienes deberían pudrirse en la cárcel común, sin ningún tipo de beneficio ni trato especial.
Es preciso subrayar que estos represores no son simples internos del sistema penitenciario. Son criminales de Estado, responsables de secuestros, torturas, desapariciones, apropiación de bebés, violaciones sistemáticas, robos de identidad, fusilamientos. Su condena social y judicial fue producto de décadas de lucha de organismos de derechos humanos, de madres y abuelas que aún buscan justicia y verdad. Trasladarlos a Campo de Mayo —una unidad con mejores condiciones, menor control y vínculos históricos con las Fuerzas Armadas— no es solo una decisión administrativa: es una afrenta directa al consenso democrático construido desde 1983.
Lo que resulta más preocupante es el contexto político en el que esta maniobra se concreta. No estamos hablando de una gestión cualquiera, sino de un gobierno que no oculta su desprecio por las políticas de memoria, verdad y justicia. Javier Milei ha elogiado públicamente a figuras ligadas al genocidio, ha negado el número de desaparecidos, ha relativizado los crímenes de la dictadura y ha promovido a funcionarios que defienden a represores. Bullrich, por su parte, ya venía mostrando señales inequívocas de esta orientación: desde sus declaraciones minimizando la represión en el pasado hasta su silenciosa complicidad con el acceso de diputados libertarios a cárceles para visitar represores.
La jugada parece clara: rehabilitar, paso a paso, una narrativa que justifique los crímenes del terrorismo de Estado y reinstale la teoría de los dos demonios. Pero en la Argentina de 2025, esa teoría ya fue demolida por la historia y por la justicia. Intentar revivirla no solo es ofensivo: es peligrosamente regresivo.
Por eso, la reacción de un amplio arco de diputados del peronismo y del progresismo no tardó en llegar. A través de un proyecto de resolución ingresado en la Cámara de Diputados, solicitaron la interpelación urgente de Patricia Bullrich. La iniciativa exige que la ministra dé explicaciones claras y detalladas, tanto sobre la autorización del traslado de estos condenados desde el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, como sobre las circunstancias que permitieron el ingreso irregular de legisladores a las unidades penitenciarias. La gravedad institucional es evidente.
Los firmantes del proyecto son más de treinta legisladores, entre los que se destacan Cecilia Moreau, Martín Soria, José Glinski, Hilda Aguirre, Martín Aveiro, Constanza Alonso, Florencia Carignano, y Carolina Yutrovic, entre otros. En conjunto, representan una porción significativa del bloque de Unión por la Patria, pero también el sentir de una sociedad que, más allá de las diferencias ideológicas, ha sostenido con esfuerzo una política de Estado en materia de derechos humanos.
El traslado de genocidas a un penal con condiciones especiales no es solo una cuestión carcelaria. Es una decisión profundamente política. Una señal que trasciende los muros de Campo de Mayo. Es una apuesta por legitimar el olvido, por reinstalar la impunidad, por dar vuelta la página sin haber leído ni comprendido sus consecuencias. Y, sobre todo, es una muestra más de que el gobierno libertario no está improvisando: tiene un rumbo definido, y ese rumbo implica barrer con los consensos democráticos construidos durante los últimos 40 años.
Ante esto, cabe preguntarse: ¿Qué busca Bullrich? ¿A quién quiere contentar con estos traslados? ¿Qué rol están jugando los diputados de La Libertad Avanza que visitan represores en la cárcel? ¿Es esto parte de un pacto tácito con sectores castrenses o una estrategia de provocación hacia los organismos de derechos humanos? Las respuestas aún son difusas, pero la dirección del movimiento es clara.
No estamos frente a una ministra desinformada o negligente. Bullrich sabe perfectamente lo que hace. Su historia personal, su trayectoria política y su alineamiento con la mano dura hablan por sí solos. Pero en este caso, no se trata solo de represión. Se trata de reconfigurar el sentido común, de reescribir el pasado a conveniencia del presente autoritario que impulsa el mileísmo.
La cárcel común para los genocidas no es un capricho ideológico. Es una conquista de la democracia. Renunciar a esa exigencia es abrirle la puerta al negacionismo, al privilegio y al olvido. Es entregar lo más sagrado que tenemos como sociedad: la memoria colectiva de un Nunca Más que no admite excepciones ni atajos.
Hoy más que nunca, es urgente gritar con fuerza lo que Cecilia Moreau expresó con claridad: “El único lugar para los genocidas es la cárcel común. No a los privilegios, no al olvido.”
Deja una respuesta