Pese a que existe una legislación clara, con plazos vencidos hace más de una década, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa sin cumplir con el cupo mínimo del 5% de empleo para personas con discapacidad en su planta permanente. Lo más alarmante: no solo no se alcanzó la meta legal, sino que en lugar de avanzar, los indicadores retrocedieron.
Así lo reveló un informe reciente de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), que auditó los años 2022 y 2023 y dejó en evidencia un flagrante incumplimiento del Poder Ejecutivo porteño, en directa contradicción con la Ley N° 1502, sancionada en 2004, y su prórroga, la Ley N° 3230, que fijó como fecha límite el año 2010.
Lejos de haber alcanzado el objetivo legal, en 2022 apenas el 1,2% del personal estatal tenía algún tipo de discapacidad, sobre un total de 139.525 empleados. Peor aún fue el desempeño en 2023: con 144.081 trabajadores, solo 1.295 eran personas con discapacidad, lo que representa un magro 0,9%. Una baja que pone de relieve no solo la falta de voluntad política, sino un retroceso inadmisible en términos de derechos humanos.
Una deuda con más de una década de mora
El mandato de la ley es claro: incorporar progresivamente hasta llegar al 5% de empleados con discapacidad en la administración pública. Incluso establecía un camino paulatino, con un 2% como meta intermedia durante los primeros dos años. Sin embargo, pasaron más de 15 años desde la fecha límite fijada por la norma, y el Gobierno de la Ciudad sigue incumpliendo.
Cabe recordar que este cupo no es un favor ni una dádiva, sino un derecho consagrado por la Constitución Nacional y la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires. En el artículo 41 de esta última se establece con claridad la necesidad de garantizar la equiparación de oportunidades, así como la integración laboral y social de personas con discapacidad.
La auditoría no dejó lugar a dudas: se revisaron datos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, abarcando escalafones generales, médicos, docentes, policías y el Instituto de Vivienda. En todos los casos, el Poder Ejecutivo no cumplió con la ley.
¿Dónde está la voluntad política?
En tiempos donde se multiplica el discurso sobre la eficiencia estatal y la modernización de la administración pública, este tipo de incumplimientos muestran otra cara del modelo de gestión. Una donde la inclusión no parece tener lugar. Donde las leyes se ignoran. Y donde las personas con discapacidad, lejos de ser protagonistas de políticas públicas transformadoras, siguen marginadas del acceso a un empleo digno en el propio Estado.
Más grave aún es que, pese a los informes oficiales y las reiteradas advertencias, ninguna gestión porteña desde 2010 ha tomado medidas eficaces para revertir esta situación. Ni siquiera se han planteado nuevos plazos o mecanismos de control más rigurosos. El silencio institucional es tan elocuente como preocupante.
Una lucha que sigue
El derecho al trabajo es clave para la autonomía, la integración social y la dignidad de las personas. Y cuando es el propio Estado el que incumple sus compromisos, el mensaje que se transmite es devastador: la desigualdad se institucionaliza.
No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de voluntad, de convicción política y de respeto por la ley y por la diversidad. La auditoría dejó expuesto un sistema que sigue reproduciendo barreras. Y lo que está en juego no son cifras, sino vidas, trayectorias y derechos sistemáticamente vulnerados.
Mientras no se tomen medidas concretas, el cupo seguirá siendo letra muerta. Y el Estado, en lugar de ser garante de derechos, continuará siendo cómplice de su violación.
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