El fiscal Guillermo Marijuan avanza sobre el ministro de Salud tras una denuncia de Carrió por maniobras ilegales para intervenir el Consejo Directivo del hospital. El trasfondo revela una estrategia de disciplinamiento y ajuste feroz contra el personal sanitario.
Mientras médicos y trabajadores del Hospital Garrahan resisten un recorte brutal disfrazado de reestructuración, el ministro Mario Lugones es imputado por intentar desarticular el órgano que autorizó un bono salarial. Acusaciones cruzadas, cinismo político y una pulseada feroz en el hospital pediátrico más emblemático del país.
El ajuste no pide permiso, arrasa. Esta vez, el epicentro del desguace libertario se instaló en el corazón del sistema de salud infantil: el Hospital Garrahan. Allí, mientras miles de trabajadores enfrentan condiciones salariales indignas, el ministro de Salud, Mario Lugones, decidió atacar a quienes se atrevieron a proteger mínimamente a su personal: el Consejo Directivo del hospital. El resultado de ese ataque, ahora, es una imputación formal por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
El fiscal federal Guillermo Marijuan tomó cartas en el asunto luego de una denuncia presentada por Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli. El trasfondo: Lugones habría exigido, con anuencia de sus superiores, la renuncia masiva de los miembros del Consejo Directivo en octubre de 2024. ¿El motivo? Una decisión que desentonó con el libreto del recorte oficialista: la entrega de un bono dinerario al personal, decisión legítima basada en facultades autónomas del propio Consejo, sin necesidad de pasar por la cartera ministerial.
La respuesta del ministro no fue una advertencia, ni un pedido de informes. Fue directamente una avanzada política para barrer con quienes no se alineaban a rajatabla con los mandatos del poder central. Una práctica que ya huele a método en la gestión libertaria: demonizar a los que resisten, señalar supuestas irregularidades y poner al aparato estatal a intervenir organismos que debieran operar con independencia.
Como parte de la imputación, Marijuan solicitó informes detallados al hospital, incluidos el organigrama completo y las resoluciones vinculadas al bono salarial. También pidió una radiografía institucional sobre el antes y el después de aquel octubre caliente. Todo parece indicar que la movida de Lugones no solo fue impulsiva, sino cuidadosamente orquestada para eliminar cualquier margen de autonomía en el Garrahan.
Pero este conflicto no se explica sólo en clave de internas políticas. Lo que está en juego es mucho más profundo: el intento deliberado del gobierno de Javier Milei por transformar un hospital público de referencia en una estructura dócil, subordinada y utilitaria a su lógica de ajuste. Lugones, fiel ejecutor de esa visión, intenta justificar el ataque con una narrativa grotesca: según él, los reclamos del personal buscan “financiar la militancia”. Una frase que, por su cinismo, no solo irrita; indigna.
Mientras tanto, los trabajadores del hospital —incluidos médicos, enfermeros, técnicos y administrativos— siguen cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza. Ante el anuncio unilateral del ministerio de aumentar los haberes solo a los residentes, la respuesta no se hizo esperar: “Nos quieren dividir”, denunciaron los gremios. Y no es una exageración. El incremento beneficia a menos del 10% del personal del hospital, dejando al resto al margen de cualquier mejora real.
La asamblea de trabajadores convocada para discutir medidas de fuerza es apenas una postal más de una situación crítica. Lejos de calmar los ánimos, la maniobra de Lugones y el anuncio fragmentario del aumento salarial terminaron por escalar el conflicto. “Es un retroceso. Hace poco querían ilegalizar las huelgas por decreto. Hoy están acorralados por una huelga indefinida y responden con migajas”, advirtieron desde la asamblea de residentes.
La estrategia oficial parece calcada: vaciar por dentro, confrontar por fuera. La decisión de eliminar al Consejo Directivo por haber otorgado un bono sin “pedir permiso” al ministerio revela una mentalidad autoritaria disfrazada de orden administrativo. Y la criminalización de la protesta, encarnada en las acusaciones de “militancia rentada”, busca estigmatizar a quienes aún se animan a decir “basta”.
Que esta ofensiva ocurra en el Garrahan no es casual. No se trata de cualquier hospital. El Garrahan es un símbolo, un faro de salud pública infantil y un termómetro político de enorme sensibilidad. Intervenirlo por la fuerza no es solo un acto de violencia institucional, es también un mensaje: nadie está a salvo si desafía el dogma del ajuste.
Por eso, la imputación contra Lugones no es una anécdota judicial. Es el síntoma de una enfermedad más profunda que se expande en el Estado argentino: la utilización del poder para disciplinar, para castigar, para imponer una visión mercantilista de lo público. Un Estado que ya no protege, sino que persigue.
Mientras Milei se regodea en sus giras internacionales y discursos apocalípticos, en el Garrahan los profesionales siguen haciendo malabares para atender a los pacientes con salarios de hambre. Y ahora también deben defenderse de una administración que, en vez de respaldarlos, los acusa, los divide, los reemplaza.
No hay épica en ajustar hospitales. No hay heroísmo en perseguir trabajadores. Y no hay “libertad” en un gobierno que decide qué órgano puede tomar decisiones y cuál debe ser silenciado. El caso Garrahan es apenas el inicio de un modelo que busca moldear al Estado a imagen y semejanza de una cúpula ideológica que detesta lo público, lo autónomo y lo solidario.
La imputación contra Lugones debe leerse como una advertencia. No porque implique una respuesta institucional firme —que aún está por verse— sino porque desnuda la crudeza del experimento libertario. Un experimento que, si no se enfrenta con firmeza, no dejará institución sin tocar, ni derecho sin erosionar.
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