En uno de los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires, el 88% de los hogares no accede a agua segura. Un informe denuncia la paralización de obras y la indiferencia estatal ante una emergencia sanitaria invisibilizada.
(Por Sofía Arregui) Mientras el presidente Javier Milei promete un país «liberado de la casta», lo que efectivamente se libera es el abandono institucional en los territorios populares. En la Villa 21-24, el derecho humano al agua queda reducido a una ficción estadística: casi la totalidad de las viviendas está conectada a la red, pero la mayoría recibe agua intermitente, contaminada y peligrosa para la salud. La gestión libertaria congela las obras de saneamiento y profundiza la desigualdad con un modelo que precariza incluso lo más básico: la supervivencia.
El agua como privilegio y la pobreza como condena
A fuerza de números fríos, el Estado construye ficciones. Según los datos oficiales, el 99% de las viviendas de la Villa 21-24 cuenta con cobertura de agua corriente. Pero esa estadística, que en apariencia sugiere inclusión, esconde una verdad alarmante: solo el 12% de esos hogares accede realmente a “agua segura”, es decir, agua que se pueda consumir sin poner en riesgo la salud. El resto, el 88% restante, sobrevive con agua contaminada, conexiones precarias y presión insuficiente. En la Argentina de Javier Milei, el derecho humano al agua no está garantizado: es una estadística tramposa más, útil para discursos de marketing político pero letal en la vida cotidiana de los sectores populares.
Así lo denuncia el reciente informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Temas de la 21-24 y el Observatorio Villero de La Poderosa. El trabajo, de carácter técnico y territorial, desmantela la narrativa oficial basada en datos del INDEC que solo miden la conexión a la red pública, pero omiten los criterios de continuidad y calidad establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Desde esa perspectiva, no alcanza con estar «conectado» a un caño: el agua debe ser potable, constante y suficiente. Nada de eso ocurre hoy en el corazón de uno de los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires.
Milei y la deshidratación de las políticas públicas
Lo que el informe desnuda con crudeza es que, bajo el actual gobierno, no solo se profundiza la desigualdad estructural, sino que se institucionaliza el abandono. El freno a las obras de saneamiento y extensión de la red formal es una decisión política concreta, no una consecuencia inevitable del ajuste. Según el documento, existía un convenio firmado entre Aysa y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en 2020 que preveía ejecutar las mejoras necesarias en tres etapas, con finalización prevista para el primer semestre de 2025. Pero esa planificación fue arrasada por la motosierra presidencial.
El informe es lapidario: de las obras comprometidas, solo se ejecutó el 39% de la primera etapa. No hay integración a la red troncal ni previsión de continuidad. La desidia estatal no es un accidente, sino una política deliberada. En nombre de una supuesta “eficiencia” fiscal, el gobierno de Javier Milei decide quién accede al agua potable y quién se expone a enfermedades gastrointestinales, infecciones y riesgo sanitario permanente. En la lógica libertaria, el acceso al agua dejó de ser un derecho para transformarse en un lujo que las familias deben comprar embotellado, en un mercado donde la necesidad se vuelve mercancía.
La trampa del camión cisterna y la farsa de la emergencia perpetua
Ante la paralización de las obras, el Gobierno de la Ciudad sostiene el abastecimiento mediante camiones cisterna. Lo que debería ser una solución transitoria y de emergencia se convierte en una política institucionalizada que reproduce la precariedad. Lejos de planificar una infraestructura digna, el Estado actúa como una empresa tercerizada que lleva bidones a los barrios, como si estuviera apagando incendios con baldes en lugar de construir cañerías.
Las organizaciones denuncian que apenas el 26% de los hogares tiene una conexión formal. El resto depende de conexiones informales, clandestinas o directamente de los camiones estatales. Esta situación perpetúa la desigualdad y vuelve a las comunidades vulnerables dependientes de servicios irregulares y costosos. De hecho, el 74% de las familias debe comprar agua embotellada, no por elección sino por necesidad. Para hogares que viven por debajo de la línea de pobreza, este gasto representa una carga insoportable. ¿Hasta qué punto puede hablarse de “libertad” cuando las decisiones del gobierno fuerzan a los sectores populares a elegir entre hidratarse o alimentarse?
Una infraestructura cloacal del siglo XIX en pleno 2025
La degradación sanitaria no se limita al acceso al agua potable. El informe también revela una realidad aberrante: buena parte del barrio ni siquiera está conectada a una red cloacal formal. En su lugar, las viviendas recurren a pozos ciegos, cámaras sépticas informales y alcantarillas improvisadas por la propia comunidad. El 42% de los hogares debe arrastrar sus efluentes sanitarios en baldes. No es un guion de Dickens ni una escena del siglo XIX: es la postal de la Argentina libertaria de 2025.
El uso de baldes, señala el informe, “no permite una evacuación eficiente ni segura, favorece la acumulación de residuos cloacales, la obstrucción de las cañerías precarias existentes y la exposición directa a materia fecal”. Se trata de condiciones indignas, que violan todos los estándares de salud pública y derechos humanos. Pero para un gobierno que desprecia la noción misma de derechos sociales, esta situación no representa un problema. Al contrario: es funcional a su proyecto de disciplinamiento de los pobres.
Cuando el Estado se retira, la desigualdad avanza
Lo que ocurre en la Villa 21-24 no es un hecho aislado ni una mera consecuencia de la inercia burocrática. Es una expresión concreta del modelo de país que promueve el gobierno de Javier Milei: un Estado ausente en los territorios donde más se lo necesita y presente solo para castigar, ajustar y excluir. La “libertad” que pregona no tiene nada que ver con la ampliación de derechos, sino con la profundización de privilegios. En ese modelo, las villas quedan condenadas a la intemperie sanitaria y a la intemperie política.
La parálisis de las obras en Villa 21-24 es un espejo del desprecio estructural hacia los sectores populares. Es el resultado de un programa económico que ve en la infraestructura social un gasto y no una inversión. Es también una muestra brutal del clasismo gubernamental que convierte la exclusión en política pública, naturaliza la desigualdad como si fuera un fenómeno meteorológico y criminaliza la pobreza mientras le niega lo más básico: el acceso al agua limpia y al saneamiento.
La emergencia es política, no técnica
El informe de ACIJ, la Fundación Temas de la 21-24 y La Poderosa es mucho más que un documento técnico: es una denuncia cruda, urgente y necesaria contra un modelo de gestión que desmantela derechos y reproduce la pobreza estructural. Lo que está en juego en Villa 21-24 no es simplemente una cuestión de infraestructura, sino una elección de país: o se invierte en dignidad o se condena a millones al abandono.
Javier Milei podrá seguir recitando cifras macroeconómicas, pero mientras el 88% de las familias en Villa 21-24 no tenga agua segura, su relato de eficiencia será apenas eso: un delirio higiénico desde la comodidad del poder. La verdadera libertad se empieza a construir cuando el agua deja de ser una mercancía y vuelve a ser un derecho. Mientras tanto, en las villas, la sed también es política.
Fuente:
Deja una respuesta