Con el respaldo de la motosierra de Milei y el silencio cómplice del Poder Judicial, Patricia Bullrich consuma un escandaloso despojo: entrega departamentos ya adjudicados a familias trabajadoras a efectivos de las fuerzas federales, blindando el acto con un cerco policial y sin explicación legal.
Una trama de impunidad y cinismo. El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, se apropia de viviendas construidas bajo el programa Procrear en Avellaneda y las adjudica a personal policial. Las familias sorteadas en 2023 denuncian usurpación, violación de derechos adquiridos y abandono estatal. La escena del despojo se desarrolla en silencio, bajo un operativo militarizado y sin cobertura mediática.
El edificio está, pero la justicia no
Hay algo profundamente obsceno en ver cómo el Estado, ese que debería garantizar derechos, se convierte en un aparato despiadado de exclusión. La escena parece de una distopía: familias trabajadoras, con sus papeles en mano, sus sueños bien planchados y la esperanza en la puerta, son acorraladas por la Policía para evitar que se acerquen a lo que por derecho les pertenece. No es una metáfora. Esto ocurrió en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en junio de 2025. Y tiene responsables con nombre y apellido.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, protagonizó un acto cerrado, sin convocatoria pública, blindado con un fuerte operativo, para entregar las llaves de al menos 25 departamentos del complejo habitacional Sagol a integrantes de las Fuerzas Federales. El edificio, cabe recordarlo, fue construido bajo el plan Procrear durante la gestión de Alberto Fernández, y sus viviendas fueron sorteadas y adjudicadas en diciembre de 2023 a 160 familias. Lo que debería haber sido un proyecto habitacional para sectores medios y populares se transformó en botín político y prebenda para el aparato represivo del Estado.
De la ilusión al despojo
Daniela, trabajadora social y madre, es una de las tantas personas que resultó beneficiaria del sorteo. Desde entonces, vive pagando un alquiler que le consume más de la mitad del sueldo, con la esperanza de mudarse pronto a su departamento. La esperanza, sin embargo, se esfumó en cuestión de horas. “La verdad es que estaba muy ilusionada, y sinceramente, el gobierno de Milei me cagó por todos lados”, dice con crudeza. Y tiene razón. No se trata de una disputa política más, sino de la vulneración lisa y llana de un derecho adquirido, avalado por sorteos oficiales y documentación legal.
El accionar del gobierno no fue un error administrativo. Fue un operativo montado para apropiarse de viviendas construidas con fondos públicos y entregarlas a sectores clave para sostener su política de ajuste, represión y disciplinamiento social. Un hecho deliberado, planificado, y ejecutado con prepotencia.
Sin justicia, sin respuesta
Las familias afectadas presentaron amparos, recursos judiciales, solicitaron audiencias, acudieron a organismos nacionales, provinciales y municipales. Nadie respondió. El Poder Judicial, como en tantas otras ocasiones bajo esta administración, eligió mirar para otro lado. Ni uno de los siete amparos fue resuelto. El silencio fue total hasta que, por un pedido del Ministerio de Seguridad al Municipio de Avellaneda para cortar calles por un supuesto “acto institucional”, los adjudicatarios descubrieron la maniobra. Fue la gota que colmó el vaso.
El mismo día, un grupo de damnificados acudió al lugar con la esperanza de obtener explicaciones. Lo que encontraron fue un despliegue policial que les impidió siquiera acercarse. “Nos corrieron como si fuésemos delincuentes. Nosotros, que teníamos los papeles en regla. Nosotros, que ganamos ese sorteo”, relató Silvia, jubilada y también adjudicataria, quien hoy debe mudarse a un departamento más chico porque el alquiler ya es impagable.
El cinismo como doctrina
Bullrich justificó la medida alegando que el Procrear había sido un plan clientelar, que favorecía “a amigos de la política” y que terminó financiando viviendas que “los adjudicatarios no podían pagar”. Como si eso habilitara al Estado a apropiarse de las propiedades y entregarlas a discreción. El secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa, fue más lejos: habló de un “plan ambicioso” para resolver el problema habitacional de los agentes federales y adelantó que otras viviendas Procrear en el país correrán la misma suerte. El mensaje es claro: los derechos populares se eliminan, los beneficios a las fuerzas de seguridad se consolidan.
Lo más aberrante no es solo la entrega arbitraria de departamentos, sino la normalización de un modelo donde el gobierno premia a quienes garantizan la represión, mientras castiga con despojo a quienes creen en el acceso justo a la vivienda. La motosierra de Milei no sólo corta planes sociales, salud o educación: ahora corta directamente sueños. Y los pisa.
“Esto es un robo”
Así lo dicen, sin vueltas, los y las damnificadas. Robar no siempre es meterse en una casa ajena a escondidas. A veces, el saqueo se hace con uniforme, con vallado policial, con un canal de YouTube oficial transmitiendo en vivo, con diputados oficialistas como José Luis Espert y Gerardo Milman aplaudiendo mientras otros lloran detrás del cordón policial.
Desde la cuenta de Instagram “@sagolenlucha”, las víctimas buscan organizarse, encontrar al resto de los sorteados, y avanzar con acciones judiciales. Ya tienen pautada una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, para presentar un amparo colectivo. Pero saben que enfrentan un poder que no duda en pasarles por encima.
“Es bien milico usurparse las cosas de otros”, dijo una de ellas con bronca. Y esa frase resume el sentir general. Lo que se vive no es una política habitacional, es un atropello. Una usurpación planificada desde el Estado. Un acto más del gobierno de la crueldad, donde las víctimas no son números ni casos aislados: son trabajadores, jubiladas, madres, hijos, que vieron cómo se les escapaba de las manos la promesa de una vida mejor.
El modelo Milei en acción
Lo ocurrido en Avellaneda no es un hecho aislado, es parte del modelo que Milei y sus funcionarios vienen construyendo. La semana pasada, Luis Caputo, flamante poseedor de superpoderes gracias a la Ley Bases, terminó de desmantelar lo poco que quedaba del Procrear. Ordenó cerrar el fondo fiduciario, delegar la ejecución de los créditos en el Banco Hipotecario y devolver a la AABE las tierras destinadas a vivienda social. Es decir, clausuró cualquier posibilidad futura de que el Estado construya vivienda para quien la necesita.
En paralelo, Bullrich entrega lo construido a sus aliados dentro del aparato de seguridad. Y lo hace con un relato tan cínico como brutal: ellos merecen vivir bien porque garantizan el orden. El resto, que espere. Que alquile. Que se endeude. Que se calle.
¿Hasta cuándo?
En una Argentina atravesada por la desigualdad y la exclusión, lo ocurrido en el edificio Sagol representa mucho más que un conflicto habitacional. Es la expresión concreta de un gobierno que gobierna para pocos, con mano dura, desprecio por lo público y violencia institucional. Un gobierno que borra derechos con la misma facilidad con la que aprieta un botón en YouTube para transmitir sus tropelías en vivo.
Pero si algo dejó claro este episodio es que la gente no se resigna. Las familias sorteadas no se quedarán calladas. Están organizándose, visibilizando, luchando. Porque saben que lo que está en juego no es solo un techo: es la dignidad. Y esa, por más que la vistan de verde oliva, no se entrega tan fácil.
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