El gobierno de Javier Milei consuma un brutal vaciamiento de la política de derechos humanos: disuelve la Secretaría, desjerarquiza el Museo de la ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria, y entrega el control a funcionarios ajenos al compromiso histórico argentino con el Nunca Más.
La demolición de la política de memoria, verdad y justicia en la Argentina se ejecuta con frialdad quirúrgica desde el gobierno de Javier Milei. El pasado reciente, ese que la democracia se había comprometido a no olvidar, está siendo arrancado de cuajo mediante decretos, despidos masivos y vaciamiento institucional. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, nacida para sostener una política de Estado que hiciera justicia sobre el genocidio de la última dictadura, fue degradada a una mera subsecretaría. El Museo Sitio de Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria, dos pilares simbólicos y documentales de esa política, fueron removidos de su órbita. Y peor: pasarán a depender de un ente vacante, el CIPDH, bajo el control eventual del ministerio que dirige Federico Sturzenegger.
No se trata de un reordenamiento burocrático. Es una declaración ideológica. El Estado que garantizó la justicia contra los genocidas, que construyó consensos internacionales alrededor del Nunca Más, hoy deja de reconocer como prioridad la política de derechos humanos. Con la misma lógica con la que se destruye la educación, la ciencia o la cultura, Milei golpea directamente el corazón de la memoria.
El decreto 344 eliminó la estructura jerárquica del Museo y el ANM. El 347 estableció que ambas instituciones pasarán a estar bajo el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), un organismo cuya dirección está vacante desde hace meses. Su última titular, Fernanda Gil Lozano, fue desplazada y, según trascendidos, sería reemplazada por Ana Belén Mármora, una abogada alineada con sectores antiderechos, contraria al aborto legal y sin experiencia en la defensa de los derechos humanos ni en políticas de memoria.
Hasta que el CIPDH defina su nueva estructura, el personal del Museo y el Archivo dependerá del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, es decir, de Sturzenegger. Es decir: de quien considera a la memoria un gasto.
El vaciamiento se complementa con los despidos masivos. El Ministerio de Justicia se ufanó de haber echado a 405 trabajadores de la exSecretaría. La ATE alertó que podrían sumarse 170 desvinculaciones más. El centro cultural Haroldo Conti, epicentro de actividades artísticas con memoria, está cerrado desde enero. Las transferencias al ente que administra el predio de la ESMA están congeladas, con lo cual peligra el mantenimiento, la seguridad y la difusión del sitio.
El ataque no es aislado. Se suma a un discurso sistemático de negacionismo y relativismo histórico impulsado desde el gobierno. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, ha reivindicado en reiteradas oportunidades la «teoría de los dos demonios» y ha negado el carácter genocida del accionar de las Fuerzas Armadas. El presidente mismo ha minimizado el rol del Estado terrorista, equiparando la dictadura con una supuesta «guerra».
La reacción de los organismos de derechos humanos no se hizo esperar. Denunciarán el vaciamiento ante entidades internacionales, incluyendo a la propia UNESCO, que había reconocido al museo de la ESMA como patrimonio de la humanidad en 2023. También se esperan pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos.
El vaciamiento no es casual ni aislado. Forma parte de una estrategia que busca desarmar los consensos construidos desde 1983, que consolidaron a la Argentina como referente mundial en la lucha contra la impunidad. Es, en definitiva, un ataque a la democracia.
El vacío que deja la Secretaría no es solo institucional. Es simbólico y cultural. Representa la voluntad de borrar, de relativizar, de naturalizar el horror. Milei y su gobierno quieren hacernos creer que recordar es un lujo, que sostener la memoria es un privilegio de la «casta». Pero sin memoria no hay justicia. Y sin justicia no hay democracia.
El golpe a la memoria ya está dado. La resistencia, como en los peores tiempos, será desde abajo. En cada escuela que siga enseñando la historia reciente, en cada madre que siga marchando, en cada nieto que recupere su identidad, en cada archivo que se conserve a pesar de la indiferencia oficial. Porque la memoria no se privatiza ni se desregula: se defiende.
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