El congelamiento salarial dispuesto por Milei deja a los docentes universitarios con una pérdida del 85% del poder adquisitivo

FEDUN convoca a un paro nacional mientras denuncia que el ajuste golpea el corazón del sistema educativo argentino. La deuda no es sólo económica: es una deuda moral con quienes sostienen el conocimiento en un país donde el gobierno elige deliberadamente el desfinanciamiento y la precarización como política. El paro nacional de este viernes no es un capricho sindical, sino el grito desesperado de una comunidad académica arrasada.

Cuando un país decide relegar a sus docentes universitarios al lugar de los peores pagos de toda América Latina, no sólo está firmando su sentencia educativa, sino también su decadencia futura. Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei al poder, los salarios del sector docente universitario no han dejado de desplomarse. La cifra estremece: más del 85% de pérdida del poder adquisitivo. En términos concretos, según la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), eso equivale a seis sueldos completos que el Estado dejó de garantizar. Seis. Sueldos. Enteros.

¿Puede funcionar una universidad pública, de calidad y con vocación de servicio, cuando quienes enseñan no pueden pagar ni el alquiler? ¿Es posible que un país aspire al desarrollo científico y tecnológico si quienes investigan deben elegir entre calentar su casa o imprimir apuntes?

No se trata de un ajuste más. Se trata de una demolición sistemática y brutal del sistema universitario argentino, piedra angular de la movilidad social ascendente y del pensamiento crítico. El paro nacional convocado por FEDUN para este viernes no es más que la continuidad de una lucha que ya lleva meses y que no ha hecho más que profundizarse ante el cinismo del gobierno nacional.

Javier Milei no ha mostrado interés alguno en sostener la educación superior. Lejos de eso, ha hecho del ajuste presupuestario su cruzada ideológica. Recortes, congelamiento de paritarias, eliminación de derechos laborales como el derecho a huelga, y una narrativa pública que criminaliza a quienes se organizan para defender lo público. Una ecuación explosiva, que sólo puede llevar a un desenlace trágico para el sistema educativo.

FEDUN, con Daniel Ricci a la cabeza, ha sido una de las voces más firmes en denunciar este proceso de desfinanciamiento. No hay rodeos: las universidades argentinas están en riesgo. Las clases públicas, las movilizaciones y la denominada “Semana de Visibilización” no son meros actos simbólicos, sino respuestas concretas frente al vaciamiento. La educación no se defiende desde el escritorio, se defiende en la calle.

Y es que la situación ha llegado a un punto límite. En un país con alta inflación, sin recomposición salarial, sin garantías presupuestarias para el funcionamiento mínimo de las universidades —es decir, clases, investigación y extensión—, el silencio gubernamental es un acto de violencia institucional. Y frente a esa violencia, el paro es una respuesta legítima.

Milei, quien se presenta como el adalid de la eficiencia, ha fracasado rotundamente en garantizar las condiciones mínimas para que las universidades funcionen. Porque no hay eficiencia sin inversión. No hay calidad educativa sin salarios dignos. No hay república posible sin universidad pública.

Y mientras desde Casa Rosada se insiste en recortar, ajustar y disciplinar, la realidad golpea sin anestesia. Las universidades no pueden pagar servicios básicos. Los estudiantes pierden clases. Los docentes abandonan la actividad por imposibilidad de sostenerla. La ciencia argentina, alguna vez ejemplo continental, languidece en laboratorios vacíos.

La comparación internacional ya no deja margen para el orgullo: los docentes universitarios argentinos son los peor pagos de América Latina. La frase debería hacer arder los oídos de cualquier funcionario público con mínima noción de soberanía. Pero lejos de arder, los oídos de la administración Milei parecen sordos, blindados por la ideología de mercado que desprecia lo público y glorifica el negocio.

Esta lucha, sin embargo, no es sólo sectorial. Es una lucha por el alma de un país. Porque cuando se erosiona la universidad pública, se erosiona también la posibilidad de pensar un país más justo, más inclusivo, más desarrollado. Es ahí donde el ajuste se vuelve ideológico: se recorta no sólo el presupuesto, sino también la esperanza.

El gobierno insiste en que “no hay plata”, mientras transfiere millones a las fuerzas de seguridad, garantiza aumentos a las Fuerzas Armadas y negocia con los fondos buitre. No es un problema de recursos. Es una decisión política.

En este contexto, la medida de fuerza impulsada por FEDUN no sólo debe entenderse como un paro más. Es un grito. Una advertencia. Una bandera que se clava en el corazón del país para recordarnos que la universidad pública no se rinde tan fácilmente. Que quienes enseñan, investigan y forman generaciones enteras, no están dispuestos a ser cómplices del derrumbe.

La pregunta es: ¿cuánto más soportará el sistema sin romperse definitivamente? ¿Qué pasará cuando las universidades cierren sus puertas por imposibilidad de operar? ¿Qué modelo de país se está gestando bajo el signo del desfinanciamiento?

Quienes hoy gobiernan, si tuvieran un mínimo de conciencia histórica, entenderían que el ajuste educativo no es neutro. Tiene consecuencias. Deja heridas profundas. Y muchas veces, irreparables.

Pero también hay certezas: la lucha continuará. Porque la universidad pública no es un privilegio, es un derecho. Porque los docentes universitarios no son enemigos del Estado, sino su columna vertebral intelectual. Porque rendirse ante el ajuste es aceptar la ignorancia como destino.

Y porque en las aulas de las universidades públicas argentinas se sigue pariendo futuro, aún en la precariedad más absoluta. Ese futuro, que hoy se resiste al olvido, exige ser defendido con toda la fuerza que un pueblo educado puede desplegar.

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