El Gobierno de Javier Milei enfrenta un lunes definitorio ante la inminente huelga de la Unión Tranviarios Automotor. Las ofertas salariales a la baja, la licuación del poder adquisitivo y la ausencia del Estado como mediador eficaz agudizan el malestar social en una Argentina al borde del colapso del transporte público.
La Argentina entra en una nueva semana atravesada por la incertidumbre, y el Gobierno de Javier Milei vuelve a exhibir su nula capacidad para resolver conflictos sociales de base. Esta vez, el foco está puesto en el inminente paro de colectivos que amenaza con dejar a pie a millones de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas aledañas. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros, exige una recomposición salarial que eleve el básico a $1.700.000, mientras que las cámaras empresarias —alineadas al discurso de «austeridad» del oficialismo— ofrecen cifras insultantes: tres pagos no remunerativos de $40.000, $50.000 y $70.000, escalonados hasta julio.
La respuesta del sindicato no se hizo esperar. Delegados de las seccionales del norte, sur, oeste y la Ciudad de Buenos Aires exigieron un paro por tiempo indeterminado y denunciaron una “crisis alarmante por la pérdida del poder adquisitivo”. A través de un comunicado contundente, afirmaron: “Nuestros compañeros no pueden seguir esperando respuestas tibias que solo conducen a acuerdos salariales a la baja”. La frase condensa no solo la indignación gremial, sino también el creciente hartazgo de una clase trabajadora cada vez más empobrecida y golpeada por la motosierra del ajuste libertario.
Mientras el Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo intentan a último momento frenar la medida de fuerza, el trasfondo del conflicto es político y estructural. En su cruzada contra lo que denomina “el gasto público”, el Gobierno ha desfinanciado subsidios al transporte, trasladando los costos a los usuarios y precarizando a los trabajadores. Este modelo, lejos de “ordenar las cuentas”, destruye el tejido social y convierte cada conflicto sectorial en una bomba de tiempo.
La licuación de los salarios no es una “externalidad inevitable”, como intentan vender desde la usina oficialista. Es una decisión política. Y la oferta patronal, que no llega ni al 10% del básico solicitado, confirma que el objetivo es disciplinar a los trabajadores mediante el hambre. Según datos del INDEC, el costo de vida en el AMBA para una familia tipo ya supera los $900.000, sin contar alquiler ni transporte. Pretender que un chofer, que trabaja jornadas de más de 10 horas diarias, sobreviva con sumas no remunerativas en cuotas, es un acto de sadismo económico.
El paro, que podría extenderse a los servicios de media distancia, no solo impacta en el bolsillo del ciudadano común, sino que revela el desprecio del oficialismo por el trabajo formal. En lugar de avanzar hacia un país con salarios dignos, se sostiene una estructura de precarización feroz, avalada por el negacionismo económico de un gabinete más preocupado por la cotización del dólar cripto que por la vida real de millones de argentinos.
Resulta también elocuente el contraste con otros acuerdos salariales. El gremio de Comercio, por ejemplo, cerró una paritaria que llevó el básico a $1.123.000, aún por debajo de lo necesario para no caer en la pobreza. ¿Qué tipo de negociación pretende entonces el gobierno con los choferes, cuya responsabilidad y exposición diaria es mucho mayor? Lo que está en juego no es solo un salario, sino el derecho elemental a vivir con dignidad en un país donde el ajuste es para los de abajo y la fiesta sigue para los grandes grupos concentrados.
La inminente huelga de la UTA pone en evidencia, una vez más, que el modelo de Milei no cierra sin represión, ni tampoco sin la destrucción del entramado social construido con años de lucha sindical. El transporte público no puede sostenerse con discursos libertarios vacíos, sino con inversión, planificación y justicia distributiva. Pero para un gobierno que desprecia al Estado y se jacta de gobernar con Excel, las urgencias del pueblo parecen una molestia.
Si no hay acuerdo en las próximas horas, el martes comenzará con las calles vacías de colectivos y llenas de bronca. Y no será responsabilidad de los trabajadores, sino de un gobierno que decidió gobernar de espaldas a la sociedad.
Fuentes:
Noticias Argentinas: https://noticiasargentinas.com/
INDEC: https://www.indec.gob.ar/
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