Bibliotecas en peligro: El decreto 345/2025 de Milei y el intento de desguace de la Conabip

Una amenaza silenciosa pero profunda se cierne sobre el entramado cultural más federal y democrático del país. El decreto 345/2025 del presidente Javier Milei propone desmantelar la histórica Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), una institución que ha sido pilar del acceso a la cultura desde su creación en 1870 por Domingo Faustino Sarmiento.

La norma elimina su autonomía y la subordina a la Secretaría de Cultura, en lo que se percibe como un nuevo capítulo del plan sistemático de desguace del Estado y de los organismos que promueven la equidad territorial y el derecho al conocimiento.

Lejos de ser una medida técnica o administrativa, el decreto fue recibido como una embestida directa contra un símbolo de la cultura popular. La respuesta no se hizo esperar: ex ministros y secretarios de Cultura de gobiernos tan diversos como los de Menem, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner, Macri y Alberto Fernández firmaron una carta conjunta dirigida a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Oscar Zago, en la que exigen el rechazo inmediato de la norma. En un país atravesado por grietas políticas profundas, el consenso transversal es una señal de alerta mayor.

> “Sarmiento las creó, Escandar las cerró”, sintetiza el hashtag que circula con creciente viralidad en redes sociales. La ironía apunta directamente al actual titular de la Conabip, Raúl Escandar, a quien se le atribuye un rol pasivo —o cómplice— en el vaciamiento institucional.

Un daño cultural irreparable

La Conabip ha sido durante más de un siglo y medio un bastión de las bibliotecas populares, promoviendo su creación, modernización y fortalecimiento en cientos de pueblos y ciudades del país. Se trata de espacios gestionados por la comunidad, sostenidos muchas veces a pulmón, que ofrecen acceso gratuito a libros, conectividad, actividades educativas, talleres y servicios sociales, especialmente en zonas donde el Estado nacional tiene escasa presencia física. Su autonomía administrativa le ha permitido gestionar fondos y políticas públicas sin depender directamente del vaivén político del momento.

El decreto de Milei rompe con ese principio. Al eliminar su estatus de organismo descentralizado y convertirla en una repartición subordinada, se allana el camino para el recorte presupuestario, el vaciamiento funcional y, eventualmente, la desaparición de su capacidad operativa. Un modelo que ya se ha visto repetido en otras áreas del Estado, como el INCAA, el INTI, el CONICET y hasta en universidades públicas.

Una cultura para pocos

La ofensiva contra la Conabip no puede leerse de manera aislada. Forma parte de una avanzada ideológica que busca redefinir el rol del Estado como garante de derechos culturales, educativos y científicos, reemplazándolo por una lógica de mercado donde lo que no se autofinancia, muere. La bibliodiversidad, el acceso gratuito a la lectura, el fomento de editoriales independientes y la soberanía cultural quedan así librados a la filantropía o al consumo de quienes puedan pagarlo.

Resulta paradójico —o tal vez previsible— que la medida se imponga al mismo tiempo que el gobierno impulsa una “Ley de Inocencia Fiscal” que habilita el blanqueo encubierto de capitales, y que el presidente se encuentra de gira por Europa mientras se profundiza la crisis social y económica. El contraste es brutal: se recortan fondos a las bibliotecas populares mientras se liberan recursos para evasores y especuladores.

Un reclamo transversal

El pronunciamiento de exfuncionarios de distinto signo político revela que la preocupación por el destino de la Conabip no es propiedad de un solo sector. Existen líneas rojas que no deberían cruzarse, incluso en contextos de disputa partidaria. La defensa de las bibliotecas populares es una de ellas. La cultura no es un lujo ni un gasto: es un derecho, y es también una herramienta de cohesión, identidad y desarrollo.

Organizaciones culturales, colectivos de bibliotecarios, escritores y editores independientes han comenzado a organizar acciones para visibilizar el impacto del decreto. En las próximas semanas se esperan movilizaciones, campañas de firmas y presentaciones judiciales. La lucha por la Conabip será también una prueba para el Congreso: ¿podrán los legisladores resistir la presión del Ejecutivo y defender un patrimonio colectivo?

¿Qué está en juego?

La decisión sobre el futuro de la Conabip trasciende a una institución. Marca el rumbo de un proyecto de país. ¿Una Argentina con cultura para todes, o solo para quienes puedan pagarla? ¿Un Estado que acompaña y distribuye, o uno que se repliega y abandona?

Quienes firmaron la carta a la Comisión Bicameral entienden que se está ante un punto de inflexión. Rechazar el decreto 345/2025 no es sólo preservar una comisión: es resistir la desintegración de una red que sostiene la vida comunitaria de cientos de localidades. Es defender el derecho a la palabra, a la lectura, al encuentro.

Y es, en última instancia, defender la democracia.