Ajuste Libertario: Más de 500 niños quedan sin atención médica por el cierre del hospital CONIN

El ultramacrista Abel Albino clama por ayuda mientras su hospital para niños desnutridos permanece cerrado, los trabajadores no cobran desde febrero y el gobierno de Milei no ofrece respuestas claras.

El hospital central de la Fundación CONIN, en Mendoza, que otrora fue presentado como modelo de lucha contra la desnutrición infantil, hoy es un espacio fantasma. Cerrado, sin pacientes, sin sueldos y con servicios clave clausurados, refleja las consecuencias brutales del ajuste libertario. Mientras tanto, el Estado nacional y el provincial juegan al silencio y a la omisión.

Era febrero cuando los primeros indicios de colapso comenzaron a manifestarse en el corazón de CONIN, la fundación que durante más de tres décadas encabezó la cruzada contra la desnutrición infantil en Argentina. Aquel hospital en Las Heras, Mendoza, símbolo de atención interdisciplinaria y redención social, empezó a apagarse lentamente: primero fue el atraso en los sueldos, luego el silencio administrativo, más tarde la renuncia de profesionales y, finalmente, el cierre. Lo que hoy queda es una postal desoladora, un hospital sin pacientes, sin servicios, y lo más doloroso, sin futuro.

Mientras el Gobierno nacional, en la voz de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, exaltaba hace apenas un año a CONIN como institución ejemplar, los hechos actuales demuestran una verdad incómoda: esa “ejemplaridad” no alcanzó para garantizar lo básico, el salario de quienes día a día contenían a los niños más vulnerables del país. Desde febrero, alrededor de 70 trabajadores —enfermeros, médicas, odontólogas, cocineras, psicopedagogas— no cobran un peso. Catorce de ellos ya renunciaron. Otros, como Lorena, siguen yendo “por las dudas”, aferrados a una dignidad que el Estado ha decidido ignorar.

Lo que en su momento fue un modelo de asistencia integral hoy sobrevive en estado vegetativo. El hospital central cerró sus puertas, los consultorios especializados dejaron de funcionar, y las áreas de fonoaudiología, psicopedagogía y odontología se apagaron por completo. El “ajuste” —ese eufemismo cruel con el que el gobierno de Javier Milei justifica su demolición sistemática del Estado— ha hecho estragos en una institución que, con todos sus matices, venía cumpliendo una función crítica en la prevención y el tratamiento de la desnutrición infantil.

CONIN no sólo era atención médica. Era también refugio, contención, acompañamiento. Madres con hijos gravemente desnutridos podían permanecer en el hospital durante los tratamientos, muchas veces con más de un niño a cargo. Hoy, esas madres están desamparadas. Los niños, en situación de riesgo. Y el Estado, ausente.

La respuesta del Gobierno ha sido, como de costumbre, la nada. CONIN acudió a la cartera de Pettovello en busca de ayuda. La respuesta fue “sí”, pero sin precisiones. Ni cómo, ni cuándo. Ni siquiera cuánto. Una asistencia fantasmal, como la gestión misma de este ministerio que se jacta de “recortar privilegios”, mientras condena a la indigencia a quienes ya vivían al borde del abismo.

Lo más irónico del caso es que el mismo Estado que ahora deja a su suerte a CONIN le había delegado recientemente el reparto de alimentos a través de 69.000 kilos de leche en polvo. Un gesto puramente propagandístico, que se estrelló de frente con una realidad mucho más cruda: ni logística ni alimentos alcanzan si no hay médicos, cocineras ni personal que mantenga viva la estructura. La leche, por cierto, estaba a punto de vencerse. Una postal perfecta de la improvisación criminal del gobierno libertario.

Abel Albino, su fundador, ha salido a pedir ayuda pública. En videos, ruega donaciones mensuales que “valgan medio tanque de nafta” o “una caja de leche de un kilo”. La cifra promedio de un sueldo en CONIN ronda los 800.000 pesos. La deuda acumulada, considerando los meses impagos, es millonaria. Y lo que se pide, desde lo emocional, es apenas un parche. Porque sin políticas públicas, sin un marco de contención estatal, ninguna donación puede garantizar la continuidad de semejante proyecto.

La situación alcanza ribetes dramáticos. Hay trabajadoras que dejaron sus tratamientos médicos por no poder comprar medicación. Hay embarazadas sin ingresos ni obra social. Hay profesionales con 16 años de antigüedad que no saben si podrán pagar el alquiler el mes próximo. Mientras tanto, desde la Secretaría de la fundación se les pide que “no renuncien”, pero no se les ofrece una salida real. La sospecha —lógica— de que se trata de una estrategia para empujarlos a abandonar sin indemnización, sobrevuela como una nube tóxica.

La explicación que dan desde CONIN apunta también al Gobierno de Mendoza, que no habría cumplido con los pagos acordados por un convenio de derivación de pacientes. Es decir, ni Nación ni Provincia se hacen cargo. Se reparten culpas mientras las criaturas más vulnerables del país siguen sin asistencia. Y mientras eso ocurre, Pettovello continúa blindada por un discurso de eficiencia que se desploma con cada nueva causa judicial o cada nuevo escándalo administrativo.

Porque hay algo que es necesario remarcar: CONIN, con todos sus claroscuros, no está sola en esta agonía. Es un caso emblemático, pero no aislado. Lo que ocurre allí es la manifestación más brutal del ajuste que el gobierno libertario aplica con frialdad quirúrgica. No es casual. Es planificado. Es un modelo que desprecia lo público, que terceriza la asistencia y que, cuando la tercerización fracasa, deja morir los proyectos como si fueran descartables.

Mientras tanto, los números son inapelables. Más de 500 niños mendocinos han quedado sin acceso a servicios de atención especializada. Las renuncias de profesionales se multiplican. Las donaciones no alcanzan. Y la ministra responsable de la política social más grande del país sigue en funciones, apelando fallos judiciales para no repartir alimentos almacenados en galpones del Estado.

En el fondo, esta historia es mucho más que una crisis en una ONG. Es el reflejo de un país gobernado por la crueldad planificada. Un país donde la salud infantil puede suspenderse por falta de fondos. Donde se naturaliza que las enfermeras trabajen sin cobrar. Donde los hospitales cierran y nadie da explicaciones. Y donde la única política pública parece ser dejar que todo estalle… salvo los negocios de unos pocos.

Fuentes: