En clave electoral, el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza anuncia una reforma migratoria regresiva: deportaciones exprés, restricciones a la ciudadanía, cobros en salud y educación, y una retórica de odio que emula a la ultraderecha global.
El gobierno de Javier Milei está dispuesto a prender fuego todos los puentes posibles con tal de sumar un voto más en las elecciones legislativas del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires. A solo cuatro días de los comicios, Manuel Adorni, vocero presidencial devenido en candidato, anunció una batería de reformas al régimen migratorio argentino que no solo contradicen la Constitución Nacional y la ley vigente, sino que además se inscriben en la tradición más rancia y peligrosa del nacionalismo excluyente.
El mensaje fue claro y brutal: «El que miente será expulsado. El condenado será deportado. Y si no sos residente, tendrás que pagar por la salud y la educación». Así, sin matices ni precisiones legales, el portavoz del libertarismo en el poder se paró frente a los micrófonos para instalar una bomba de humo trumpista: demonizar a los migrantes para redirigir el enojo social que provocan el ajuste, la licuación de salarios y jubilaciones, y el vaciamiento del Estado.
Adorni lo hizo, como siempre, con una performance sobreactuada y un manejo de datos más que dudoso. Habló de «1.700.000 inmigrantes irregulares» en los últimos 20 años —una cifra imposible de verificar— y sostuvo que «muchos de ellos no vienen a trabajar, sino a delinquir». La apelación al imaginario del “extranjero peligroso” no es nueva, pero ahora llega desde el propio corazón del Ejecutivo. La construcción del enemigo interno toma forma, y no es casual: Milei necesita dividir, distraer y disciplinar.
Una reforma hecha a medida del odio
La iniciativa, según detalló Adorni, se implementará por decreto, sin pasar por el Congreso. La lista de cambios que anunció —que ya genera alarma en organismos de derechos humanos— incluye:
Deportación automática de toda persona condenada, sin importar la gravedad del delito.
Rechazo en frontera de personas con antecedentes penales.
Expulsión por falsedad en la documentación migratoria.
Reducción de plazos de apelación para evitar que «se queden años haciendo chicanas judiciales».
Cobro obligatorio de servicios de salud a residentes transitorios o temporales.
Habilitación a universidades para cobrar aranceles a estudiantes no residentes.
Endurecimiento de requisitos para obtener residencia permanente y ciudadanía.
Es un combo de exclusión que busca institucionalizar la xenofobia como política de Estado. Como si se tratara de un recorte del manual de Steve Bannon o un calco de los discursos de Donald Trump, la Argentina que enarboló durante décadas una política migratoria abierta, ahora da un giro represivo y discriminador.
¿Cuál es el verdadero impacto? Mínimo, pero ruidoso
Los argumentos del gobierno se desmoronan frente a los datos oficiales. Según el propio Ministerio de Salud de la Nación, el gasto en atención médica a extranjeros no residentes representa entre el 0,2% y el 1,2% del total, dependiendo la provincia. En Buenos Aires, por ejemplo, apenas llega al 0,8% de las internaciones.
En el ámbito educativo, el impacto también es marginal: de los más de 2.7 millones de estudiantes universitarios, apenas un 4,5% son extranjeros, y la mayoría reside legalmente. Además, muchas universidades públicas ya cobran matrículas diferenciadas a quienes no tienen residencia permanente, en el marco de su autonomía. El anuncio de Adorni, entonces, no modifica sustancialmente nada, pero alimenta el relato del «extranjero que se lleva todo sin aportar nada», una mentira peligrosa.
Contra la ley, la historia y la Constitución
La Ley 25.871, sancionada en 2003, establece con claridad que “el derecho a migrar es esencial e inalienable”. La norma fue elogiada por organismos internacionales y convirtió a la Argentina en modelo de inclusión en la región. Pero todo eso ahora se pone en jaque.
El preámbulo de la Constitución Nacional es inequívoco: «Todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino». Javier Milei, que se dice liberal, parece no haberlo leído. O peor: lo leyó y quiere reescribirlo bajo el puño de hierro del darwinismo social.
Los expertos en derecho constitucional ya advierten que estas medidas podrían ser declaradas inconstitucionales. Ni siquiera el Decreto 70/2017 de Mauricio Macri, que también buscó endurecer la política migratoria, logró sortear los fallos judiciales que lo frenaron por violar el debido proceso y los tratados internacionales.
Milei: entre el cinismo, la crueldad y la campaña
Esta nueva avanzada antimigrante llega en medio de una crisis política y económica feroz. La inflación no cede, el poder adquisitivo se pulveriza, las universidades están al borde del colapso, y la conflictividad social crece. En ese contexto, el gobierno elige alimentar la confrontación con el eslabón más débil: el extranjero pobre.
Como en toda cruzada reaccionaria, la búsqueda no es resolver un problema real, sino crear uno simbólico para cohesionar a una base electoral desencantada. El miedo, el odio y el prejuicio son herramientas de campaña. La Argentina de Milei construye un enemigo por día: ayer fueron los docentes, antes de ayer los científicos, hoy son los migrantes. Mañana, quién sabe.
Fuente:
- https://www.pagina12.com.ar/825581-adorni-suma-a-su-campana-el-odio-antimigrante
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